Las escuelas bonaerenses terminaron el 2023 con una morosidad del 25 por ciento, cuando la media histórica del sector, antes de la pandemia, estaba entre 5 y 7. Con ese punto de partida deberán enfrentar un año que imaginan más que difícil, por el impacto de la crisis macroeconómica.

Martín Zurita es el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), entidad con más de 60 años de trayectoria, que nuclea a 2600 escuelas, con medio millón de alumnos y 40 mil docentes, que participó de la sesión informativa del plenario de comisiones de la cámara de diputados.

"Hay que prepararse para un año muy duro, especialmente las escuelas a las que asisten las clases media y media baja", advierte.

La ley ómnibus

A Aiepba le interesa que se aprueben los artículos vinculados a la modalidad híbrida de educación, que consideran “una vía de modernización del sistema” y las evaluaciones periódicas de docentes, “para mejora del sistema”. 

Zurita cuenta que intentaron contactarse con distintos bloques legislativos, pero finalmente fue el oficialismo quien los invitó a exponer. Curiosamente, en la agenda de preocupaciones del sector, las consecuencias de la inflación y la inminente recesión, están bastante por encima de los beneficios que aportarían los nuevos artículos.

Según advierte, en la estructura de costos de una escuela privada, cerca del 80 por ciento son sueldos. "Cuando se cierra una paritaria, uno traslada ese aumento a la cuota, pero la economía de las familias tiene un límite", dice Zurita que reconoce que en muchos casos los alumnos son hijos de monotributistas y trabajadores informales. 

“Esta vez, el gobernador definió un aumento de 25 por ciento por decreto y eso nos obliga a pagar desde ahora los montos actualizados, cuando no vamos a tener ingresos hasta marzo”, agrega en referencia a los aumentos definidos por la administración provincial para cerrar la paritaria del 2023. Vale aclarar que las escuelas privadas subvencionadas requieren autorización oficial para aumentar la cuota, mientras las no subvencionadas la determinan libremente.

Zurita rescata la buena relación que tiene con el sector el Director General de Escuelas, Alberto Sileoni, quien además los integró al consejo consultivo. “El año pasado”, ejemplifica, “le llevamos la lista de 30 establecimientos que estaban en peligro y nos pusimos a trabajar juntos, uno por uno, para salvarlos”.

Consultado por el contexto general, afirma que “no hay caída de matrícula dentro del sistema privado, pero sí movilidad dentro del sistema, desde escuelas de cuotas más caras hacia otras más accesibles. Y, como consecuencia de eso, escuelas que van reformulando su proyecto educativo a la baja, para hacerlo accesible para las familias”.

Cuenta Zurita que “también hay escuelas que optan por efectuar aumentos mínimos, para que no se les dispare la morosidad, pero tarde o temprano, de esa manera acumulan deudas y generan una bola de nieve”.

La comparación con crisis pasadas surge inevitablemente. “La última caída fuerte de matrícula que registra el sistema fue en 2001 y 2002, pero antes de eso habíamos tenido un fenómeno similar al actual", dice y agrega: "Esa caída fue abrupta pero breve. En 2003 rápidamente comenzó la recuperación”.

Cierre y negocio inmobiliario

Zurita afirma que el mayor problema se observa en los niveles inicial y maternal. “Muchos de esos jardines, sueltos, que no están integrados a una escuela primaria, alquilan, ahora les va a subir el alquiler y no van a poder trasladar ese costo a la cuota, porque muchos manejan cuotas bajas, para sectores populares; y van a tener que cerrar”, anticipa. 

La pregunta que subyace es quién enfrentará esa nueva demanda, ¿la provincia? ¿los municipios? ¿con qué recursos? ¿hay, si se confirma este vaticinio, vacantes suficientes para todos?

La referencia a la incidencia de los alquileres trae a la conversación el caso del colegio Mancedo de Quilmes, que sus dueños cerrarán para hacer en su lugar un desarrollo inmobiliario. Consultado sobre si esto es una tendencia creciente, Zurita lo niega, pero aclara que "tampoco es un caso único". 

El negocio inmobiliario no es el único que compite con la actividad educativa. Zurita reconoce que cada vez cuesta más encontrar docentes, especialmente en ciertas asignaturas. "Es muy difícil conseguir docentes de informática porque están trabajando para el exterior de programadores o los de idioma, prefieren hacerlo para las empresas porque cobran más". 

La ley establece que un niño tiene derecho a terminar el año escolar aún cuando sus padres dejen de pagar la cuota. “Lo más drástico, que casi nunca ocurre”, aclara Zurita, “es que se envíe una carta de no admisión por falta de pago o incumplimiento del contrato educativo". "Pero antes de eso hay muchas opciones: planes de pago, quitas, becas. El tema es que no todos los colegios tienen espalda para hacerlo", señala a la vez, que destaca que por la convivencia escolar "uno conoce a las familias y sus historias a través de los años, sabe quién tiene voluntad de cumplir”.