El DNU de Javier Milei dejó a cientos de miles de inquilinos a la deriva de las leyes del mercado. La derogación de la ley de alquileres disparó los precios de las propiedades con destino de vivienda y endureció las condiciones de los dueños de los inmuebles para elegir a un candidato. Aun así, desde que entró en vigencia el DNU hay quienes lograron firmar un contrato, pero ¿Qué marco normativo regula esos alquileres?
"Antes del DNU teníamos un Código Civil y Comercial que regulaba los contratos de alquiler de manera general y la ley de alquileres que los regulaba de manera específica", explicó en diálogo con Página|12 la abogada Daniela Villegas. Sin embargo, desde que entró en vigencia el decretazo de Javier Milei, "los contratos de alquiler están completamente desregulados", agregó.
De esta manera, ya no existe un plazo mínimo para firmar contratos, ni una moneda en la que se pueda pactar el pago. "Lo que va a pasar ahora es que las condiciones van a ser las que uno quiera (...) puede haber contratos de un mes en dólares y que se renueven mes a mes, que el preaviso para desocuparlo sea de una semana, y sea un contrato válido", completó la integrante de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina.
Actualmente, en Argentina "lo único que hay regulado es que existe el contrato de alquiler con los principios básicos de cualquier contrato y nada más", explicó la abogada y detalló que de ese modo "los contratos son amplios y desparejos". Esta modalidad "deja a los inquilinos a merced del dueño o la inmobiliaria", insistió.
"Hay una gran mentira que es que hay una igualdad entre las partes para negociar las condiciones del contrato, las partes no pueden negociar solas porque el futuro inquilino está en un estado de indefensión completa y no va a poder negociar el precio ni el plazo", reflexionó Daniela Villegas.
¿Puede volver atrás la derogación de la ley de alquileres?
Actualmente, la Justicia analiza dos medidas cautelares que pretenden frenar la derogación de la ley de alquileres. La primera fue presentada por la Asociación Civil por un Hogar en Argentina (ACHA) y la segunda por la organización Inquilinos Agrupados.
El amparo de ACHA se encuentra en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal, que debe resolver un "conflicto de competencia" entre el fuero Civil y el Administrativo.
Por su parte, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico había hecho lugar a la medida cautelar de Inquilinos Agrupados, pero el Gobierno apeló la decisión con el argumento de que el magistrado se "extralimitó en sus funciones".
De esta manera, por el momento, el decretazo -excepto el capítulo dedicado a las reformas laborales que fue suspendido por la Cámara del Trabajo- sigue vigente. Si alguno de los dos amparos avanza, el apartado dedicado a desregular el mercado de alquileres podría dar marcha atrás.
