“Estamos convencidos de que rechazar un mapa innovador desde el punto de vista técnico y ampliamente inclusivo desde el punto de vista sociocultural implica continuar aceptando un mapa mal hecho y obsoleto que sólo beneficia a un número pequeño de grandes productores y perjudica al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que viven y trabajan en los bosques nativos”. Con esta afirmación el Equipo Técnico Asesor que elevó la propuesta para el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) respondió a las críticas de Greenpeace. 

En un comunicado, esta organización ambientalista había afirmado que con la propuesta de OTBN se abre la posibilidad de una recategorización encubierta y, por lo tanto, la posibilidad de que se desmonte en zonas que deberían ser conservadas.

“El mapa propuesto de ninguna manera convalida los desmontes ilegales y las recategorizaciones prediales”, indica, por el contrario, el documento de técnicas y técnicos que realizan los estudios para elevar la nueva propuesta de ordenamiento.

Estos especialistas afirmaron que al ser una discusión que está en la Justicia, las recategorizaciones y el destino de estas superficies exceden las facultades a cargo del equipo técnico.

Sin embargo, aseguraron que “el nuevo mapa propuesto resta las tierras desmontadas de manera ilegal o irregular de las áreas verdes propuestas, lo cual es la mejor manera de evitar su legitimación o convalidación actual o futura”. Advirtieron que en el peor de los casos (si la Justicia convalida los desmontes irregulares), las superficies recategorizadas quitarán áreas verdes a la zona en las que se inscriben.

Áreas verdes: 30% menos

Greenpace entendió que facilitar el desmonte de 721.568 hectáreas al disponerlas en áreas verdes es “sumamente” excesivo. El mapa aprobado por decreto en 2009 “contiene una superficie verde de 1.003.912 hectáreas. Por lo tanto, el nuevo mapa propuesto reduce esa superficie en 282.344 hectáreas, o sea casi un 30 por ciento” menos, afirma el documento de respuesta a la organización ambientalista. 

En el mismo sentido, técnicos y técnicas afirmaron que tener esa cantidad de hectáreas con posibilidad de ser desmontada no involucra la acción en sí, dado que, a entender del equipo técnico, “con una gestión adecuada de bosques a nivel provincial y financiamiento suficiente, sería posible llegar a deforestación cero en el año 2030 de manera técnicamente viable”.

Esto, indicaron, respeta el principio de no regresividad (lo que implica avanzar en la conservación). Como ejemplo, indicaron que “la superficie ajustada y revisada de zonas rojas (estricta conservación) previa al actual proceso de revisión era de 1.278.016 hectáreas (…). En la propuesta de nuevo mapa de OTBN esta superficie es de 1.278.221 hectáreas, con lo que se excede al valor del 2009”. Afirmaron que esto mismo sucede con el área de amarillo del nuevo mapa (5.539.750 hectáreas), que también excede el valor del mapa de 2009 (5.333.590 hectáreas).

Añadieron que, a diferencia del anterior OTBN, la nueva propuesta respeta los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos por las leyes de bosques.

Asimismo, se explayaron también sobre la crítica a la categoría transitoria denominada “Área de Producción y Conservación (APC)”, 3.013.692 de hectáreas, que en el mapa aparecen pintadas de marrón. A las críticas contestaron que si bien esta categoría “no está explícitamente incluida en las leyes de bosques, como señala correctamente Greenpeace Argentina, tampoco está prohibido explícitamente establecer mecanismos adecuados para optimizar la distribución de zonas verdes si eso redunda en beneficios ambientales, sociales o productivos, algo en línea con el espíritu de dichas leyes”.

Sostuvieron que la flexibilidad del área criticada por Greenpeace involucra una “virtud”, dado que permite “realizar una gestión más integral” de los bosques nativos. 

Otra observación a la propuesta es que las áreas prioritarias de conservación (APC) permitan una zonificación “flexible”. Esto es, a juicio del Equipo Técnico, una gran virtud y no un defecto de la propuesta ya que permitirá realizar una gestión más integral a escala de paisaje de los bosques nativos de la provincia. Entre los beneficios, indicaron que el mecanismo definirá “mejor nuevos corredores ecológicos y proteger las especies de grandes mamíferos como el yaguareté”, además de otras especies amenazadas.

“Si Greenpeace Argentina cuenta con información más actualizada de la distribución de especies animales o vegetales que exijan su conservación, debería haber aportado esa información durante el proceso de revisión”, advirtieron al recordar que, pese a las insistentes invitaciones a participar en el proceso, la asociación ambientalista no lo aceptó.

Participación de Pueblos Originarios

Otra de las críticas de los ambientalistas refirió a la participación de las comunidades indígenas que viven en contacto con las zonas de los bosques nativos.

Además de afirmar que se realizó un relevamiento exhaustivo de la documentación existente en distintos organismos y de incluir el relevamiento enmarcado en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, para cumplir con los criterios incluidos en la Ley de Bosques en la propuesta se determinó otro proceso. Involucra un protocolo que “garantiza la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas en todo proyecto de intervención de bosques que afecte o pueda afectar la integridad de los territorios habitados o reclamados por ellos”, indicó el equipo técnico asesor en su documento de respuesta a las observaciones de Greenpeace. 

Recordó también que se realizaron talleres participativos en los que participaron distintas organizaciones de la sociedad civil además de otras instituciones estatales y privadas.