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El Congreso de la Nación vivió otro día de super acción y de agendas divididas: mientras los diputados de los bloques de Unión por la Patria y la Izquierda, entre otros, escuchaban en el anexo a los cerca de 70 expositores que fueron a explicar por qué perjudicaría la ley ómnibus a los sectores que representan, en el palacio la UCR, el bloque Hacemos Coalición Federal y el Pro coparon la oficina del presidente de la Cámara Baja Martín Menem y junto con funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron con el trabajo que habían comenzado el día anterior: repasar artículo por artículo del proyecto para incorporar modificaciones. El objetivo de los libertarios es conseguir un dictamen favorable lo más rápido posible y hasta dejaron trascender que la intención era sesionar el sábado. Sin embargo, las negociaciones no son tan sencillas. Están trabadas y podrían llevar más tiempo. El miércoles seguirán las exposiciones de la sociedad civil y también la rosca entre los bloques amigables y el gobierno. Los funcionarios del PEN se llevaron anotaciones y harán una devolución a los bloques amigables entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana.
Los mayores puntos de conflicto giran en torno a lo fiscal. No se ponen de acuerdo con la suspensión de la fórmula previsional, tampoco con el capítulo de las retenciones y tampoco quieren que el gobierno no tenga que pasar por el Congreso para tomar deuda externa. El día anterior también pidieron modificaciones con respecto a la privatización de empresas y por ahora tampoco tienen respuesta. Además, algunas voces de la UCR, por ejemplo, no quieren que haya dictamen o que el proyecto se trate en el recinto antes del 24 de enero, que será el paro de la CGT. La central obrera está evaluando adelantar el paro si la sesión se precipita.
Lo que negocia el radicalismo y HCF es firmar un dictamen propio si no llegan a los acuerdos necesarios. El problema de eso que enfrentaría el gobierno es que el de mayoría podría llegar a ser uno negativo que firme la oposición no dialoguista conformada por Unión por la Patria y la Izquierda. En ese caso, el dictamen de LLA podría quedar tercero.
"Sí se llevaron puntos en lo del blanqueo. Nos aceptaron una propuesta de que vaya para los funcionarios hasta 5 años para atrás. Eso lo tomarían. En moratoria y blanqueo se avanzó. Lo más duro es lo de jubilaciones y retenciones", explicó un miembro de la reunión.
Las exposiciones en el anexo de la Cámara de Diputados arrancaron por la mañana. En paralelo también continuaron las reuniones en el palacio entre LLA, la UCR, el PRO y la UCR. En la reunión del gobierno con los bloques amigables comenzaron debatiendo los temas de energía, educación y cultura y después de las 17 tocó el turno de los temas económicos y fiscales que se extendió hasta las 21.
En representación del PEN estuvieron sentados el vicejefe de gabinete, José Rolandi, también Martín Fariña, del equipo de Federico Sturzenegger y Mariano Palacios, asesor del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. También el secretario de finanzas Pablo Kirno, enviados de Economía como Martín Vauthier y representantes de AFIP.
Los diputados de los distintos bloques fueron rotando a lo largo del día a medida que iban cambiando de temas, pero estuvieron, entre otros, José Luis Espert (Avanza Libertad); Luciano Laspina (PRO); Nicolás Massot (HCF); Diego Santilli (PRO), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (LLA); Emilio Monzó (HCF); Karina Banfi (UCR); Ana Clara Romero (PRO) ; Roxana Reyes (UCR); Hernán Lombardi (PRO); Silvana Giudici (PRO) y Maximiliano Ferraro (UCR). Las negociaciones continuarán el miércoles y la agenda tentativa incorpora los temas de seguridad y justicia, infraestructura, turismo y ambiente.
