“Nosotros no negociamos, recibimos sugerencias”, repiten en el Gobierno para disimular el pacto que sellaron con bloques opositores por la denominada ley ómnibus. “Tuvieron que ceder”, festejan los aliados, sin contar las concesiones que ellos mismos aceptaron. El principio de acuerdo llegó después de intensas jornadas de rosca parlamentaria, al mejor estilo casta, y seguirá tomando forma este fin de semana. Si bien hubo avances, aún queda mucho por definir. Los legisladores del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal ya recibieron el proyecto desmalezado por la Casa Rosada y se tomarán estos días para analizarlo. Las modificaciones incluyen retenciones, límite a las facultades delegadas y la no privatización de YPF, entre otros puntos. El objetivo del oficialismo es emitir dictamen y darle media sanción la semana que viene en Diputados, para que comenzar cuanto antes el debate en el Senado. Ajustado por los tiempos, Milei se vio obligado a extender ayer las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. El trámite parlamentario, ya sabe, no será sencillo.
Entre el Hotel Savoy y el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se consumó el entendimiento con las fuerzas “amigables”. El jueves por la tarde los aliados opositores plantearon sus demandas y ayer recibieron el texto con los nuevos cambios. Una de las claves de la discusión giró en torno a las facultades delegadas a Javier Milei. El texto original establecía dos años de canilla libre de decretos para el Presidente y la posibilidad de extenderlas por dos más. En suma, prescindir del Congreso durante todo su mandato. Las modificaciones ahora plantean un año de facultades delegadas, más otro prorrogable. Además, una menor capacidad de fuego porque se eliminan las delegaciones en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.
El otro foco de conflicto era la movilidad jubilatoria. El Gobierno quería eliminar la fórmula y otorgar aumentos discrecionales. Tras varias idas y vueltas se establecieron dos alternativas: no tocar nada y dejar la norma existente para discutirla más adelante o cambiar el mecanismo de actualización para que esté atado a la dinámica inflacionaria. "Nadie tiene una fórmula adecuada para esto y han habido varios fracasos en este tema", sostuvo el ministro Guillermo Francos, que aprovechó para cuestionar las moratorias. "Lo que pasa es que hemos desvirtuado tanto el sistema jubilatorio. Ha habido tanta gente que se jubiló y recibe pensiones sin haber aportado nunca, que la relación está absolutamente desvirtuada", concluyó.
Las retenciones, en tanto, es uno de los grandes temas para los gobernadores y de absoluto interés para los productores agropecuarios. El texto original establecía una suba del 0 al 15 por ciento en los derechos de exportación para las economías regionales. En el nuevo se dio marcha al incremento y se mantiene en 33 por ciento para la soja. En paralelo, se elimina la facultad para aumentarlos por decreto. "Creemos que las retenciones son un impuesto regresivo. No ayuda a la producción ni al empleo. Entendemos que el Gobierno ya no tiene dónde recortar gastos y por un periodo de tiempo necesita conseguir para no emitir más billetes, pero para nosotros era muy importante dejar de lado a las economías regionales", explicó el diputado del PRO Damián Arabia.
La privatización de YPF fue descartada. La petrolera no forma parte de la extensa nómina de 41 empresas públicas que podrían ser vendidas a privados. De esta forma seguirá siendo una sociedad mixta con el 51 por ciento de sus acciones bajo control estatal. Además se fijó que ante cualquier propuesta de privatización, el Ejecutivo deberá enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. En ese sentido, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal buscan blindar el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
Por el momento, quedaron dudas en la oposición respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley ómnibus en principio permitía liquidar sus activos (después de ser transferido al Tesoro), aunque ahora se incorporó que también necesitará contar con un de la Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones. El tema acá es si habrá cambios en el funcionamiento de esta comisión.
Luego del enojo de los gobernadores patagónicos, se consensuaron los cambios en el Régimen Federal de Pesca. El borrador precisa que "se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local".
En tanto, en la Ley de Hidrocarburos se incluirá "la aclaración 'Nacional o Provincial', según corresponda, para evitar cualquier duda sobre competencias de las provincias en la materia, en todo el articulado" y se mantendrá la facultad de las provincias de controlar el plan de inversiones. Esta era otra reforma que había suscitado reclamos encendidos por parte de los mandatarios locales.
En el capítulo Seguridad, quedó afuera el artículo que consideraba una manifestación a la reunión de tres personas en la vía pública. Este cambio ya había sido anticipado por Patricia Bullrich en el debate en comisión. Tras los duros cuestionamientos de casi todos los bloques legislativos y organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad se había excusado diciendo que “hubo una mala interpretación” de la reforma. “Denlo por retirado”, concluyó. La otra polémica que sí quedaría incorporada es la que fija como "pena en el Código Penal los bloqueos a comercio o industrias".
En relación a la reforma política, quedaron descartadas la implementación del sistema de circunscripción uninominal y la modificación de la composición de la Cámara de Diputados. La eliminación de las PASO tiene mayor consenso, pero podría patearse para más adelante.
Trámite espinoso
El debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales seguirá el lunes o martes. El oficialismo asegura que conseguirá el dictamen y espera poder sesionar el jueves 25. Sería un día después del paro y movilización organizado por la CGT, y del que participarán las organizaciones sociales.
En La Libertad Avanza confían en que las conversaciones llegarán a buen puerto y que el proyecto saldrá aprobado por todos los bloques salvo Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Desde bloques aliados relativizan esa expectativa. Ayer, por ejemplo, a contramano de las negociaciones que encabezó el diputado Rodrigo De Loredo, la Convención Nacional de la UCR le pidió a sus diputados que vayan al recinto con dictamen propio y calificó a la iniciativa de “improvisada y antidemocrática”.
Más alla de la pulseada por el contenido, en la oposición existen fuertes cuestionamientos por la forma en la que el Gobierno entabló las negociaciones. Tanto en el radicalismo como en Hacemos Coalición Federal no dejan de condenar las presiones y amenazas que recibieron en el último tiempo. Se quejan y apuntan directamente contra la violencia del presidente.
