La trama de tensiones, intereses económicos y negociados que rodean al proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el oficialismo en el Congreso incluye una disputa en el marco de la industria del tabaco. Los artículos referidos al sector fueron denunciados, junto a sus promotores Federico Sturzenegger y Javier Ortiz Batalla, por beneficiar directamente a las multinacionales.
La norma incrementa alícuotas, elimina el llamado "impuesto mínimo" por atado de cigarrillos que había impuesto la gestión de Mauricio Macri, pero deja al Poder Ejecutivo sin la potestad de administrar el monto del impuesto de manera puntual, al tiempo que reabre el negocio de los vapeadores o cigarrillos electrónicos y tabaco calentado -hasta ahora prohibidos- aplicándoles un impuesto de solo el 25 por ciento. Para Tabacalera Sarandí, la empresa nacional que denunció el caso ante la Justicia, se estaría legislando "a la medida de lo que piden las grandes tabacaleras multinacionales. Es como la historia de Robin Hood pero a la inversa".
Tabacalera Sarandí acusa al Gobierno de favorecer en especial a Massalin Particulares (filial local de Philip Morris International). La denuncia quedó en el juzgado de Ariel Lijo, que habilitó la feria para tratarlo y pidió a la Cámara de Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado del llamado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” relacionadas con el rubro tabacalero. También solicitó información sobre las comisiones parlamentarias que intervienen en el tema.
"Nosotros hemos mantenido por muchos años un juicio con AFIP por la no aplicación del impuesto mínimo, por eso obviamente apoyamos la derogación (como hace la Ley Ómnibus), pero no el delirio de la creación de una burocracia para cuidarle el mercado a Massalin, mediante una suerte de 'Gestapo' en el Ministerio de Salud, un área que está para otra cosa y que iría en contra de la idea de achicar el Estado", señaló Pablo M. Otero, presidente de Tabacalera Sarandí.
Otero agregó que "hay quienes tratan de socavar nuestra imagen en los medios por pedido de otras empresas y no están viendo que derogar el impuesto mínimo Massalin es mejor para todos, pero en vez de comunicarse con nosotros o con la Cámara UNTAPYA, para hacer un pedido en conjunto al Congreso, prefieren jugar desde las sombras para quedarse con todo", destacando que "periodistas ensobrados presionan o acusan a legisladores, lo que ensucia el funcionamiento parlamentario, tanto que va en contra de los propios intereses de las multinacionales a quienes quieren favorecer".
Cigarrillos electrónicos
En cuanto a los vapeadores y tabaco calentado, la Ley Ómnibus señala que "el expendio de dispositivos administradores de nicotina con tabaco debidamente autorizados para su comercialización, pagarán el 25 por ciento sobre la base imponible respectiva”, lo cual se considera un guiño a las multinacionales, que impulsan ese negocio a nivel global y que, con una carga impositiva mínima como la que se les fija, podrían convertirlo en uno de sus proyectos de marketing principales. Los vapeadores han sido cuestionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja enfáticamente su uso. En la Argentina fueron prohibidos por la ANMAT y Ministerio de Salud.
Básicamente, los cigarrillos electrónicos funcionan con baterías que al activarse aportan la energía necesaria para producir un aerosol o vapor lleno de nicotina sin que medie la combustión de tabaco, pero contiene además de nicotina sustancias como propilenglicol, glicerina, saborizantes y aditivos varios, permitiendo además que lo adopten incluso menores, al considerarlo "una moda cool" muy peligrosa para la salud.
