El Ministerio Público Fiscal de La Rioja ha iniciado acciones penales contra un grupo de manifestantes que, según las autoridades, estaban planeando un atentado contra bienes del Estado y la salud pública. La gravedad de los mensajes difundidos, que incitaban a la violencia colectiva, motivó la intervención de la Fiscalía.
Entre los mensajes que tomaron público conocimiento se encuentran expresiones como "a la casa de gobierno ahí hay que prender fuego de una vez" y respuestas que sugerían llevar elementos incendiarios como nafta y botellas de vidrio. Además, se instigaba a la destrucción de cámaras de seguridad y proponían cerrar hospitales y centros de salud, generando una situación de riesgo para la salud pública.
El dictamen fiscal subraya la necesidad de conciliar el derecho constitucional de las personas a manifestarse con la protección de bienes públicos y derechos de la sociedad en general. "Que todo ello se postula sin desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente, no obstante cuando esa actividad puede afectar, como en el caso, bienes públicos, la salud pública o cualquier otro derecho de la sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia", señala el documento. La acción penal tiene como objetivo preservar el orden público, el patrimonio estatal y garantizar la salud y seguridad de la población.
El código penal argentino aborda la conducta de aquellos que incitan a un grupo indeterminado de personas a llevar a cabo actos delictivos e instigan a la violencia colectiva. En este caso, la fiscalía aplica la normativa ante la amenaza de prender fuego a bienes públicos y cerrar instituciones de salud, acciones que podrían afectar gravemente el orden público y generar una alarma colectiva.
