En vísperas del paro nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que le llegan mil denuncias por día de trabajadores que sufren “aprietes” sindicales para que se sumen a la huelga. También afirmó que este miércoles va a hacer cumplir el protocolo antipiquetes “según el nivel de agresiones con el que puedan venir” -en alusión a los manifestantes-, aumentando la tensión previa a la marcha al Congreso, y polemizó con el secretario general de la CGT Héctor Daer. En otras palabras, no dejó gesto sin hacer para ganar espacio en las noticias, mostrándose como la principal espada del gobierno de Javier Milei frente al paro.

Durante una entrevista radial, Bullrich sostuvo que las medidas incluidas en la Ley Omnibus y el megaDNU presidencial "simplifican la vida, sacan privilegios y generan elementos fundamentales como es la esencialidad en la educación", y sugirió que la adhesión al paro es más forzada que real: dijo que la línea 134, la vía telefónica que habilitó para recibir denuncias de personas que sean obligadas a participar en manifestaciones, registra "1.000 llamadas por día denunciando un montón de extorsiones y aprietes".

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La exfuncionaria de la Alianza remarcó que los llamados son "tanto de gente de organizaciones sociales como de personas a las que les dicen 'tenés que venir a trabajar y a las 12 te subís al micro o te subís al tren y te vas al paro porque te vamos a estar mirando'”. En resumen, según ella "todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado".

La ministra salió así a cuestionar el paro, que será activo.  Sus argumentos fueron los que la derecha esgrime habitualmente cuando hay protestas sociales: que los manifestantes van obligados o que son opositores, que en el tema hay segundas intenciones, que los dirigentes son corruptos y que la responsabilidad principal del gobierno es que nadie corte la calle, mantener el “orden” para garantizar que las personas (de bien, diría Milei) puedan llegar a sus trabajos.

La ministra destacó, en ese línea, que hará "todo lo posible" para que "todo argentino que quiera trabajar no se sienta amedrentado".

“El orden de las calles y que puedan hacer marchas en la vereda y sin cortar, es una decisión tomada”, adelantó sobre el protocolo de seguridad. En cuanto a cómo lo va a implementar -recordemos que la marcha del miércoles en CABA la marcha va a ir hasta el Congreso para reclamar a los diputados y senadores que no aprueben la ley ómnibus y el DNU presidencial- expresó que “la forma depende de las condiciones, del nivel de agresión y de provocación con el que puedan venir. Hay veces en que las cosas son más fáciles de hacer y otras que son más difíciles, pero lo que podamos hacer para cumplir el protocolo lo vamos a hacer”.

Cruce con la CGT

Por otra parte, Bullrich salió a contestarle a Héctor Daer, el titular de la CGT, que había advertido que los diputados que voten a favor de la Ley ómnibus, debido al rechazo de la población, no podrán "caminar por la calle". "¿Cómo puede caminar él por la calle? Los que voten esta ley van a ser personas que están ayudando a que el país salga adelante", replicó la ministra.

"Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país", completó. Además, criticó que el paro se realice  "a un mes y medio de un nuevo Gobierno" y lo calificó como una "extorsión" para "mantener privilegios".

Conociendo su historia, era cantado que Bullrich iba a confrontar con las organizaciones sindicales. Sin embargo, no es casual que sea ella quien busque el protagonismo mediático. Frente a un cuestionamiento político, social y económico como la medida convocada por la CGT, las CTA y la UTEP, bien podría ser el ministro de Economía o el responsable del área de trabajo quien saliera al cruce de la protesta.

Y es que en las dos últimas semanas, ante la caída de la imagen de Milei, el gobierno viene apostando a que la “agenda de la seguridad” gane presencia en la opinión pública. La apuesta parece ser a que desplace -o al menos tape en lo que pueda- a las preocupaciones económicas.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha hecho anuncios fuertes: que va a presentar un proyecto de baja en la edad de punibilidad -de 16 a 14 años- (el domingo pasado, lo anunció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y lo respaldó Bullrich), que va a poner al ejército en la lucha contra el narcotráfico (hace diez días lo dijo el titular de Defensa, Luis Petri, que fue compañero de fórmula de la ministra), que va a expulsar del país a los extranjeros que cometan delitos (la propia Bullrich, hace tres días); también entre en la lista  el espectacular operativo para deportar a la familia de un narcotraficante ecuatoriano, que al llegar a Ecuador fueron liberados... porque la justicia no tenía cargos con ellos. 

La sobreactuación de Bullrich resulta clave en la estrategia de gobierno de Milei: las malas noticias económicas van en tándem con anuncios impactantes en el área de Seguridad. De hecho, esta táctica puede verse desde el arranque del gobierno de Milei: el mismo día que se realizaba la primer marcha opositora a su gestión -una movilización del Frente de Lucha Piquetero a Plaza de Mayo, relativamente pequeña-, la ministra estrenó su Protocolo de Seguridad con un megaoperativo copó durante horas todas las pantallas, y Milei anunció, esa misma noche, el DNU para desregular la economía.