Si avanzan las medidas liberales de comercio exterior como las contenidas en el DNU, la industria nacional se prepara para un nuevo capítulo negro en su historia. Un tejido conformado mayoritariamente por pymes (empresas con menos de 100 trabajadores) que dan cuenta del 77 por ciento del empleo privado en el mercado local. Ante una entrada masiva de importaciones los sectores más perjudicados serán indumentaria, textil, calzado, juguetes, electrodomésticos y autos. 

“El tamaño de la crisis dependerá de dos factores: el mercado interno y el tipo de cambio real. Si el mercado interno se desploma por la recesión y el tipo de cambio se aprecia rápidamente, entonces la apertura se sentirá fuerte. Si el tipo de cambio se mantiene alto y el mercado interno aguanta, el impacto de la apertura será más leve”, comentó una fuente del sector industrial que prefirió mantener el anonimato. En ese sentido importan más las medidas macroeconómicas, o bien fiscales porque el ajuste impactará inevitablemente sobre el consumo interno y de momento es la prioridad de la política económica, y la velocidad a la que ajusten los precios en los próximos meses, porque el Gobierno podría apelar a un nuevo reacomodamiento cambiario.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) fue enfático: “Rechazamos los artículos del DNU 70/2023 sobre la desregulación de las importaciones pues son de los más sensibles para el aparato productivo nacional. Eso significa la entrada de productos terminados que en muchos casos ingresan a precios de dumping, es decir por debajo del valor que sale producirlos, y así es imposible competir”. El representante empresarial fue selectivo en cuanto al contenido del texto al que se opone en rigor de sus propios intereses, y ese fue el camino que tomó la discusión pública sobre el DNU en el país.

Otra fuente del sector pyme reconoció que “si el DNU se aprueba tal como está, cambiarán todas las reglas de juego del mercado, y las micro y pequeñas empresas (que dan cuenta del 85 por ciento del total) van a tener que reinventarse: algunas cerrar, todos procesos que involucran gastos sin ingresos. Mientras que el 15 por ciento que son empresas grandes y consolidadas se va a enriquecer muchísimo”. La misma fuente mencionó que el relato del Gobierno choca muchas veces con la realidad: “el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que quién quiera importar iba a poder hacerlo, pero la realidad que es que no hay dólares”. Algunos incluso especulan con que la adopción del nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) era solo un cambio burocrático que no soluciona el problema de la habilitación para importar.

El DNU 70/2023 deroga todos los artículos del Código Aduanero que determinan los causales y modalidades a través de las cuales el Poder Ejecutivo puede decidir restringir el comercio exterior: “El Ejecutivo no podrá establecer prohibiciones o cupos a las exportaciones ni importaciones por motivos o fundamentos económicos”, establece la norma. La liberalización de importaciones “significará el cierre de miles de fábricas y decenas de miles de trabajadores quedarán en la calle”, remarcó Rosato.

El DNU también elimina la obligatoriedad de un registro para realizar operaciones de comercio exterior, lo cual permite que personas sin formación profesional reemplacen al despachante de aduana, encargado de velar por el cumplimiento de exigencias y estándares de tipo sanitario, fitosanitario, técnicos, ambientales.

“El comercio exterior debe tener una regulación como existe en otros países del mundo. Todas las potencias cuidan su industria nacional con barreras paraarancelarias y aranceles”, remarcó Rosato. Su afirmación recuerda la idea de “patear la escalera”, del economista coreano Ha-Joon Chang, que describe la estrategia de los países potencia que desarrollaron sus economías a la luz del proteccionismo y luego abogaron por políticas liberales en el resto del mundo, impidiendo que otros subieran por la misma escalera que les permitió crecer. La eliminación de regulaciones además va en contra del giro contemporáneo de las políticas públicas, hacia un neoproteccionismo, reconocido inclusive en el artículo reciente Return-of-Industrial-Policy-in-Data-542828">The Return of Industrial Policy in Data del FMI.

Amenaza sectorial

Para Anahí Rampinini, investigadora de Conicet y Unlu, el grupo de sectores más fuertemente vulnerados con la apertura de las importaciones serán “en especial aquellos que contaban con un alto nivel de protección con las Licencias No Automáticas (LNA) durante la gestión anterior, tanto por la cantidad de productos protegidos como por el peso que estos tienen en el total importado del sector, es el caso de las prendas de vestir, textiles, maletas y bolsos, tejidos, tapices y alfombras, calzado, muebles, juegos y juguetes, motos y bicicletas”. Vale aclarar que las LNA son un instrumento poco difundido a nivel global hoy aunque en Argentina en el último tiempo abarcaban cerca de un 45 por ciento del total de las importaciones. “Muchos de aquellos sectores son mano obra intensiva y están conformados por empresas pymes de capital nacional”, aclara la especialista.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri, la industria textil sufrió un duro golpe, con el cierre de más de mil empresas, lo que significó una reducción del 12 por ciento en las fábricas textiles y casi un 20 por ciento en indumentaria. Esto se reflejó directamente en la pérdida de alrededor de 30 mil puestos de trabajo formales que representaban alrededor de un cuarto de la fuerza laboral registrada de la cadena textil e indumentaria”, explicaba la economista Denisse Capart en un artículo publicado por este diario.

En tanto, un trabajo coordinado por Santiago Fraschina de la Undav muestra que durante el macrismo la fabricación de electrodomésticos retrocedió en la mayoría de sus ramas. “La más afectada fue ‘línea blanca’, en aires acondicionados la caída fue 41,3 por ciento en 2017 respecto a 2015, en hornos a microondas del 16,4 por ciento, mientras heladeras y freezers retrocedieron 11,2 por ciento, lavarropas y secarropas 12,3 por ciento y cocinas registró una baja del 1,8 por ciento”, sostiene el informe. “En ‘línea marrón’ se destacó la caída en la producción de notebooks, tablets y PC, que pasó de 376 mil en 2015 a solo 16 en 2017, mientras en el mismo período la elaboración de monitores cayó 60,7 por ciento, de cámaras fotográfica 92,7 por ciento y de celulares 11 por ciento respecto a 2015”, agregaron. La merma de la producción –agregada del 22,9 por ciento- obedeció al desplazamiento de los productos nacionales por importados, además de menores ventas del mercado interno, concluía el trabajo.

Desde el autopartismo señalaron que el sector “tiene aranceles promedio del 5 al 6 por ciento desde hace más de 15 años, por la alta incidencia de la exportación de las terminales”, advirtiendo de alguna forma que esa protección debería mantenerse. Lo indicó Juan Cantarella, gerente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), quien además sostuvo que el “impuesto PAÍS sobre la cadena exportadora y la amenaza de eventuales derechos de exportación, afectan críticamente la competitividad”. El sector está formado por unas 400 empresas, mayoritariamente pymes, y emplea en forma directa unas 50.000 personas, según AFAC. Al tiempo que señalaron la necesidad de “tener esquemas impositivos y laborales modernos, acordes a los de los países con los que competimos”, en ese sentido apoyando ciertas modificaciones contenidas en el DNU.