En cuanto a la metodología de trabajo lo que hacían los funcionarios del poder ejecutivo es anotar todas las modificaciones que les iban pidiendo y, por más que estaban en comunicación con el presidente y su comitiva en Davos, todavía falta que den una respuesta. "La idea es tratar de llevarse todas las anotaciones. Todos los que vienen anotan todo lo que se acuerda y los comentarios y después tendrán que hacer una respuesta formal", explicó alguien que formó parte del encuentro.
Algunos participantes de los bloques sintieron que desde el gobierno se mostraron inflexibles en los temas fiscales, también con la posibilidad de tomar deuda sin pasar por el Congreso y con las jubilaciones "más bien desacreditaban las opciones que dábamos", dijeron. Otros fueron más positivos: "el secretario de finanzas va a hacer números. Va a llegar a su oficina, va a medir lo que pedimos y ver cuánto se distancia de lo que ellos tenían. De eso va a depender la respuesta", agregaban. Los más molestos decían: "No podemos darle discrecionalidad en el tema jubilaciones. Ellos volvieron a insistir en darle prioridad a los de bajos ingresos, pero no pueden achatar la pirámide. Nosotros proponemos que se ajuste de acuerdo a la inflación mes a mes".
En el anexo, mientras las reuniones seguían en el palacio, cerca de las siete de la tarde terminaron las exposiciones. "¿Para qué citamos a todos estos actores de la sociedad civil si no los escuchan porque están en reuniones paralelas? los invitamos para tomar en cuenta los planteos que están haciendo", se quejó el diputado del FIT, Nicolás del Caño. Germán Martínez, presidente del bloque de UxP, hizo lo propio: "Se forman extrañas mesas para debatir lo que debería estar debatiendo este plenario de comisiones. Pero esas mesas tienen dificultades para llegar a conclusiones y eso requiere tiempo", dijo y remarcó que esta jornada de 75 expositores 57 estuvieron en contra. "Sigue siendo ampliamente mayoritario el rechazo".
Las exposiciones
Federaciones de productores de distintas áreas, representantes del sector de la cultura, de género y de los niños, de asociaciones protectoras del medioambiente, de inquilinos, del sector de la salud, de jubilados, entre otros, se hicieron presentes este martes para criticar distintos puntos del proyecto. Claudia Ferrero, de Apel, por ejemplo, dijo que con el proyecto "están sentando las bases legales para persecución política", y que el gobierno "quiere una democracia de infantería". Julián Moreno, de Apyme dijo que no ven en el proyecto "ni una línea dedicada a mejorar la economía de las pymes".
Gervasio Muñoz, de la federación de inquilinos, remarcó que "no existe país en el mundo donde no haya regulación para el alquiler de la vivienda". Juan Makeira, de una agrupación de barrios populares remarcó que "sin techo no se puede ser libre", y pidió que la Ley de barrios populares no sea desfinanciada. Leandro Cahn, de Fundación Huésped dijo que el proyecto "agrava todos los problemas del sistema de salud" y Reneé Girardi, del centro de jubilados Homero Manzi, se preguntó "¿qué harán con nosotros? decimos no al DNU, a la ley, y no a la venta de la patria".
Cerca del final fue el turno de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto que aseguró que "la democracia peligra porque el Poder Ejecutivo no sólo pretende modificar y suprimir leyes sino que además se arroga facultades que no le corresponden”. En esa línea, agregó que “la democracia nos garantiza la clara y necesaria división de poderes y la búsqueda de consensos. Les pedimos memoria para recordar que la concentración de poder y facultades derivan en tiranía y violencia". "Somos un país a nivel mundial en derechos humanos por haber tomado la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas y haberlos condenado. Somos referentes por habernos hecho cargo de nuestra historia y a partir del dolor emprendimos un camino de lucha, reivindicación, reconstrucción y fortalecimiento de nuestros derechos”, recordó y finalizó: “A través de las instituciones, los organismos del Estado y de sus trabajadores se materializan los derechos, derechos que sólo llegarán a los más necesitados de la mano del Estado y no del mercado”.
