Mientras arrecian las versiones de que el megaDNU de Javier Milei fue redactado por estudios jurídicos de la City porteña, el gobierno confirmó que no se respaldó en ningún informe técnico ni en dictámenes jurídicos producidos por los ministerios antes de firmarlo. Además, ratificó que el economista Federico Sturzenegger –que se presenta como el padre de la criatura de más de 600 artículos– no tiene vinculación con la administración de La Libertad Avanza, y, por ende, no podría haber participado de la confección. Lo curioso fue que Sturzenegger estuvo parado al lado de Milei el 20 de diciembre, cuando el Presidente anunció por cadena nacional que había firmado un megadecreto que sentaba las nuevas bases de la economía argentina.
La información surge a partir de un pedido de acceso a la información presentado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público. A priori, la respuesta del Ejecutivo demuestra que se incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (19549). Esa norma establece que todo acto administrativo, para ser considerado válido, debe sustentarse en antecedentes y contar con los dictámenes de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico.
“Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una causal grave de nulidad”, opinó desde su cuenta de X (exTwitter) la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. En la misma línea, Ibarra sostuvo que deberían abordarse hipótesis delictivas y preguntarse quién les podría haber pagado a esos estudios o si se benefician con la puesta en marcha de las reformas que el DNU trae aparejadas.
“Saber quiénes escribieron el DNU 70/2023 es central para determinar si hubo participación de privados que tengan algún conflicto de interés. La falta de informes técnicos y dictámenes es otra irregularidad que podría derivar en la nulidad del decreto”, apuntaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
