En medio de las legítimas demandas por la recomposición salarial en La Rioja, operaciones libertarias han generado controversia al intervenir en las protestas de diferentes sectores, sembrando el caos social y contribuyendo a la confusión reinante.
En las recientes manifestaciones de los trabajadores, la desinformación y la influencia de intereses políticos han provocado un clima de incertidumbre y malestar entre la población.
En tanto dirigentes vinculados al oficialismo nacional, han intentado ser la voz de varios reclamos distorsionando los objetivos de la mayoría de los trabajadores. Esta intervención se suma a publicaciones de redes sociales y medios de comunicación cercanos al Gobierno nacional que vienen instalando ideas amigables con una posible intervención federal, comparando al gobernador reelecto, Ricardo Quintela, con gobernadores destituidos en golpes institucionales previos. A este operativo se le suman las expresiones de diversos dirigentes del partido libertario, como Martín Menem, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a "defenderse de las autoridades provinciales", cual si estas fuesen una especie de enemigo del pueblo, o directamente el militante libertario Fabricio Gomez vanagloriándose en la marcha de los policías de tener un plan para que la provincia sea intervenida y Menem la gobierne.
En este contexto, el grupo de policías que intentó tomar la Casa de Gobierno el viernes 12 quedó solo cuando la mayoría desconcentraron tras el acuerdo salarial que los movilizaba. El plan de intervención federal que Gómez arengaba en uno de sus medios amigos se frustró en ese momento. Luego de la tensa manifestación policial, los reclamos de los trabajadores de salud fueron los principales protagonistas de las protestas de esta movilizada semana. Se pudieron observar publicaciones de dirigentes políticos que operan dentro de la asamblea de autoconvocados desviando la atención hacia reclamos que van más allá del aumento salarial. El objetivo de ese sector es transformar dicho reclamo en una demanda social contra el gobernador Ricardo Quintela, mientras el mismo Javier Milei lo convierte en su principal contrincante, cuestionando su administración de recursos. En tanto el riojano cuestiona judicialmente la constitucionalidad del mega DNU y la retención indebida de miles de millones de pesos de la coparticipación federal que le corresponde a la provincia por ley.
Mientras las cuentas libertarias de redes sociales se transforman en promotoras de información falsa sobre lo que sucede en La Rioja, a nivel local las convocatorias a estas manifestaciones se vuelven cada vez más confusas. Los trabajadores de la salud intentan desvincular su reclamo de cualquier interés partidario, enfocándose en la necesidad de un salario digno que compense la pérdida de poder adquisitivo que venían padeciendo hace mucho y que se vio agravado por las recientes medidas del gobierno nacional.
Durante la semana hubo varias marchas de distintos sectores, las más destacadas fueron las constantes concentraciones del sector público de salud en la plaza 25 de Mayo. A esto se le sumó vialidad cortando el tránsito, el sindicato de los trabajadores estatales reclamando la situación al Gobierno nacional, y un reclamo en la puerta de Martín Menem, responsabilizándolo por la situación de la provincia y acusándolo de traidor.
La confusión más grande sucedió este viernes, mientras los trabajadores de salud convocaban en plaza 25 de Mayo, circulaba información que sostenía que se movilizaban para demandar la renuncia del gobernador, y al mismo tiempo los pedidos de justicia del primer femicidio del año convergían en el mismo horario y destino.
Este viernes se congregó una importante cantidad de personas que marcharon con sus reclamos alrededor de la plaza. Los medios nacionales publicaron que la marcha se debía a un reclamo contra el bono que se aprobó en la provincia. Al respecto, excepto el Sindicato de Autoconvocados de la Educación que se pronuncio en su contra de su aplicación, la mayoría de los sindicatos mostraron públicamente su aprobación (CGT, ATSA, ATP, SETIA, SELeR, entre otros).
En definitiva la incapacidad de resolución entre el Gobierno nacional y el provincial ha dejado a la población sumida en reclamos e incertidumbre. Algunos ciudadanos esperan que el anunciado bono pueda aliviar la situación en unos meses, mientras otros expresan su enojo con la situación. Como si esto fuese poco, la desinformación se ha convertido en una constante, poniendo en evidencia la vulneración del derecho a la información de la ciudadanía, y a su vez contaminando el derecho a la protesta.
La situación en La Rioja se caracteriza por un escenario de malestar, desinformación y manipulación de intereses políticos en medio de las legítimas demandas por mejoras salariales. La población queda atrapada entre la incertidumbre y la desesperación de no llegar a fin de mes, mientras la búsqueda de consensos entre los gobiernos parece lejana y la desinformación se erige como la norma que atenta contra la gobernabilidad y la paz social en la provincia.
