La Justicia imputó y ordenó la prisión preventiva de un hombre de 34 años, detenido el lunes por intentar entorpecer mediante amenazas el derribo de un punto de venta de estupefacientes, atribuido a Franciso "Fran" Riquelme, el preso investigado por amenazas al gobernador. La acusación tuvo que ver con lo ocurrido durante uno de los operativos de destrucción de bunkers, en el marco de la ley provincial de Microtráfico, que tuvo al menos dos incidentes, en las primeras seis intervenciones. El último fue el que protagonizó Leonel Juan Zapata, el lunes, a la zona de Felipe Moré al 600 bis, donde sacó un celular y empezó a filmar el procedimiento, mientras advertía que lo que se estaba realizando no iba "a quedar así". 

El fiscal Pablo Socca imputó a Zapata por los delitos de amenaza y resistencia a la autoridad, cuando se realizaba la medida judicial de cese de estado antijurídico, efectuando amenazas y entorpeciendo el accionar del procedimiento. "Sale desde el interior de una de las edificaciones (eran dos los que se estaban demoliendo ese día) hacia el exterior y en la vía pública con un teléfono celular en su mano, comienza a sacar fotos y/o filmar al personal policial actuante, y a enviar mensajes a personas no identificadas. En esos momentos, les manifestaba que eso no iba a quedar así, en tono amenazante a los distintos funcionarios", reza la imputación.

En ese momento, el hombre fue detenido y se le secuestró el teléfono celular, en el marco de la investigación llevada adelante por el fiscal Franco Carbone, por las amenazas recibidas contra el gobernador. Es que el imputado está sindicado como integrante de la banda de Riquelme -preso investigado por las intimidaciones al mandatario provincial-, que opera en la zona norte de la ciudad y a quien se lo vincula con Esteban Alvarado, detenido en el penal de Ezeiza.

La primera situación de amenazas contra los operarios provinciales ocurrió en Ayacucho y Uriburu, el viernes pasado, cuando una mujer cercana al preso Alan Funes se presentó en el lugar y quedó detenida por amenazas a los trabajadores. Se trata de Leila Schmitt, a quien el fiscal Aníbal Vescovo imputó esta semana por amenazas simples, resistencia y desobediencia a la autoridad, quedando en libertad bajo el pago de una fianza. La mujer es hija de Juan Carlos Schmitt, el mecánico que en 2016 atropelló y mató al cadete Damián Orgaz, de 26 años, mientras probaba un Audi TT a 130 kilómetros por hora en Barrio Belgrano. El hombre fue condenado a 9 años de prisión y en junio de 2023 obtuvo la libertad condicional.

En tanto, ante la imputación que hizo ayer el fiscal Socca para Zapata, la jueza Lorena Aronne ordenó que quede detenido. El acusado, además, incumplió -con la comisión del nuevo delito- medidas alternativas a la prisión preventiva por una causa por tentativa de robo por la que fue imputado en febrero de 2023, por la que debía presentarse a firmar a la oficina de gestión y tampoco lo hizo.

Su vinculación con la banda de Riquelme tiene antecedentes en un allanamiento realizado el año pasado, cuando la fiscal Valeria Haurigot solicitó la medida contra esa organización, por sospechas de autoría de balaceras contra escuelas y cárceles, y encontraron el DNI de Zapata en la casa donde vivía Riquelme antes de ser detenido, ubicada en la misma cuadra de su hermano, donde el ahora imputado fue arrestado.