El Gobierno mexicano apuntó contra el Poder Judicial y lo acusó de haberse dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", dijo en un comunicado el Gobierno de México.
La reacción del Ejecutivo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, emitida por la Secretaría de Gobernación, llegó luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.
La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar la suma de 50.000 pesos (unos 2.900 dólares). En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que dio la libertad a estos militares.
En el comunicado, el Gobierno mexicano dijo que "una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia" y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que "habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR, actual FGR), Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares. "Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (...) todo ello, por razones estrictamente políticas".
El Gobierno de México remarcó que el caso Ayotzinapa "es un asunto de Estado" y por ello pedirá a la FGR "solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
