El municipio de Pellegrini se queda, por el momento, sin la "mileización" que parecía fundar la nueva etapa en la provincia de Buenos Aires. La intendenta del PRO, Sofía Gambier, quiso avanzar con la aplicación de una ordenanza para arancelar la atención del único hospital público del distrito. Pero se encontró con el freno de los concejales de Unión por la Patria, que lograron un dictamen en el Concejo Deliberante y denunciaron la “inconstitucionalidad” de la iniciativa. Por esa razón el Ministerio de Salud provincial tomó cartas en el asunto. Si la medida quedara vigente, un pellegrinense podría llegar a tener que pagar 300 mil pesos por un parto o una cesárea, e incluso debería abonar el traslado en la ambulancia municipal.
Desde la cartera conducida por Nicolás Kreplak informaron a Buenos Aires/12 que las conversaciones con Gambier vienen encaminadas y el objetivo es claro: ir para atrás con la ordenanza. Sucede que no es cualquier ordenanza, es la Impositiva, por lo cual deberán trabajar de forma acelerada para reacondicionar la que resulta ser la columna vertebral de cualquier presupuesto.
Ante la consulta de este medio, la intendenta no respondió. Sí habló con el medio Todo Noticias donde aseguró que “si un paciente que no está mutualizado quiere pagar la intervención que se le realiza en el hospital lo puede hacer, pero si no puede se lo va a atender igual” y se refirió a los precios publicados como un “canon solidario”. Por tanto, remarcó que “no va a haber ningún vecino que no vaya a ser atendido”.
Para el bloque de concejales peronistas liderados por el ex candidato a intendente local, Bruno Buyatti, la manera de resolver la cuestión es simple: “si no es para que se pague entonces que quiten eso de la ordenanza”. El objetivo de los representantes de UxP es evitar abrir la puerta a un experimento cercano a lo que propone el presidente de la Nación, Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones mostró su adhesión a la privatización del sistema de salud.
¿Qué pasó en Pellegrini?
Durante la sesión del 26 de diciembre, la concejala de UxP Evelyn Tomasello fue contundente en el planteo y advirtió que realizar algún tipo de cobro por los servicios prestados en un hospital público va en contra de la Constitución Nacional, también de la Provincial, así como de los Tratados Internacionales a los cuales suscribe el país.
Además, remarcó que, en caso de convalidar esta medida, tanto los ediles como el Poder Ejecutivo pellegrinense estarían a merced de denuncias penales por parte de cualquier ciudadano al que se le intente cobrar por alguna prestación.
Más allá de las conclusiones expuestas por el peronismo, los seis concejales de Juntos por el Cambio votaron a favor. Leandro Graziano, presidente del bloque oficialista, reconoció que “no es un tema en el cual esté muy capacitado, pero esto es solo una actualización de lo que se venía cobrando”. Esa lógica viene siendo la versión del oficialismo: siempre se hizo así.
Pero la lupa de UxP no dejó pasar esta situación ante la efectiva publicación de la ordenanza en el Boletín Oficial. En el Ministerio de Salud bonaerense también tienen en claro que no corresponde efectuar los cobros teniendo en cuenta que, al ser un hospital público, recibe recursos coparticipables por la atención que brinda.
Se trata del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que suele estar en medio de constantes tironeos durante la negociación del presupuesto provincial, y tiene como una de sus principales variables para repartir fondos la cantidad de camas o la cantidad de prestaciones brindadas por el municipio.
“Estarían cobrando dos veces por el mismo servicio”, señalaron desde el ministerio.
La norma está vigente, pero en su texto dictamina que el municipio hará encuestas para determinar quien está en condiciones de pagar por los servicios de salud. Las encuestas aún no fueron realizadas, por lo que aún no se está aplicando, más allá de que, según las voces del peronismo local, hubo quejas de vecinas y vecinos de que alguna vez les cobraron algún servicio en el hospital.
Contradicciones en el oficialismo
Las declaraciones de la intendenta Gambier a poco más de un mes de asumir son, de mínima, contradictorias con el texto de la norma votada. En su artículo 40, la ordenanza dice claramente que el Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato de Pellegrini “cesa en su estado de gratuidad" a excepción de los “pacientes con necesidades básicas insatisfechas”.
Ahora bien, también dictamina que la metodología para saber quiénes cumplen con ese requisito será una “encuesta” a cargo del área de Bienestar Social. De allí se desprende que en el inciso C se hable de “pacientes no mutualizados y con capacidad de pago” a los cuales “se les facturará por las prestaciones médicas y sanatoriales de acuerdo a lo establecido en el artículo 41”.
Aquí reside el foco de la denuncia de UxP que en su dictamen argumentaron que “está prohibido en un hospital público el cobro de aranceles, bonos contribución y toda otra contribución dineraria o en materiales de uso médico por parte a los usuarios del sistema, cualquiera fuere su condición”.
En términos de justificación, el texto presentado por el peronismo indica que en el inciso 8 del artículo N° 37 de la Constitución Provincial establece que “la Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sostiene el hospital público y gratuito en general”.
Sobre la encuesta que busca definir quiénes pueden pagar un canon y quienes no, durante la sesión donde JxC decidió votar a favor de la ordenanza, la concejala Tomasello advirtió que no hay certezas de que la encuesta llegue a todos los hogares y “determinar que alguien puede pagar puede ser motivo de una denuncia penal”.
La respuesta de Graziano en aquella ocasión fue que “no cuenta con una formación académica” como para evaluar correctamente la situación más allá de que en más de una intervención se le mencionó la inconstitucionalidad de la norma. Incluso pidió “redondear el tema” e ir directo a la votación y dijo que “no cree que sea un cobro inconstitucional”.
Por el lado de la intendenta Gambier, en sus declaraciones a los medios hizo hincapié en que el cese de la gratuidad es un “formulismo jurídico” y que los aranceles son para poder “facturarles a las obras sociales”. En el inciso b del artículo 40, efectivamente, se habla de que los ciudadanos que estén mutualizados, es decir, tengan cobertura médica, están exentos de la atención gratuita.
Esta condición es común a todos los hospitales públicos, tal como lo afirma el ministerio de Salud. Cada efector público de salud luego le cobra las prestaciones correspondientes a la prepaga u obra social pertinente. Lo que no puede suceder, bajo ningún aspecto, es que un hospital público niegue la atención por alguna condición económica.
Los costos según la ordenanza
El artículo 40 deja en claro que habría ciudadanos que estarían en condiciones de pagar los servicios de salud. En caso de que esta medida avance, se hagan las encuestas, y un pellegrinenses fuera catalogado dentro del conjunto de aquellos que puedan abonar el servicio, un parto o una cesárea tendría un valor de 300.590 pesos, la atención por guardia costará casi 9 mil pesos y una ecografía ascendería a 11.300 pesos.
La simple consulta médica tendría un costo de 3.080 pesos, una radiografía o un electrocardiograma saldrían 3.850 pesos y la colocación de un yeso pisaría los 8 mil pesos. Además, el traslado en ambulancia tendría un precio básico de 7.700 pesos por 30 kilómetros. En caso de que la distancia sea mayor, el valor de cada kilómetro será equivalente a al precio de un litro de gasoil, y si la ambulancia debe ir con un médico, el costo será de un litro y medio de gasoil.
