Producto de las negociaciones para lograr el respaldo a la ley ómnibus con los bloques de oposición más cercanos al gobierno, este último fue cediendo a algunos reclamos para modificar su alcance. Entre ellos, el retiro del aumento de retenciones a las exportaciones para un listado de productos agrícolas que forzadamente se presentan como el conjunto de economías regionales. En opinión de los especialistas, "no está claro cuál fue el criterio: se está instalando un mecanismo de negociación que no diferencia entre materia prima y producto con valor agregado, que en muchos casos está facilitando la exportación de los primeros y encareciendo los costos al bien industrializado, y que en definitiva va a terminar provocando una reprimarización de las exportaciones y poniendo en riesgo de subsistencia a muchas industrias del interior, procesadoras de la materia prima de la zona".
La propuesta por escrito que recibieron del gobierno los presidentes de los bloques del PRO, UCR y Coalición Federal tras la discusión sobre el nivel de retenciones que impactan en las economías regionales, dice:
"El listado de los productos con 0% incluye: sector olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arvejas, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos, lana, maíz pisingallo, floricultura, forrajera, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, alpiste, mijo, trigo sarraceno, quínoa, lupinos, lino, vitivinícola, aceites esenciales de limón, algodón textil, forestal, maní y alfalfa".
Como inicialmente el proyecto planteaba que la totalidad de productos exportables de la agroindustria tendrían una retención a las exportaciones del 15 por ciento, esto quiere decir que salvo los mencionados, para el resto la tasa sigue siendo del 15 por ciento.
Por lo tanto, mientras que la producción olivícola, o los cueros bovinos, no pagan derechos de exportación, los productos elaborados como el el aceite de oliva o las manufacturas de cuero, pagarán derechos de exportación del 15 por ciento. Normalmente, un sistema arancelario o impositivo que aliente a su industria, haría exactamente lo contrario.
De algún modo, este sábado el subsecretario de Fortalecimiento Productivo de pymes agroalimentarias, Pedro Vigneau, dio una pauta de la visión del gobierno al respecto. Señaló en un reportaje que la aspiración del gobierno es que "se dupliquen las exportaciones del agro, para poder emprender (a partir de ese momento) un proceso de eliminación de los derechos de exportación para el sector, las que se pusieron (ahora) y las que ya estaban". Y subrayó que "el ancla más importante de este proyecto es el déficit cero".
Si el criterio es esencialmente fiscalista (recaudar más, eliminar el déficit), se entiende que se apunte a tratar de empujar hacia la exportación la mayor proporción posible de producción primaria. Pero ello supondrá las posibilidades de desarrollo de la industria transformadora local y, por lo tanto, el empleo que esta industria genera en el interior productivo. Más que eso, con el actual esquema pondrá a muchas al borde la quiebra.
Según el analista Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y especialista en políticas de desarrollo agropecuario, "el listado de economías regionales a las que le eliminan retenciones es totalmente arbitrario, porque no se entiende por qué entran algunos y otros no (cueros bovinos sí, pero carnes no). Y productos fuertemente regionales, como el girasol (aceitero), la cebada o la colza no fueron incluídas".
Además, advierte que a algunas provincias les va a resultar particularmente perjudicial por el esquema relativo de tasas que establece, entre materias primas y productos industrializados.
"Todo el esquema tiene un fuerte sesgo antiindustrial, pero en algunos productos se observa además un alto impacto regional. Para la provincia de Buenos Aires es particularmente grave, dado que más del 90 por ciento de la cebada, tanto forrajera como cervecera, se produce en su territorio; asi como el 60 por ciento del girasol y el 55 por ciento de la colza. Igualmente, se arraigan en la zona las industrias vinculadas, tanto las malterías como las de aceite de girasol. El nuevo esquema va a imponer una transferencia de recursos de la producción provincial al estado nacional por cerca de 100 millones de dólares, que además no es coparticipable. Y por otra parte, arruina a la industria procesadora provincial".
