La Seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) denunció el aumento de despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas de la ciudad. Desde la entidad gremial detallaron que en la primera quincena de enero se registraron más de 15 situaciones de despido o “reducción de horas cátedras”, lo que consideraron como una variante que encubre el despido parcial. Además, resaltaron el caso de Franco Casasola, Secretario Docente del Instituto D´Ibarre, quien “de manera intempestiva” fue despedido el representante legal de la institución luego de reclamar que le paguen los salarios en tiempo legal.
“La cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar”, menciona un comunicado difundido por la delegación local de SADOP en relación a los 15 casos de despido o “reducción de horas cátedras” (lo que consideraron una modalidad que encubre el despido parcial) que tan solo se produjeron en la primera quincena de enero. Desde el gremio sostienen que “es imposible desligar el aumento de los despidos de 2024 con la entrada en vigencia del DNU 70/2023 del Gobierno Nacional”. En ese sentido, aseguran que “es innegable que el ‘clima de época’ ha impulsado a patronales inescrupulosas a impulsar ajustes sobre la nómina de personal para sostener su margen de rentabilidad e ingresos a costa de la calidad educativa y la carrera profesional de los docentes despedidos”.
Ante esta situación, el sindicato que nuclea a los docentes privados rosarinos recordó que en 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe de SADOP lograron una reforma en la Ley de Educación Privada Provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan “despidos sin causa” lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma, que fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra, “entiende que el destino del aporte estatal no puede subsidiar de manera indirecta el pago de indemnizaciones ya que dicha situación, configura un manejo irresponsable de los fondos públicos”, resaltaron en el documento difundido ayer.
A partir de ese antecedente legislativo, expresaron: “Es menester recordar que el Estado no paga indemnizaciones y solo puede despedir ‘con causa’ mediante un sumario. Este procedimiento también es obligatorio en la educación privada para los despidos donde el personal docente ha incumplido sus obligaciones”. Por todo esto, el Sindicato informó que ha llevado adelante la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Educación y adelantó que “accionará en el Ministerio de Trabajo buscando la reinstalación de todos los docentes que así lo han solicitado, acompañando las acciones con todas las medidas gremiales pertinentes las cuales incluyen medidas de fuerza en los establecimientos infractores en el reinicio de las actividades”.
Por otro lado, SADOP Rosario destacó un caso particular ya que denunció que se trata de un despido discriminatorio: “El compañero Franco Casasola, Secretario Docente del Instituto D´Ibarre, es un reconocido militante político y gremial (miembro de la comisión directiva de Amsafe Rosario). También afiliado a SADOP. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la Institución. De manera intempestiva, en la primera semana de enero (previa a la suspensión del DNU) es despedido por Adrián Di Franco, representante legal del Instituto. En los meses previos Franco, junto con un grupo de docentes, venían reclamando que le paguen los salarios en tiempo legal, ya que cobraban después del 10 de cada mes. La institución recibe aportes de Estado”.
Desde el gremio consideraron que este ejemplo de despido “es por demás de elocuente” porque la “entidad propietaria ‘no podía pagar en término’ pero si tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho les corresponde”. En ese marco, además de las acciones judiciales pertinentes por el despido discriminatorio, SADOP solicitó una inspección administrativa y contable sobre el establecimiento, además de la pérdida del subsidio en el cargo, en caso de que no se proceda a la reincorporación del docente” y exigieron “una postura firme y decidida de las autoridades de los Ministerios de Educación y de Trabajo para erradicar este tipo de prácticas reñidas con el Estado de Derecho y la Justicia Social”.
Sobre el final del comunicado, la seccional Rosario del gremio de docentes privados dejó un reclamo abierto al gobierno de Maximiliano Pullaro: “En tiempos en los que se pide responsabilidad en la gestión de los fondos públicos, donde las fuentes de trabajo peligran y donde la crisis económica es trágica, el Estado Provincial no puede avalar conductas inescrupulosas de entidades empresariales educativas que reciben fondos que provienen de nuestros impuestos. Esta gestión irresponsable de instituciones educativas debe ser castigada con la inhabilitación para ser titulares de establecimientos educativos por inhabilidad moral según lo dispuesto por la Ley de Educación Privada de Santa Fe (Ley 6427 artículo 12)”.
