El gobierno provincial hizo caer en decretos sucesivos de esta semana 187 incorporaciones de trabajadores a planta permanente que habían sido acordadas en diciembre pasado por acuerdo paritario entre el mismo Estado y los sindicatos de estatales ATE y Upcn. Se cumplió así, y en mayor número, la poda presupuestaria en materia de recursos humanos que hasta ayer la Casa Gris había anticipado para el área del ex ministerio, ahora Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Los y las trabajadoras que se quedan sin empleo son 24 de esa cartera, y también 130 del Ministerio de Educación, 6 del Ministerio de Producción, y 27 del Enerfe, la sociedad anónima del Estado provincial a cargo de operar y ampliar el sistema de gasoductos en Santa Fe. Enfrente, ATE repudió el carácter de la medida y anticipó que habrá réplica gremial y jurídica para voltear los decretos. "Quieren ponerse en onda con la motosierra", fustigó el secretario general del sindicato, Jorge Hoffman. También rechazó la medida el ex ministro de Trabajo que rubricó los pases a planta, José Manuel Pusineri.
Lo que en el Ejecutivo le llaman "desvinculaciones", en el gremio estatal –que ya trabaja en la apelación judicial de estos decretos– lo consideran "cesantías", lisas y llanas, y –además– ilegales.
La purga desatada con los decretos 12, 13, 22 y 23, además de la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y equipo, se gestó desde una "comisión revisora" a cargo de escrutar los pases a planta que la administración Perotti había dispuesto el 6 de diciembre, en acuerdo paritario con el gremio. Así, aconsejó dejar sin efecto las designaciones en esos ministerios, establecidas por los decretos 2868/23 y 2893/23 para Educación, y el 2873/23 para Género. La revisión de esas incorporaciones y la recomendación de suprimirlas tienen la firma del Fiscal de Estado, Domingo Rondina. Los decretos consecuentes que sellaron la caída de esas contrataciones están firmadas por Pullaro, y por los ministros José Goity y María Victoria Tejeda, respectivamente.
La argumentación esgrimida por los revisores estriba en que los y las trabajadoras "no tomaron posesión del cargo, en consecuencia no se los puede considerar aún como planta permanente". Y además, consideran inválida tales incorporaciones porque no contaron con la firma del ministro de Economía de entonces, Walter Agosto.
Para el caso de las agentes despedidas en el área de Género, alegaron que "no tenían vínculo previo con la Provincia, en tanto habían ingresado en el marco de un convenio con la Universidad de Rafaela, por lo cual no les correspondería el pase a planta". En este caso puntual, que se trate de un convenio con la universidad de la ciudad de Perotti generó suspicacias.
Con los 27 trabajadores de Enerfe, la comisión revisora aplicó el mismo criterio, aunque discutible: alegó que esos no tenían vínculo laboral previo con Provincia porque habían sido contratados por ese organismo cuya forma jurídica es una Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria). En resumen, es la Provincia, replican los afectados.
Consultado Hoffman por Rosario/12, el dirigente estatal soltó su indignación. "Lo del Ejecutivo es una barbaridad. Todos estos compañeros reúnen las condiciones acordadas en paritarias. Entraron (a trabajar) antes de diciembre de 2022, no están encuadrados dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", indicó.
Con eso se refirió a la norma que impide al Poder Ejecutivo a incorporar personal en los 6 meses previos al final de su mandato, "salvo obligaciones contraídas antes de esa fecha". Por lo tanto, Hoffman dedujo: "Ambos requisitos se cumplieron, sólo les faltó la toma de posesión que este gobierno les niega, y así los deja cesantes. Quieren ponerse en onda con la motosierra (declamada por el presidente Javier Milei). Varios ministros no les gusta para nada esta decisión, pero... obediencia debida", protestó el titular de ATE.
La toma de posesión del cargo es un requisito, y ahí estriba lo que los trabajadores consideraron una trampa adrede del gobierno. A las 24 personas que integraban los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad les comunicaron el 12 de enero "de manera informal" que debían dejar de concurrir al lugar de trabajo. De esa manera, la posesión del cargo no se cumplió, y por lo tanto, habilitó la desvinculación.
El ex ministro Pusineri, por su parte, ratificó "la legalidad de lo actuado". Dijo que los pases a planta estuvieron contemplados en la Ley de Presupuesto 2023 que votaron incluso legisladores que hoy componen el oficialismo del frente Unidos. "Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los decretos no fueron objetados por Tribunal de Cuentas de la Provincia", remarcó Pusineri.
El ex funcionario señaló que los fundamentos de la purga "no superan la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión". Y advirtió que de esta manera Pullaro expone al Estado provincial a cuestionamientos en el marco de las obligaciones contraídas durante una negociación colectiva refrendada por la Organización Internacional del Trabajo.
El Consejo Directivo de ATE anticipó reacciones de índole gremial y judicial. Reprocha que "el propio Poder Ejecutivo que debió dar la toma de posesión es quien argumenta que ese es el motivo principal de las cesantías". Por lo cual, apunta el sindicato a que el Ejecutivo "vulnera el derecho a la estabilidad del empleo público y cuestiona un acuerdo paritario que dio el marco legal a estos pases a planta. Acuerdo paritario que tuvo su respaldo en la Ley de Presupuesto 2023 que autorizó a crear los cargos necesarios para el pase a planta permanente de Contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022".
El comunicado de ATE convalida la revisión de lo actuado, pero no la manera. "Es inadmisible poner un manto de sospecha sobre los/as trabajadores/as que pasaron a planta y que en su mayoría son del sector de Salud. Son quienes nos cuidaron, vacunaron y atendieron a nuestras familias durante la pandemia y hoy están cubriendo cargos esenciales en el sistema de salud. El Poder Ejecutivo no tiene necesidad de solicitar esa información a cada trabajador/a. Cuenta con ella en los sistemas de Recursos Humanos de cada ministerio", expuso.
El tironeo parece que recién empieza.
