El gobierno de Javier Milei volvió a fracasar en su estrategia judicial. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quería concentrar todos los reclamos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 en el fuero contencioso administrativo, que son los tribunales que él mejor conoce. Pero la Cámara –integrada por Carlos Greco y Sergio Fernández– le propinó este miércoles un fuerte golpe a esa estrategia: los jueces rechazaron la apelación que había presentado el Poder Ejecutivo contra la decisión de desarmar el proceso colectivo.

El 22 de diciembre pasado, el juez Esteban Furnari resolvió tramitar como un amparo colectivo la acción que habían iniciado el economista Claudio Lozano junto con la CTA Autónoma, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. La decisión le venía bien al gobierno de Milei porque desde allí podría ejercer una defensa única del DNU.

Sin embargo, entrada la feria, el juez que quedó al frente del caso, Enrique Lavié Pico, desarmó ese proceso colectivo y dijo que cada amparo debería tramitar en el tribunal en el que fue presentado.  El argumento de Lavié Pico fue que el megadecreto de Milei abarca un sinfín de materias --desde lo que pasa con las farmacias, hidrocarburos, turismo, energía, trabajo, salud, comercio, la reforma del Estado hasta el Código Aeronáutico-- y no todas las personas alcanzadas por el DNU se ven afectadas del mismo modo.

Barra apeló esa decisión, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó su recurso y dijo que había "ineptitud recursiva." En otras palabras, los jueces le recordaron al procurador del Tesoro que era una resolución que no era apelable.

Los camaristas Grecco y Fernández criticaron la resolución de Furnari de armar un proceso colectivo. Afirmaron que fue una “decisión intempestiva” cuando el DNU aún no estaba siquiera en vigencia. También tildaron la resolución de "apresurada e incorrecta".

Al gobierno nacional no le fue mejor con las críticas de la Cámara. Entre otras cosas, le reclamó que se pusiera de acuerdo porque en un escrito decía que era un proceso colectivo y en otro escrito afirmaba todo lo contrario.  “La accionada ha asumido una conducta procesal que –cuanto menos– resulta contradictoria, errática, que se trasunta en un dispendio de la jurisdicción y que conculca el principio de la buena fe procesal; pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior”, escribieron Grecco y Fernández.

La Cámara también desechó los argumentos de la Procuración del Tesoro contra la decisión de Lavié Pico que afirmaban que el juez no estaba facultado para revocar lo que había decidido su colega Furnari y que tal decisión le traía perjuicios al Estado porquese multiplicaban los pleitos en distintas jurisdicciones y con la posibilidad de que hayan sentencias contradictorias.

“No se explica cuál es el gravamen que le causa al Estado Nacional que, en resguardo de los principios de jurisdicción, competencia y especialidad establecidos en las normas procesales, se preserve la intervención propia de los tribunales competentes para conocer en cada una de las vastas materias de las que se ocupa el DNU 70/2023. Ello así, más allá de que pudiere corresponder a las competencias de los respectivos fueros que eventualmente intervengan, la posibilidad de tramitar procesos colectivos donde se unifiquen acciones sobre un mismo tema o cuestión”, añadieron.

La pulseada con la CGT

Barra pidió también que el fuero contencioso administrativo atraiga el amparo que inició la CGT contra el DNU. Esa causa tramita en el fuero laboral, que fue el primero --a través de su Cámara de Apelaciones-- en dictar una cautelar que suspende el capítulo del megadecreto que desflexibiliza el mundo del trabajo. 

Sin embargo, tampoco obtuvo buenas noticias en ese frente. El fiscal Fabián Canda --que actúa ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo-- dictaminó que la causa de la CGT debe continuar en el fuero laboral. La Cámara en lo Contencioso Administrativo aun tiene que pronunciarse en ese incidente, pero todo indica que es difícil que Barra consiga una victoria.

A principios de la semana, Barra se llevó otro tirón de orejas de la Cámara del Trabajo porque él presentó un recurso extraordinario con miras a que la Corte Suprema deje sin efecto la cautelar que consiguió la CGT. Sin embargo, se olvidó de acompañar los papeles que acreditan que los abogados de la Procuración del Tesoro pueden actuar en el caso. Ese percance demoró el trámite para que el asunto escale hasta el máximo tribunal.  La CGT -- que está en plena organización del paro del miércoles próximo-- tiene diez días para contestar al planteo del Ejecutivo Nacional.

La Corte Suprema ya había hecho saber que no analizará las impugnaciones contra el megadecreto hasta febrero, cuando se reanude la actividad después de la feria de verano. Los supremos tienen en su poder una acción que planteó la provincia de La Rioja --con el patrocinio de Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra-- contra el DNU de Milei.