Bajo el título "La Argentina no se vende", la Mesa Agroalimentaria rechaza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, bautizado como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, por su carácter autoritario y anti-republicano, siendo un claro golpe a las instituciones democráticas.

El Decreto modifica 300 leyes. A pesar de su vigencia, está pendiente de revisión tanto en el Poder Legislativo como el Judicial, generando un vacío jurídico que atenta contra los pequeños y medianos productores, las economías cooperativas y regionales y el cuidado del medio ambiente.

Desde el plano ideológico o metodológico, el Decreto da por supuesta una situación de libre mercado que no puede ser tal debido a la importante concentración con la que cuenta la estructura económica argentina. El decreto redactado por estudios de abogados del poder económico, entre los que se encuentran los grandes pooles de siembra del agronegocio, favorece a empresas multinacionales, dejando en clara desventaja a un amplio sector de la población que va desde las clases populares a la pequeña y mediana industria.

“Esta derogación de leyes beneficia al agronegocio, a la agroindustria concentrada y contaminante y al negocio inmobiliario, y deja a vastos sectores del pueblo desprotegidos”, cuestionó Juan Pablo Acosta, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

El otro campo

Cuando en 2019, el Frente de Todos llegó al gobierno, las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños y medianos productores de alimentos, presentaron un plan Agrario, Soberano y Popular, elaborado en un foro conjunto en mayo de ese mismo año. Dos años después, en junio de 2021, pasada la pandemia y en medio de las elecciones de medio término, se creó la Mesa Agroalimentaria Argentina bajo el lema “el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria”.

Desde la UTT, además de los clásicos verdurazos y su red de mercados propios, se viene impulsando, en conjunto con gobiernos municipales como los de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda, espacios de comercialización que acercan a los productores con los consumidores. Los estudios del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) vienen demostrando, hace más de dos años, que la inflación en este tipo de locales o ferias no solo es menor a las grandes cadenas de supermercados, sino que además ofrecen una mejor calidad de alimentos.

Muchos pasos atrás

La asunción del Milei, lejos de solucionar los problemas de distribución de la tierras, esquema de arrendamientos, concentración económica y especulación a través del abuso en posiciones dominantes en la intermediación económica, el mercado financiero o los favores del Estado (como el dólar soja o el nuevo Bopreal), profundiza el esquema de encarecimiento del alimento en la mesa de los argentinos.

“Cada uno de los puntos del DNU beneficia a un grupo reducido de empresarios que desde siempre hacen negocios a costa de la miseria del pueblo argentino”, dice el reciente comunicado de la MAA con respecto al DNU que deroga, entre otras, la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, arremete contra la regulación estatal del precio de la yerba mate, contra la política de abastecimiento de mercaderías en góndola y el resguardo del mercado interno; también contra leyes que regulan la vitivinicultura y la producción azucarera y contra las limitaciones a la extranjerización y la concentración de la tierra.

Además la MAA repudió la aplicación generalizada de retenciones del 15 por ciento y del impuesto a la importación llamado PAIS: “Las retenciones e impuestos deben ser segmentados y diferenciados. El campo tiene una diversidad de actores que deben ser tratados de manera diferente”.

* Licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y Master en Periodismo de la Universidad del País Vasco.