El presidente de la Argentina, Javier Milei, buscó en Davos estigmatizar al movimiento feminista: "en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del estado para entorpecer el proceso económico”. Pero el problema no es de agendas, ni de feminismos radicalizados: el problema es la violencia de género. El machismo y la matriz heteronormativa devienen en discriminación, odio y femicidios. En el 2023 hubo una víctima de violencia de género cada 26 horas, según un informe de la ONG La Casa del Encuentro. Del 1 de enero al 31 de diciembre se produjeron 307 femicidios, 4 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones. En ese contexto determinados discursos son irresponsables y violentos.
La violencia de género se sostiene y reproduce en el marco de una construcción cultural machista que tiende a subordinar y cosificar a las mujeres. Si nos ponemos los lentes de la perspectiva de género vemos esas inequidades cotidianas: en las brechas salariales, en las desigualdades de los espacios de poder o en el acoso cotidiano que padecen las mujeres.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria de las personas que trabajan en los tres poderes del Estado para ver y cuestionar esas injusticias y violencias naturalizadas sensibilizando a los agentes públicos. Esa información busca evitar, por ejemplo, que un policía revictimice a la mujer cuando la atiende, que el docente reproduzca mecánicamente los roles y estereotipos tradicionales o bien para que cuando un agente de salud atiende a una mujer que sufrió violencia esté atento a determinados indicadores.
En la letra de la ley se determina que las personas referidas “deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones” (...). “Los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
La Ley Micaela transversaliza la perspectiva de género favoreciendo el diseño de políticas públicas de cada área y sector. Parte central del espíritu de la ley es la prevención y erradicación de las violencias, la promoción de vínculos saludables, la promoción de prácticas antidiscriminatorias e igualitarias. Su implementación en el ámbito del trabajo del Estado genera determinadas garantías para prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por motivos de género.
La violencia es una conducta aprendida que ejercemos mayoritariamente los varones: los femicidios los realizan los varones. Más del 70 % de los inculpados de homicidios dolosos son varones. Paralelamente, la marcada mayoría de los suicidios son de varones. En el mismo marco, 95,8 % de las personas detenidas en Argentina son varones.
Hay una relación estrecha entre masculinidad y violencia que se sostiene en una construcción cultural: se nos ordena reprimir la emotividad y se nos enseña a resolver los conflictos violentamente. Una construcción basada en mandatos culturales tradicionales que la Ley Micaela busca, como proyecto pedagógico, desaprender y problematizar.
Resulta fundamental visibilizar y problematizar las desigualdades entre los géneros, los femicidios, las relaciones de poder, los distintos tipos de violencias que se hacen presente cotidianamente en el ámbito laboral y en las relaciones sociales.
El proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso introduce, entre otras modificaciones, cambiar “violencia de género" por “violencia familiar" y reducir el ámbito de aplicación de la norma. Está claro que no es lo mismo violencia familiar que violencia de género y acotar la capacitación solo a los organismos competentes en la materia, conlleva a que un montón de reparticiones van a dejar de recibir capacitación obligatoria: por ejemplo, la Justicia. Capacitar sólo a quienes trabajan en las áreas de género, que son las personas que conocen de la temática, no responde al propósito de la ley. Estas modificaciones no aportan mejoras en la normativa sino que acotan su alcance e interfieren generando ruido en conceptos que subyacen a su letra original. La ley Micaela responde a reflexiones que vienen resultando superadoras en una sociedad machista como la nuestra. El caso de Micaela García evidenció la falta de formación en género de los funcionarios involucrados. Como tantos, su femicidio se podría haber evitado. “Muchos femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias", señalan en la Fundación Micaela.
El padre de Micaela García sostuvo en el debate en el Congreso: “lo que proponen es prácticamente derogar la Ley Micaela”.
Lorena Astudillo, cantautora, describe en su canción “Mariposa de seda”: Nadie supo sentir lo que te duele / Ni detuvo la mano que te hiere / Desde el fondo del tiempo y la memoria / Agitare tu nombre en esta historia. Su nombre es Micaela García. La ley que bautiza previene situaciones de violencia y femicidios y nos forma para una mejor sociedad. Recuperemos su historia y defendamos las leyes que nos cuidan y mejoran.
* Emiliano Samar es docente, actor, director de teatro, investigador, referente en diversidad sexual, géneros y educación @emilianosamar
** Roberto Samar es licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas UNCO. @robertosamar
