“Las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño”, expresó la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham y el Defensor adjunto, Facundo Hernández, en el plenario de comisiones de Diputados. “El Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tienen sobre los niños los programas de ajuste estructural y la transición a una economía de mercado”, continúo Graham en nombre “de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria”.
Ella explico que "vemos con satisfacción el aumento del 100% para la AUH y del 50% en la Tarjeta Alimentar, pero también nos preocupa la derogación de la movilidad jubilatoria a la cual está atada automáticamente la AUH y las asignaciones familiares, que no son ni planes ni programas, son derechos a la seguridad social que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes", por lo cual pidió que se mejore la actualización porque si no la inflación "va a licuar cualquier aumento". A diputados y senadores exigió que prevean la posibilidad de mantener la movilizadad e incluso mejorar el aumento automático.
