El gobierno nacional volvió a atacar a los gremios, esta vez por los amparos presentados contra los puntos del DNU 70/2023 que atacan los derechos laborales. Lo hizo a través del vocero Manuel Adorni, quien ninguneó a las organizaciones sociales que recurrieron a la Justicia y ratificó los descuentos a los estatales que adhieran al paro general.
“Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia” y “no hay ninguno de quienes dan trabajo y crean empleo en el país”, chicaneó Adorni en su habitual unipersonal en Casa de Gobierno y a solo cuatro días del paro general de la CGT.
La expresión fue lanzada luego de ponderar la decisión de la Unión Industrial Argentina (UIA) de respaldar el capítulo laboral del DNU a través de un amicus curiae en favor del Gobierno. De esta manera, la administración de Javier Milei encontró un fuerte aliado en su intentona para chocar de frente con la suspensión del decreto decidida por la Cámra Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Adorni ponderó la decisión de la cúpula industrial, una de las patronales más grandes del país, y la elogió por “defender lo que corresponde a cuestiones laborales". Por el contrario, repudió la intervención de los gremios contrastando la función social entre empleados y empleadores.
“Llamativamente, todos los amparos fueron presentados por gremios. Los amparos presentados por empresarios e inversores son cero”, dijo con la obviedad de que quienes defienden las reformas laborales son los favorecidos por ella, y no los perjudicados.
Precisamente, las presentaciones de los gremios dieron cuenta de cómo las anulaciones y reformas de leyes laborales incluidas en el cuestionado DNU dejan a los trabajadores en una mayor situación de vulnerabilidad y pérdida de derechos. Ese fue el motivo por el cual la Cámara de Apelaciones del Trabajo –puesta en el blanco de los enemigos por el Gobierno- ordenó la suspensión del decreto que alega urgencia y, por ende, frenó su vigencia.
En otro tramo de su show frente a la prensa acreditada en Casa Rosada, Adorni volvió a desafiar a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la carta documento que esta le enviara tras el anuncio de descontarles el día a los trabajadores de ese sector que adhieran al paro de la CGT.
“Reafirmo cada palabra: quien no trabaje no va a cobrar”, dijo el vocero arrogándose un rol de empleador y arriesgó una explicación con la corta lógica a la que suele apalear el oficialismo. “El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre”, dijo.
Lo que omite Adorni –y tampoco le fue objetado en la conferencia- es que hay antecedentes que echan por tierra ese breve fundamento. Uno de ellos lo sentó la jueza platense María Ventura Martínez cuando, con la misma lógica, en marzo de 2017 la entonces gobernadora María Eugenia Vidal intentó descontarle días a los docentes que hacían paro.
Ese tipo me medidas “operan sobre la voluntad del trabajador” y “no solamente afectan su libertad sino, tangencialmente, resultan atentatorias del derecho a huelga”, explicó la magistrada.
Por lo tanto, los descuentos “alteran, restringen, limitan o afectan la libertad de los trabajadores y de sus entidades gremiales en las negociaciones colectivas; con lo cual deberán en adelante de abstenerse de realizarlas”, fundamentó en su fallo.
Adorni omitió esa interpretación fundamentada en la Constitución Nacional y se arrogó representatividad y poder de decisión: “Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen a un empleado estatal que no vaya a trabajar”.
Luego, por si fuera poco, chicaneó a ATE por su carta documento dirigida a él y no al Poder Ejecutivo: “Les sugiero, a modo de recomendación, que consulte a sus abogados ya que yo no voy a hacer ningún descuento de manera personal y la carta se me envió de manera personal. Simplemente soy el vocero presidencial”.
