El gobierno jujeño comenzó a demoler las viviendas desalojadas en Tilcara

"Están tirando mi casa ahora, con la máquina. Hicimos todo lo legal, no hay derecho de nada acá", dijo llorando Lorena Chiliguay. Brindó su testimonio en el momento preciso en que una topadora -enviada por el gobierno de Jujuy- demolía su vivienda ubicada en el barrio Estación dentro del ejido urbano de la ciudad de Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca.

La retroexcavadora arribó ayer desde la ciudad de San Salvador, enviada a barrer con el último grupo de viviendas ocupadas por vecinos y vecinas que no negociaron el abandono de sus casas situadas en ese predio de la vieja estación del ferrocarril argentino. Ayer la máquina solo avanzó sobre la casa de Chiliguay, pero se prevé que hoy sigue con la destrucción de construcciones vecinales. Actualmente, el objetivo que persigue el gobierno jujeño de Carlos Sadir, es construir locales comerciales destinados a cubrir la demanda del flujo de visitantes que proyectan tendrá el Tren Turístico. Sadir continúa el proyecto de su antecesor y mentor político, Gerardo Morales. 

El procedimiento de demolición de ayer no fue ordenado por el juez de Control Marcos Spinassi, que dió curso únicamente al desalojo del lunes, a pedido de la fiscal Leila Rodríguez. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy interviene en la causa desde que el fiscal Fernando Alancay fue separado del proceso. Rodríguez se desempeña en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de Humahuaca.

Alejandra Cejas, abogada de las familias tilcareñas desalojadas, aclaró a Salta/12 que "la orden de demoler las viviendas en ningún momento formó parte del procedimiento policial" que autorizó el juez de Control. Precisó además que no hubo notificación formal de la policía ni de los encargados del procedimiento de demolición de las viviendas desalojadas el lunes último. Hasta ayer, Cejas no descartaba que la maquinaria fue enviada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda del gobierno jujeño para acelerar el trámite de desalojo y destrucción de las construcciones del predio. 

Por ese motivo, adelantó que presentará ante la Fiscalía Federal 1 de Jujuy una denuncia penal contra el gobierno de Jujuy por el procedimiento de desalojo al que fueron sometidos vecinos y vecinas del barrio Estación de Tilcara, sumando la demolición de la vivienda de la familia Chiliguay. Todos los hechos se desarrollaron en un predio que es propiedad del Estado Argentino. "Los vecinos tienen permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado", precisó Cejas. "Lo mismo la Unidad Ejecutora del Tren para realizar los trabajos".

A esa presentación la abogada dijo que sumará una cautelar ambiental, fundada en el trámite inconcluso del estudio de impacto ambiental del proyecto del Tren Turístico. Cejas detalló que al lado de la casa de la familia Chiliguay se encuentra una planta reductora de gas que permite que Tilcara tome ese recurso hidrocarburífero desde el gasoducto Atacama. El ducto fue construido durante este siglo, aunque después de la privatización de los Ferrocarriles Argentinos, que ejecutó durante su primer mandato el gobierno neoliberal de Carlos Menem.

Cejas aportó además que entre la información que releva para la causa que tramitará en el juzgado federal jujeño incluirá los pedidos de informes de impacto que hizo la UNESCO al gobierno jujeño. La Quebrada de Humahuaca integra el catálogo del Patrimonio de la Humanidad desde 2003 y Tilcara se encuentra dentro del Area VI del espacio que la UNESCO clasificó como intangible. La abogada explicó también que tienen conocimiento de que Vialidad Nacional informó a la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy - La Quiaca que los nuevos vagones eléctricos no pueden atravesar el tramo de vías donde fueron desalojadas las familias el lunes, por el peligro inminente de una explosión producto de la inestabilidad del terreno y la electricidad que movilizará los vagones con pasajeros.

Impotencia y desesperación

Por si fuera poco, además del traumático desalojo, la familia Chiliguay atravesó ayer otro episodio al límite, cuando una de las hijas de Lorena se subió al puente peatonal que permite cruzar la ruta nacional 9 desde el barrio Estación al centro de Tilcara, con la intención de quitarse la vida. 

