La nueva versión de la ley que contempla reformas a la pesca no conforma al sector pesquero y pone al bloque del Pro en situación crítica. Los diputados patagónicos de esa fuerza no acompañarán y los bonaerenses deliberan. Mar del Plata es el mayor puerto pesquero del país.

El documento que el gobierno nacional envió el lunes por la mañana al Poder Legislativo en reemplazo del texto original de la ley ómnibus, que en teoría incorpora los reclamos, quejas y planteos que los distintos sectores de la sociedad civil manifestaron a lo largo de las últimas semanas, una vez más, no conforma al sector de la pesca, porque no cumple los acuerdos verbales previos.

Apenas pasadas las 9 am, antes de que se conociera oficialmente la nueva versión de la ley, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, publicó un duro tuit en el que advertía: “Quiero manifestar con claridad mi rechazo al capítulo referido a la pesca, incluido en la Ley Ómnibus, que se está tratando en el Congreso de la Nación. Si bien todas las actividades pueden ser mejoradas, esos cambios tienen que ser virtuosos y no improvisados. Cualquier modificación tiene que ser conversada y debatida con las regiones a las que afectan. Necesitamos que la voz de quienes vivimos en el interior del país sea escuchada y no menospreciada como tantas veces en los últimos años”.

Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, representan a dos jurisdicciones con una gran industria pesquera y, por ese motivo, se habían reunido con el ministro del Interior Guillermo Francos el pasado 4 de enero, para explicarle, una por una, las objeciones del sector y las consecuencias prácticas de las modificaciones.

De ahí se llevaron el compromiso de Francos de modificar el texto y, a la vez, el incómodo pedido de que lo ayuden a “presentar algo”, para que la marcha atrás no fuera tan evidente. Sin embargo, la posición del sector, que fue el primero de los múltiples acosados por el proyecto en organizarse en defensa propia, es taxativa: quieren que se elimine el capítulo completo.

El de la pesca fue uno de los primeros sectores en reunirse con el ministro más político del nuevo gobierno. Pero, a medida que se sucedían las reuniones, sus interlocutores no tardaron en advertir el escaso poder de decisión y maniobra con que cuenta Francos al interior del gabinete.

Eso mismo manifestaron los gobernadores a fines de la semana pasada y eso mismo le dijo públicamente el gobernador Axel Kicillof al intendente Montenegro, antes de su reciente visita a la vecina localidad de Santa Clara del Mar, para evaluar junto con el sector turístico local la marcha de la temporada. Kicillof calificó, en público y en privado, de "nefasto" el nuevo régimen de pesca, por sus consecuencias de destrucción industrial y por sus efectos geopolíticos: la liquidación del sector pesquero asentado en las costas argentinas fortalece a los buques españoles y de otras nacionalidades que ya pescan en aguas aledañas a Malvinas con licencia británica.

Horas antes, en un hecho que varios participantes calificaron como histórico, 92 representantes de distintas empresas, cámaras, sindicatos y federaciones de distintas provincias, habían compartido una reunión virtual en la que habían acordado, de manera unánime, esta misma posición, y se la transmitieron al gobernador de Chubut, que se comprometió a defenderla.

Por eso, la nueva versión del texto, que apenas modifica el alcance las licitaciones (“de internacionales” a “nacionales”), además de ser leída en el sector como una provocación, deja en una posición difícil tanto a Torres como a los diputados del Pro, que se preparaban para acompañar, con la excepción de los de provincias patagónicas.

No queda claro si hubo una desinteligencia, si no llegaron a compartir la información o si, simplemente, responden a terminales distintas. La dificultad es mayor para los diputados del Pro bonaerense y para el jefe del bloque, Cristian Ritondo. Deberá decidir entre la insistencia de Macri por acompañar al oficialismo y la continuidad de la industria pesquera, ahora defendida, además de por el gobernador Kicillof, por el intendente Montenegro.

En cambio, entre los referentes de Unión por la Patria que acompañan el reclamo pesquero, nunca hubo dudas ni matices. “Nosotros no paramos hasta que borren el capítulo completo, que es lo único que le sirve al sector”, definió el diputado por la quinta sección y ex intendente Gustavo Pulti.

Con el Excel en la cabeza

El punto más irritante son las licitaciones. El empresario del sector Raúl “Tato” Cereseto lo explicaba de la siguiente manera. “Tengo barcos, tengo empleados en relación de dependencia, algunos con muchos años de antigüedad, tengo camionetas para transportar el pescado, tengo plantas procesadoras. Todo ese patrimonio, si por alguna razón no tengo cuota de pesca, vale cero”.

Por eso, el sector insiste en que se cumpla la ley vigente y que las cuotas se establezcan en el Consejo Federal de Pesca. “No se trata de si la licitación es nacional o internacional. La sola idea de licitación trae imprevisibilidad en una industria que requiere pensar en términos de largo plazo, porque las inversiones son de varios millones de dólares”, agrega Ceresetto, que es además autor del libro “De proa al sur”, recientemente presentado en la regional Mar del Plata de la UTN.

Ceresetto se desespera, literalmente, cuando escucha decir que la pesca es una actividad extractiva. "Extractiva sería si depredara o si no agregara valor. Nosotros pescamos dentro de ciertos parámetros, para no poner en riesgo la biodivrsidad ni la continuidad de la actividad. Además, a ese pescado se lo procesa  y se le agrega valor, ya sea en el buque o en una planta en tierra, en un marco de alta complejidad, por tratarse de un producto altamente perecedero, que obliga a un cuidadoso manejo".

Lo que más sorprende al sector es que todo este conflicto, a su entender, era absolutamente evitable. “Si lo que buscan es mejorar la capacidad de recaudación, no necesitaban ninguna ley nueva para hacerlo ni armar ninguna licitación, ni nacional ni internacional. Podían hacerlo pasar por el Consejo Federal de Pesca, que hoy tiene potestad para decidir y además el oficialismo siempre cuenta con mayoría, porque son cinco representantes de Nación y uno de cada provincia”, explica el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba. 

El sábado pasado, el experto en el tema y ex secretario de Estado César Lerena publicó un artículo titulado "Los cambios a la reforma de la Ley de Pesca no alcanzan" en el sitio especializado Seafood Media. 

Allí advierte, por ejemplo, que "tampoco concordamos que el plazo para el otorgamiento de los permisos deba ser de 10, 20 o 30 años; sino que este plazo esté relacionado a tres cuestiones centrales: la sostenibilidad del recurso; las inversiones realizadas y la ecuación necesaria para dar sustentabilidad económica a la empresa", en sintonía con lo manifestado por los otros entrevistados. 

Concluye Lerena que "el gobierno nacional necesita recursos, racionalizar la estructura y eliminar los costos del Estado para atender al sector pesquero. Ello, podrá resolverse no con retenciones sino con un análisis del costo de los derechos de captura y una mejora en la distribución de los fondos que aportan al FONAPE los empresarios, que en la actualidad son del orden de los 2.600 millones de pesos anuales".