Dos trabajadoras municipales denunciaron al director de Bromatología de la localidad de Rosario de la Frontera, Federico Saha Dietrich, por violencia laboral. El juez de Violencia Familiar y de Género, Carmelo Paz, le impuso una medida perimetral y le ordenó capacitarse en la Ley Micaela. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) le pidieron al intendente Kuldeep Singh que aparte del cargo al funcionario.

Saha Dietrich fue funcionario público de la gestión del exintendente Gustavo Solís, pero en la última campaña electoral apoyó a Singh (Frente Unidos por Salta), y siguió trabajando en la municipalidad. La situación de maltrato denunciada por las trabajadoras tiene como contexto las tensiones que quedaron en el marco de la rivalidad entre las dos fuerzas políticas que se disputaban la intendencia.

Una de las trabajadoras tiene 22 años, es administrativa, relató en su denuncia que el 3 de enero, le solicitaron que sacara fotocopias en una oficina destinada a múltiples tareas, tocó la puerta varias veces sin respuesta, por lo que entró como lo hacía habitualmente, desconociendo que allí estaba Saha Dietrich en una reunión.

La denunciante dijo que al verla el director de Bromatología, que se encontraba con otro funcionario, se ofuscó "comenzando a vociferar palabras tales como 'andate, andate, andate ¿qué, no ves que estamos en una reunión privada?'". Luego se puso de pie, comenzó a acercarse y le cerró la puerta en la cara, rozándole el mentón. 

La joven sostuvo que el funcionario la rosó con su hombro, en lo que entendió que fue una acción intentando buscar una reacción suya, pero ella mantuvo "la calma" a la espera de que otros dos funcionarios que fueron testigos del incidente "hicieran algo al respecto" pero ambos no reaccionaron porque habrían quedado "anonadados". 

Asimismo, en la denuncia, la trabajadora aseguró que "no es la primera vez que suceden hechos similares" con este funcionario. Por ese motivo pidió que se tomen medidas legales y se le prohiba acercarse a su ámbito laboral y lugares que frecuenta, además de abstenerse de seguir ejerciendo actos de violencia en su contra. Y añadió que teme recibir represalias por denunciar la situación.

La otra denunciante, de 34 años y que también es empleada administrativa, relató que cumple funciones en el área de Acción Social y como tal el sábado de la primera semana de enero debió colaborar en una celebración de Reyes Magos organizada por el municipio. En ese contexto, cuando se encontraba trabajando en el buffet, se acercó Saha Dietrich, ella le preguntó qué necesitaba y él le respondió "de forma ofuscada": "No te metás, no sabés quién soy yo, ya me vas a conocer, comenzaré con suspenderte hasta lograr que te echen", y se fue.

La denunciante recalcó que no es la primera vez que el denunciado ejerce maltrato contra mujeres. Se supo además que el funcionario antes fue denunciado por una persona del colectivo LGBTI y que una mujer lo expuso en el Concejo Deliberante por situaciones similares. La denunciante sostuvo que la situación de hostilidad y violencia laboral se da en el marco del "cambio de gestión" y ella es señalada como una empleada del anterior gobierno. 

Capacitarse en perspectiva de género

El juez Carmelo Paz, que intervino en las dos causas por violencia, le ordenó a Saha Dietrich abstenerse de ejercer actos de violencia física o psicológica, insultar o llamar por teléfono a las denunciantes. Tampoco podrá mandarles mensajes de texto ni publicar en las redes sociales, proferir palabras agraviantes, herir o amenazarlas. No podrá consumir bebidas alcohólicas ni drogas o usar armas.

Además, el juez le prohibió al funcionario acercarse al domicilio particular de las dos mujeres, y deberá mantener una distancia de 200 metros de ellas, y de los lugares donde concurran, excepto al lugar de trabajo, "donde la distancia que deberán mantener las partes serán las que permita el desarrollo de sus tareas".

Asimismo, Paz le ordenó a Saha Dietrich "realizar una capacitación en realidades y perspectiva de género o Ley Micaela", y que procure dar a conocer "disposiciones laborales" a las dos denunciantes mediante "interpósita persona".

Una de las denunciantes amplió la denuncia porque el funcionario tras conocer las medidas cautelares dispuestas por el juez, infringió la perimetral dos veces. 

"Le pedimos que erradique al violento"

Asimismo, ante esta situación ATE y UPCN solicitaron al intendente que aparte al funcionario del cargo, solicitud a la que Singh no accedió.

"Hoy vinieron de la comisión de violencia laboral de UPCN a hablar con el intendente al respecto. Ya le hemos dejado una nota donde lo responsabilizamos a él en caso de que sigan sucediendo este tipo de cosas", dijo a Salta/12 el secretario adjunto de este gremio, Gustavo Elvira. 

"Le pedimos que erradique al violento, que lo saque. Lo que pasa es que el intendente está en la postura de que no puede juzgarlo hasta que se compruebe, que se tiene que expedir la justicia. Nosotros le hemos pedido que así como hay medidas judiciales, de perimetrales, que se respeten a rajatabla. En caso de que vuelva a suceder algo, le hemos dicho que el responsable en el ámbito laboral es él. La próxima vez lo vamos a denunciar a él", manifestó Elvira.

El gremialista dijo además que el lunes último UPCN y ATE participaron de una conciliación obligatoria por 51 despidos de trabajadores municipales en Rosario de la Frontera. En la audiencia estuvieron el asesor legal de la municipalidad, el intendente y el secretario de trabajo provincial, Alfredo Batule, entre otros. Allí plantearon la situación de las mujeres maltratadas por el funcionario municipal. "En todo municipio cuando hay cambio de intendente, este tipo de cosas sucede. Lo llamativo es que el violento ya venía de la gestión anterior, ya tenía denuncias previas por los mismos hechos", aseveró. 

Las denunciantes también se reunieron ayer con concejales y esperan que tomen medidas sobre la situación. El intendente de Rosario de la Frontera no respondió a las consultas de este medio.