Después de negociar con parte de la oposición, el Gobierno envió al Congreso la Ley Ómnibus con varias modificaciones. En el capítulo dedicado a cultura se da marcha atrás con el cierre y desfinanciamiento de los principales organismos, pero persisten medidas que afectarán notablemente la estructura y el actual funcionamiento de entidades fundamentales para la actividad como el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
En lo que respecta a la cinematografía, se reducen las modificaciones al Incaa. Se eliminan los cambios en los artículos 2, 3, 4, 5, 21, 34, 35 y 37 de la Ley 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica y también la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41. En relación al art. 21, se mantiene la asignación específica para el Instituto, que seguirá recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática. Por otra parte, el art. 28 bis establece que “los beneficiarios de un subsidio no podrán recibir nuevos subsidios hasta que haya pasado 1 año calendario desde la obtención del previo”, mientras que la versión original contemplaba un plazo de dos años y –en línea con lo establecido para otros organismos– se determina que “los egresos correspondientes a gastos generales y de funcionamiento del Instituto no podrán exceder el 20 % de la totalidad de los recursos anuales recibidos”.
Ingrid Urrutia, delegada por ATE en Incaa, informó a Página/12 que hubo una asamblea para discutir los cambios y señaló que el proyecto significa "una brutalidad y un ataque tremendo" al sector. También explicó que el nuevo documento elimina aspectos centrales de la ley como la cuota de pantalla o el registro audiovisual y criticó la "limitación para el destino y la administración del Fondo del Fomento con un tope a los gastos administrativos, incluso a los salarios de les trabajadores". Según Urrutia, se trata de "un ajuste a las salas que hoy existen porque no podrían funcionar sin garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo" y opina que "aunque lo quieran hacer pasar como un logro, sigue siendo un retroceso en materia cultural y de soberanía audiovisual". Por otra parte, alertó sobre el peligro que corren las asignaciones específicas para cultura, una lucha que el sector ya dio en 2022.
Con respecto al FNA, argumentan que “el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70 % de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura” y aclaran que “en la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”. El art. 8 establece que (a excepción del Presidente) el resto del Directorio será ad honorem y el art. 24 determina que los egresos no podrán superar el 20% de los recursos recibidos. En relación al argumento esgrimido por el gobierno, Fabián Valle –delegado por ATE en el FNA– aclara: “Si bien se puede hacer aun más eficiente, hay que considerar que en el último año se concluyó la puesta en valor de la Casa de la Cultura (Rufino de Elizalde 2831) y se invirtió en el desarrollo de un software para la recaudación”.
Pero hay otro factor importante. El FNA se encuentra actualmente “resistiendo una embestida judicial por parte de los grandes grupos de medios (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, que nuclea a los canales de TV por aire, la Asociación de Televisión por Cable, Telecom, Directv, Telecentro, Compañía de Circuito Cerrado de TV, Supercanal, Jorge Estornell, etc), que solicitaron a la Justicia una medida cautelar para que el FNA se abstenga de cobrarles el DPP (Dominio Público Pagante), lo que repercute negativamente en los ingresos del organismo y desequilibra la relación entre los beneficios que otorga y los gastos operativos que, en gran proporción, son fijos”. El colectivo de trabajadores informa que la situación está camino a resolverse “con los primeros fallos sobre la cuestión de fondo a favor del organismo”, algo que repercutirá en la cantidad de fondos disponibles para el otorgamiento de beneficios a los artistas, pero advierten que estas causas judiciales revelan “cuáles son los grupos económicos interesados en que desaparezca el FNA y el DPP”.
Hace unos días, un grupo de “amantes de las artes” junto a la Fundación Compromiso (a cargo del abogado Juan Javier Negri) y la Fundación Sur (cuya titular es Carolina Biquard, ex directora del FNA durante la gestión de Mauricio Macri) presentaron un documento titulado “Para salvar y revitalizar el FNA”, que propone la reestructuración del personal y sus funciones para que se convierta en un “banco para artistas” sin injerencia del Estado en materia de financiamiento y gestión. Numerosos referentes culturales rechazaron la propuesta de presunto “salvataje” porque ven allí una estrategia oportunista que oculta la intención de privatizar el Fondo.
En cuanto al INT, se informa que “las funciones del Instituto serán absorbidas por la Secretaría de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados”. Con esta modificación, se le quita al organismo su autarquía y el Ejecutivo se ocuparía de la reasignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales. El presidente de la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei), Gonzalo Pérez, declaró a Página/12 que no les llegó el dictamen definitivo pero que, basándose en el texto que circuló en los medios, entienden que "sigue vigente la derogación de la Ley Nacional del Teatro" y agregó: "Para nosotros es una afrenta y una aberración en relación al teatro, específicamente al circuito independiente. Quieren anular 25 años de historia, una ley que atravesó como política de Estado los más diversos gobiernos. Desde Artei esperamos que los diputados no aprueben esta ley ómnibus, específicamente el capítulo cultural, y que se opongan a la derogación de la Ley Nacional del Teatro, una lucha de nuestros maestros y tantos teatristas de Argentina".
Respecto a Inamu y Conabip, las modificaciones establecen también un tope del 20 % para los egresos en relación a los recursos recibidos (tal como en FNA e Incaa), sin otros cambios de estructura. Y aclaran que “no se modifican otros artículos de la Ley 26.801(Inamu) ni de la Ley 23.351 (Bibliotecas Populares)”. Otro de los reclamos está asociado a la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que eliminaría el precio uniforme de venta al público (PVP) y afectaría fuertemente a pequeñas librerías y sellos independientes. Esto figura en el capítulo de "Desregulación económica" y no hubo noticias sobre modificaciones. Laura Forni, secretaria de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), informó a este diario que se comunicaron con algunos legisladores para manifestar su preocupación. "Muchos nos dijeron que no iban a acompañar la derogación, pero como vemos que no está sucediendo y tememos que haya confusión por no estar en los ejes culturales, posteamos un comunicado y estamos por enviar una carta a todos los diputados".
Aún con estas modificaciones, el proyecto de ley sigue generando un fuerte rechazo en el seno de la comunidad artística. En un comunicado titulado “Argentores y el intento de tirar 114 años a la basura”, la entidad de autores alertó que “desaparecería tal y como hoy la conocemos” si se aprueban los artículos 350 y 351 relativos al régimen de propiedad intelectual. “La lucha de los autores comenzó a principios del siglo pasado y no va a terminar mientras haya gente que, por ignorancia, por prepotencia, por prejuicio o por fanatismo dogmático quiera destruir la esencia misma de la gestión colectiva, tanto de Argentores como de todas las sociedades de gestión colectiva de derechos de nuestro país”, declararon.
Rechazo internacional
Numerosas figuras internacionales del ámbito del cine como Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu, Aki Kaurismäki, Gael García Bernal, Roger Corman, Abel Ferrara, Diego Luna, los hermanos Dardenne, Olivier Assayas, Mira Nair e Isabel Coixet, entre otros, firmaron un comunicado que enaltece las virtudes de la cinematografía argentina y rechaza los recortes en el Incaa. "Argentina ha construido una industria cinematográfica vibrante, heterogénea y dinámica desde sus inicios (...) La implementación de este proyecto de ley tendrá un efecto devastador, incalculable e irreparable en toda la cultura y en la soberanía nacional, especialmente para los trabajadores que dependen de las industrias culturales".
