La Justicia trabó un embargo por 8 millones de pesos contra el intendente de Vicente López, Jorge Macri. La medida preventiva lleva la firma de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa por el presunto delito de lavado de dinero donde también está acusada su esposa Florencia de Nardi. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. El embargo preventivo fue solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que actúa en la causa. Al validar ese pedido, Arroyo Salgado también estableció el embargo a De Nardi por otros 8 millones de pesos. Notificados de la decisión de la jueza, los abogados de la familia apelaron la medida que suma un total de 16 millones de pesos. De todas formas, el primo del presidente Mauricio Macri presentó ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución. El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo (o inhibición) de sus bienes mientras espera que la causa iniciada el año pasado finalice. Hasta ahora, el también titular del Grupo Bapro ni siquiera fue indagado. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de información vinculados a las empresas involucradas. 

La maniobra fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verificó la participación de Jorge Macri en la firma Icon Unit 1704 LLC. La sociedad constituida en Miami adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 dólares a la cotización de 3,70 pesos por unidad vigente en aquel momento). La firma fue montada aproximadamente un mes antes de la operación con un capital de 10 mil dólares, fondos cuyo origen tampoco está determinado. En ese momento, la autoridad tributaria solicitó a Jorge Macri que explique la operación. El intendente de Vicente López justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepción de dos préstamos. Afirmó que uno fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil dólares y el otro por la entidad BAC Florida Bank por 219 mil dólares. La AFIP determinó entonces que “el contribuyente bajo fiscalización no detenta en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisición del inmueble en el exterior”. Quien intervino después fue la Unidad de Información Financiera que a partir del reporte de operaciones sospechosas (ROS) Nº8262966 para ratificar que la operación inmobiliaria en Miami se había canalizado a través de Icon Unit 1704 LLC.

El embargo por un total de 16 millones de pesos, 8 millones para cada miembro del matrimonio Macri-De Nardi, fue dictado por Arroyo Salgado el 14 de septiembre pasado. No se trata un embargo convencional ya que para proceder por esa vía el Código Penal exige la existencia de un procesamiento. En este caso, se trata de un “embargo preventivo”. La herramienta solicitada a la jueza por el fiscal Di Lello está prevista para causas donde se pretende recuperar activos en presuntos hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero o trata de personas. Ese instrumento quedó habilitado en octubre de 2009 por la resolución 129 del entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y puede adoptarse sin la necesidad de un procesamiento. Cuando recibieron la notificación el intendente y su esposa apelaron ante la Cámara Federal de San Martín. Pero, mientras aguardan la definición del tribunal de alzada, contrataron un seguro de caución que les permite garantizar el monto determinado por la jueza sin necesidad de que efectivamente les sean embargados bienes y activos. 

Argenpapers

La causa por ahora registra escasos avances y se encuentra con las restricciones habituales para este tipo de investigaciones: la escasa colaboración de las jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos. Aunque su nombre no figura en ninguno de los listados de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperantes elaborados por organismos multilaterales, ese país representa por sí solo el 20 por ciento del mercado global de servicios financieros offshore. De acuerdo a la ONG británica Tax Justice Network, Estados Unidos es la tercera guarida fiscal más importante del mundo. Instrumentos como las Limited Liability Companies (LLC) a los que recurrieron Jorge Macri y su esposa para adquirir un departamento por 403 mil dólares en Miami son vehículos diseñados para garantizar la opacidad. Como explicó el ex senador norteamericano Carl Levin las LLC funcionan muchas veces “como conductos para el crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude financiero, la evasión impositiva y otros delitos”. 

La Procelac presentó la denuncia contra las maniobras sospechosas de Jorge Macri en abril de 2016 pocos días después de la difusión global de los Panamá Papers donde su primo y presidente, Mauricio Macri, figuraba como directivo de una sociedad offshore de Bahamas llamada Fleg Trading. “No tenemos nada que esconder y es por eso que está bien que quien quiera investigar que investigue, en esto Mauricio siente lo mismo que yo, y por eso estamos tranquilos”, expresó el 8 de abril del año pasado el intendente. En ese momento, no se conocía el contenido de la denuncia que recién sería publicada en PáginaI12 a fines de octubre pero habían salido a la luz la panameña Latinum Investments Inc donde Jorge Macri estaba registrado como directivo. 

Esa empresa no formaba parte de la megafiltración sino que fue identificada en el Registro Público de Panamá. Sin embargo, existe un vínculo entre el intendente de Vicente López y los Panamá Papers. La firma Fawsley, uno de los dos prestamistas de Macri para adquirir el departamento en Miami, está presidida por Javier Rubira Alonso. El individuo es un testaferro uruguayo vinculado al estudio JP Damiani & Asociados que figura en 315 documentos de Mossack Fonseca desempeñando distintas funciones en múltiples empresas alrededor de distintas guaridas fiscales. Su nombre está vinculado a empresas que fueron investigadas como parte de la promocionada Ruta del Dinero K. 

@tomaslukin