"Estoy aquí en la pasarela. Esta decisión tomé. Quieren tirar mi casa y sacarme mis cosas. No puedo aguantar todo esto, es demasiado", dijo la adolescente tilcareña transmitiendo en vivo por redes sociales. Pero al dejar su teléfono para saltar, vecinos que también filmaban el momento desde locales comerciales situados bajo el puente peatonal, solicitaron auxilio. El primero en responder fue un camionero que ubicó una de las cajas de su camión justo en el lugar donde la chica pretendía saltar, acortando así la distancia de la caída. Esa acción dió tiempo a dos vecinos, que se acercaron rápidamente a ella y lograron bajarla del borde donde se encontraba. Tiempo después, la convencieron para que regresara con su familia. 

"¿Se acercó alguna autoridad municipal a dialogar con ustedes?", consultó este medio a Lorena Chiliguay. La respuesta fue negativa. Tampoco se acercaron funcionarios de la comuna mientras transcurrió el episodio límite que pudo costarle la vida a su hija. "Demolieron mi casa porque nosotros dimos la cara, salimos a hablar, a mostrar lo que pasa aquí, en Tilcara", dijo Chiliguay. "Demoler mi casa es una forma de mostrar su poder sobre las familias humildes que nos resistimos a tanto atropello", continuó sin poder recuperar su voz de la angustia y el llanto. "Yo no firmé mi reubicación, y por ese motivo, hoy comenzaron por mi casa".

La respuesta de la intendencia de Tilcara

Sonia Pérez, intendenta de Tilcara, explicó a Salta/12 que durante su mandato como concejala -antes de ser elegida para la jefatura de ese municipio- trabajó por dos años con vecinas y vecinos del barrio Estación para consensuar su reubicación. 

"No hubo desalojo injusto", sostuvo Pérez. "Esos lotes contaban con tenencias precarias, que según los casos, fueron concedidas después de la privatización del ferrocarril a trabajadores ferroviarios", detalló en alusión a las propiedades que fueron adquiridas por obreros del ferrocarril -como la familia Chiliguay- en el marco de la ley nacional 24.146, sancionada en 1994. "Otros lotes fueron otorgados por el municipio en gestiones anteriores", agregó, "pero siempre se trató de tenencias que dejaban en claro que la habitabilidad de las viviendas o lotes quedaba sujeta a la vuelta del ferrocarril". La intendenta tilcareña aseguró que "los vecinos estaban advertidos sobre la situación" que se avecinaba, por los desalojos que finalmente ocurrieron este lunes. 

La jefa comunal no opinó sobre la causa contra las y los vecinos del barrio Estación, que se inició con la denuncia del coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del tren Jujuy-La Quiaca, Emiliano Rodríguez, cuando en enero de 2022 los acusó de usurpadores. La investigación venció en enero de 2023 y, pese a ese trámite inconcluso, tampoco se elevó a juicio oral. Por lo tanto, los vecinos no pudieron presentarse a derecho para defender la titularidad de sus propiedades.

La intendenta tilcareña, primera mujer en el municipio en asumir ese cargo, precisó luego que el gobierno de Jujuy "se encargó de buscar un espacio donde reubicarlos", un grupo de lotes dentro del mismo barrio Estación que pertenecen al Estado jujeño localizados en el predio de la Residencia de Adultos Mayores Nuestra Señora del Rosario.

De un total de 21 familias relevadas en los desalojos del lunes, Pérez detalló que hubo "algunos vecinos que accedieron a un núcleo húmedo", unidades habitacionales compuestas por una pieza amplia con baño y cocina, dentro de un terreno de 10 por 20 metros. 

La intendenta acotó que esas viviendas fueron entregadas antes del 10 de diciembre -mientras aún era concejala- y que las y los habitantes del barrio Estación que accedieron a la reubicación cuentan hoy con una tenencia precaria hasta que el gobierno de Jujuy concluya con el trámite de los títulos definitivos. El total de 21 familias se completó con quienes "contaban con terrenos propios y decidieron construir en su propiedad", continuó Pérez, "más la gente que no quiso aceptar ninguna de las propuestas que se les ofreció", en referencia a los últimos vecinos desalojados el lunes pasado. 

"El tiempo de diálogo, acuerdos y negociacion pasó y yo estuve presente", concluyó la actual intendenta de Tilcara. "Hoy existe una decisión judicial y no puedo involucrarme porque se vencieron los plazos", añadió sobre los desalojos y el intento de suicidio de ayer.