El presidente de Brasil, Michel Temer, consideró ayer “muy probable” que se modifique la normativa dispuesta esta semana por el Ministerio de Trabajo que flexibilizó las reglas de control contra el trabajo esclavo en el país, atenuando sus efectos al incorporar sugerencias formuladas por la fiscal general, Raquel Dodge, luego de la ola de críticas a nivel nacional e internacional que recibió la medida. 

En una entrevista con el portal Poder 360, Temer señaló que el titular de la cartera laboral, Ronaldo Nogueira, “está examinando las sugerencias” de la procuradora Dodge y evaluó como “muy probable que incorpore varias” por medio de una nueva resolución. “El ya estuvo dos veces con la doctora Raquel Dodge. Recibió sugerencias. Es muy probable que incorpore varias”, dijo el presidente brasileño.

A pesar de la presión de varios sectores de la sociedad y de cuestionamientos como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que condenó las medidas por aumentar “la desprotección de una población que ya era muy frágil”, Temer no dio señales de que pueda revocar la resolución que alivia las características de explotación laboral en el ámbito agropecuario.

No obstante, el mandatario sugirió que tras conversar con Nogueira, el ministro “ya incorporó intelectualmente” la sugerencia de la fiscal general para “establecer en el Ministerio de Justicia –donde ya hay una comisaría para delitos previsionales y laborales– una comisaría de crímenes del trabajo esclavo”.

Dodge le entregó al ministro de Trabajo el miércoles pasado un escrito con sugerencias y críticas a la nueva normativa, entre ellas que la Policía Federal cuente con una unidad específica de combate al trabajo forzado. 

La medida del gobierno de Temer responde a una serie de requisitos reclamados por el empresariado agrícola, como eliminar una “lista sucia” de firmas incluidas por los inspectores del Ministerio de Trabajo para denunciar situaciones de trabajo análogas a la esclavitud. Ahora, esa lista será publicada luego de ser revisada por la cartera laboral, cambiando la legislación vigente desde la década de 1990.

La medida limita además el concepto de trabajo análogo a la esclavitud a la restricción de la libre circulación del trabajador y descarta otras prácticas consideradas como esclavitud moderna por la OIT, para la que Brasil corre el riesgo de “interrumpir una trayectoria de éxito que era modelo de liderazgo en el combate al trabajo esclavo en la región y en el mundo”. Entre las prácticas que ya no pueden ser consideradas trabajo esclavo figuran las jornadas exhaustivas, los descuentos en el salario de supuestas deudas por alimentos o alojamiento, el trabajo en condiciones degradantes o las intimidaciones, incluso armadas, para que el trabajador no denuncie su situación a las autoridades.

La reforma fue festejada por el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, conocido como el “rey de la soja” y un gran productor de la oleaginosa.

La flexibilización de las reglas de control contra el trabajo esclavo en Brasil dispuestas por el gobierno de Temer causó un revuelo en la oposición y también en el oficialismo, luego de que el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso calificara de “inaceptable” el cambio reclamado por productores rurales, que le garantizan mayoría parlamentaria al presidente.

Los cambios en las reglas se producen meses después de que la bancada oficialista en el Congreso tuviera que retirar, debido al escándalo que provocó, un proyecto de reforma a las leyes que rigen el trabajo rural y que contemplaba autorizar como forma de pago del salario la entrega de alimentos y vivienda, además de una jornada laboral de hasta 12 horas durante 18 días seguidos.