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“Acá hay gente que enterró fierros en la tierra, no es la timba financiera que le gusta a Luis Caputo." Federico Martelli no da vueltas para opinar sobre el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente, Javier Milei, que, a su juicio y tal como lo dijo el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, obligará a “cerrar” las pequeñas y medianas empresas de biocombustible de la provincia de Buenos Aires.
El titular de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) comparte la visión de Rodríguez sobre el futuro de las 11 plantas que están ubicadas en la provincia de Buenos Aires y que dan trabajo a más de 700 personas de manera directa y más de 3 mil de forma indirecta. “Los empresarios están convencidos de que no se puede dar el brazo a torcer porque creyeron en el país”, advierte Martelli de cara a la “batalla” que se viene.
En diálogo con Buenos Aires/12, el dirigente explica que si se aprueba tanto la quita como la modificación de varios artículos de la Ley de Biocombustibles N° 27.640 se va a alterar el marco jurídico que dio pie a las inversiones en el sector lo que motorizará acciones legales de parte de los dueños de las plantas elaboradoras de biodiesel.
“Escuché chicanear al Presidente diciendo que pondría un 'impuesto Kicillof' por el tema del juicio a YPF, pero entonces el próximo gobierno tendrá que poner el 'impuesto Milei' para pagar todos los juicios que harán las PyMEs porque les cambian las reglas de juego de un día para el otro y son juicios que van a ganar”, plantea Martelli.
Con la preocupación del sector al hombro, Cepreb mantuvo un encuentro con el gobernador. “Fue una reunión muy buena, donde Axel Kicillof le dedicó más de una hora al tema para entenderlo en profundidad, ver cómo funciona en la provincia, y comprender su importancia”, asegura Martelli.
El ministro Rodríguez, partícipe en la mesa de diálogo con el sector, aseguró que "este proyecto del Gobierno nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.
Lo que pretende Milei
La Ley N° 27.640 de promoción a la industria de biocombustibles fue sancionada en 2021, y refuerza la norma original, la N° 26.093, que data de 2006. Ambos textos establecen un marco regulatorio que tiene vigencia hasta 2030 con el objetivo de preservar una serie de incentivos para la producción de combustibles a base de materia orgánica, como el biodiesel y el bioetanol, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En la provincia de Buenos Aires solo se fabrica biodiesel, y se produce únicamente a base de aceite de soja, un insumo cuya elaboración está en manos de las grandes multinacionales agrícolas como Cargill o Dreyfus, afincadas en Santa Fe. A su vez, estos actores gigantes del rubro son conocidos como “empresas integradas”: fabrican aceite de soja y, al mismo tiempo, producen biodiesel. Son grandes exportadoras de combustible orgánico y tienen un promedio de producción anual que alcanza los cientos de miles de toneladas.
Con el objetivo de fomentar el crecimiento de las PyMEs de biodiesel, la ley determina que estas multinacionales no pueden competir en el mercado interno y que sólo pueden hacerlo aquellas plantas que produzcan por debajo de 50 mil toneladas anuales de biodiesel. El mercado interno al que se refiere es al de los cupos de biodiesel necesario para el corte del combustible tradicional. Al día de hoy, la ley establece que las refinerías deben incorporar un 7,5 por ciento de biodiesel por cada litro de gasoil.
En el proyecto enviado por la administración libertaria se modifica, entre otras cosas, el primer artículo de la Ley 27.640 y se elimina el plazo vigente del actual marco regulatorio que es hasta 2030, alterando la ecuación que motivó inversiones durante los últimos 15 años. Además, a partir de la derogación del artículo 11, abre el juego a que las multinacionales compitan en el abastecimiento del mercado interno, dejando a las PyMEs en una clara desventaja.
Una ley hecha para los “monstruos”
A lo largo de la conversación Martelli no deja de manifestar su asombro por la decisión del Gobierno nacional de impulsar una norma que atenta contra esta pequeña y mediana industria bonaerense y busca beneficiar “a siete multinacionales monstruosas que exportan biodiesel en cientos de miles de toneladas anuales”. “Acabar con estas PyMEs no significa nada dentro del balance de Cargill o Vicentín”, resalta el titular de Cepreb.
La avanzada de las multinacionales, asegura Martelli, no sólo vendrá de la mano de tener mejores condiciones para producir combustible orgánico. “Un 85 por ciento del biodiesel es aceite de soja, que es el principal insumo, por lo que si los exportadores deciden no vendértelo o llevarlo a un precio artificialmente inflado, no podés producir”, indica.
Así las cosas, el dirigente platense señala que la libertad dentro del mercado no es real y por eso cobra valor la regulación y la presencia del Estado. “Para los que hablan de que no somos competitivos porque somos PyMEs, que entiendan que la ley te obligaba a ser PyME, que además estuvieras ubicado en el interior, porque era una ley de promoción”, detalla.
Tomando como antecedente las declaraciones de Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, quien afirmó que entre las principales prepagas acordaron un aumento del 40 por ciento, Martelli considera que ese accionar podría repetirse entre las cerealeras que manejan la producción de aceite de soja. De esta manera, podrían acordar un valor que deja fuera de competencia a los pequeños productores que, en la provincia de Buenos Aires, están ubicados en Pilar, Ramallo, Saladillo, Junín, Malvinas Argentinas, Daireaux y Bahía Blanca.
“¿Sabés lo que significa para un municipio como Daireaux que cierre una planta como éstas que dan trabajo al pueblo y tienen salarios que son 3,5 veces un salario mínimo?”, se pregunta Martelli.
Como eje que también debe ser tenido en cuenta según su mirada es que la Argentina es un país importador de combustibles, lo que acrecienta el valor de una producción nacional que suplante o complemente a los combustibles tradicionales.
El pedido de Cepreb
“Desde la Cámara pedimos que se retire la Sección IV del Capitulo IX del proyecto y que no se discuta el tema de biocombustibles a las apuradas”, solicita Martelli. Además, lamenta que al momento y tras varios pedidos no lograron concretar una reunión con la Secretaría de Energía de la Nación y tampoco fueron convocados a conversar sobre el proyecto previo a su redacción.
A su vez, aclara en que esta discusión no se trata de “biocombustibles o petróleo, porque se es con biocombustibles y petróleo”. El dirigente remarca la importancia de la industria hidrocarburífera, el potencial que existe a nivel nacional a partir de los yacimientos de Vaca Muerta y, particularmente en la provincia, con la exploración off shore en Mar del Plata.
Martelli tampoco quiere pasar por el alto el valor de la cuestión ambiental y sostiene que parte de estas iniciativas no lo asombran porque el Gobierno Nacional niega los efectos del cambio climático. “Algo que igual resulta contradictorio, como muchas otras cosas en el gobierno de Milei, porque tienen como secretario de Agricultura a Fernando Vilella quien es un férreo defensor de los biocombustibles y tiene varios papers redactados al respecto”, señala.
Según un estudio de la propia Cepreb, si en Argentina el corte de biodiesel en el gasoil fuera del 50 por ciento y del bioetanol en la nafta fuera de un 60 por ciento, hacia 2030 se lograría reducir un 31 por ciento la emisión de dióxido de carbono que actualmente produce el sector.
