La derogación de la ley de Alquileres
mediante el DNU de Javier Milei fue la bienvenida a la ley de la
Selva para los inquilinos. A casi un mes de que el Presidente
anunciara la desregulación de la economía, y a
pesar de que decenas de artículos se encuentran judicializados por
amparos, el mercado cruje entre
precios desproporcionales para bolsillos castigados por la inflación,
condiciones leoninas y el lobby inmobiliario empujado por el gobierno
para instalar que cayeron los valores.
Alquilar en la era Milei
Contratos por dos años o menos,
aumentos mensuales, trimestrales o semestrales, con depósitos
acutalizables según lo que pretenda el propietario, más uno o dos
meses de adelanto y garantía, que en muchos casos se exige que no
sea propietaria, sino un seguro de caución o garantías personales
pagas. Estas son algunas de las condiciones bajo las cuales se están
firmando contratos de alquiler en 2024, tras la desregulación de la
economía por decreto, y a pesar de que rige una medida cautelar del
juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico que
suspende la derogación de la ley de Alquileres prevista en el DNU.
La ley de la Selva llegó no sólo con
condiciones leoninas, sino también con precios disparatados y una
dispersión como pocas veces vista: así, un tres ambientes de 90
metros cuadrados en Almagro cotiza $1.000.000; un dos ambientes en la
misma zona se ofrece a $250.000, otro similar se publica a 400
dólares y un monoambiente de apenas 22 metros cuadrados tiene un
valor de $230.000. En Caballito, un tres ambinetes con cochera cuesta
$590.000; un dos ambientes, $380.000; y un monoambiente, $350.000,
según una recorrida por sitios especializados.
La situación se agudiza aún más si
se tiene en cuenta que el alquiler es apenas uno de los precios de la
economía, en un contexto de altísima inflación. En diciembre, para
no caer en la pobreza una familia de dos adultos y dos menores
necesitó percibir cerca de $500 mil, según el Indec. En diciembre, la Encuesta Permanente de Hogares indicó que el 63,2 % de la población ocupada tenía
ingresos promedio de $193 mil, y aquellos trabajadores con salarios
superiores a los $400 mil forman parte del 10 % con mejores ingresos
del país: la vieja recomendación de que el alquiler no debía
superar el 30 % del sueldo parece enterrada en el pasado.
“Se imponen las condiciones”: la queja de los inquilinos
El presidente de la Federación de
Inquilinos Nacional, Juan Arrizabalaga, dijo a Página|12 que “no
existe acuerdo entre partes”, sino una “imposición de
condiciones”. “Hay contratos cortos, dolarizados o en precios,
pero carísimos. Te piden lo que se les cante de garantía, de
depósito, de mes anticipado. Y los aumentos son como les parezca:
cuando haya devaluación, según la inflación, por mes, por
bimestre, trimestral o semestral”, enumeró.
Julián, un visitador médico que vive
en Villa Crespo y debe renovar el alquiler del dos ambientes en el
que reside hace tres años, contó a este diario que le pidieron
$330.000 con aumentos trimestrales por inflación, pero con una
condición clave: si la inflación supera el 20 % en dos meses, la
suba será bimestral. “Todos sabemos que en febrero la inflación
va a ser mayor, o sea que en abril tendría la primera suba, no se
puede creer, parece diseñado por el diablo”, dijo con resignación.
Arrizabalaga dijo que nada de esto
ocurría con la ley de Alquileres, que implicaba un “acuerdo entre
partes real, sin imposición”. “El alquiler ahora va a durar lo
que le parezca a la parte rentista, porque puede rescindir el
contrato cuando quiera. Se produce una situación de alquiler ciego,
donde todo alquiler es temporal. Esto va a profundizar la crisis
habitacional”, remarcó, y advirtió que hay una “situación
gravísima”.
Alquiler: ¿hay más propiedades y bajaron los precios?
Tras la sanción del DNU, el Gobierno y
un sector del lobby inmobiliario buscó instalar que hubo un aumento
desproporcional en la oferta de las propiedades que los propietarios
habían retirado del mercado. En un sondeo por los sitios webs
especializados se oferta más volumen y según ZonaProp creció un 16
%. Armando Pepe, empresario inmobiliario y insistió en esa visión y
dijo a Página|12 que antes del decreto había 500 propiedades y el 4
de enero había 6.500, pero advirtió: “Los precios van a tener que
bajar porque nadie los puede pagar”. Además, indicó que deben
cambiar las condiciones: “Un inquilino no puede pagar un contrato
con aumentos bimestrales o cuatrimestrales con la inflación que hay
hoy”.
Otro referente del sector inmobiliario salió al cruce de la versión de que los precios habían caído entre un 20 y un 30 por ciento, como indicaron. “Habrán caído entre un 3 y un 4 por ciento”, señaló, y remarcó que la oferta tiene que ser en pesos porque en Argentina “nadie cobra en dólares”.
Arrizabagalza criticó las versiones e indicó que se trata de una “campaña de la casta inmobiliaria y del gobierno”. “Los precios empeoraron fuertemente, por lo tanto no hay mejora para los inquilinos porque no se pueden pagar. Los pisos de inicio de contrato son muy caros”, sostuvo.