Las modificaciones al proyecto de Ley ómnibus presentadas este lunes por el Ejecutivo fueron rechazadas en todo el sector cultural. Varios representantes advierten que los cambios no suponen una mejora sino todo lo contrario. Los trabajadores del Instituto Nacional del Teatro (INT) se reunieron para analizar cada ítem y redactaron una carta a los legisladores en la que argumentan su postura y expresan su preocupación.
Página/12 pudo acceder al comunicado en donde aclaran que, “aún cuando lo que se enuncia pareciera ser una ‘mejora’, es un ‘retroceso’ en las propuestas” porque “se sostienen las restricciones y no se plantean modificaciones superadoras”, por lo tanto, “todo el sector cultural sigue siendo perjudicado”. Desde el INT advierten que la Ley 24.800 (Ley Nacional del Teatro sancionada en 1997) sigue siendo derogada, lo cual “afecta a la federalismo, la autarquía y va por las definiciones en pocas manos y con los riesgos de caer en políticas absolutamente centralistas”.
Otro de los puntos sensibles es el desfinanciamiento del organismo, que en el nuevo proyecto se mantiene. “En esta propuesta está más claro que la intención es que el sector teatral sea asistido por un programa, mientras que, es la vigencia de la Ley 24.800 lo que garantiza la ejecución presupuestaria equilibrada”, explican. Por otra parte, el comunicado alerta sobre la incorporación de nuevos puntos que antes no estaban incluidos y se considera que “ni siquiera deben ser evaluados para su tratamiento”. Por esas razones y conforme a lo conversado con distintos bloques, los miembros de la institución opinan que “no hay modificaciones que deban ser tratadas en esta instancia debido a que no hay ni necesidad ni urgencia” e insisten en quitar el capítulo dedicado a la cultura del debate.
El artículo 588 establece que “las funciones del INT serán asumidas por la Secretaría de Cultura de la Nación” y que “el Poder Ejecutivo Nacional procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”. Pero también hay otras modificaciones que atentan contra el funcionamiento del Instituto. El capítulo V refiere a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y establece el cambio de un artículo de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual: este ítem afecta directamente los fondos de funcionamiento autárquicos porque reemplaza el inciso b) que otorgaba el 10% de los recursos recaudados al INT y ahora indica: “e) El 25% para Rentas Generales”.
Por otra parte, advierten que en el artículo 6 del capítulo de “Reforma del Estado” hay otros puntos problemáticos sobre los que se debe echar luz, ya que “podrían afectar al sector de la cultura por posibles intervenciones y supresión de las asignaciones específicas que son el recurso económico desde el cual se sustentan los diferentes organismos”. El inciso c) dota al Ejecutivo para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”, el inciso f) lo habilita a “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional”, mientras que el inciso g) le permite “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, y/o revertir sus recursos a Rentas Generales”.
Gisela Pérez, miembro del Colectivo de Bibliotecas Populares en Lucha y presidenta de la biblioteca popular La Cárcova, comentó a este diario que el apartado que atañe a su sector “es muy difuso y está mal redactado”, por lo tanto, solicitan “que sean más claros y más serios a la hora de redactar porque el texto está abierto a distintas interpretaciones”. “Aceptan las modificaciones de cultura, pero eso queda desmentido por las facultades extraordinarias que se atribuyen para la reforma constitucional. Estas modificaciones que se charlaron en las distintas comisiones se pueden borrar de un plumazo”, advierte con preocupación.
Otro eje a discutir es el de los fondos: “Nos llama la atención que nos agreguen un 5% para gastos: con el Fondo Especial se nos autoriza un 15% y ahora figura un 20%”. Pérez señala que esto “no tiene sentido” y desde el sector creen que “se están mezclando las leyes” porque los ingresos que tiene Conabip proceden tanto del Tesoro Nacional como del Fondo Especial. “Necesitamos que sean más claros. Creo que el oficialismo necesita un poco más de información y más tiempo para analizar esta Ley ómnibus”, cuestionó Pérez, y pidió que los bloques del PRO y de La Libertad Avanza reciban a sus representantes: "Es necesario que se respete nuestra historia y nuestra institucionalidad. Esperemos que se nos ceda este espacio. No es cosa menor querer cerrar las puertas de más de 1500 bibliotecas en Argentina”.
Pérez las concibe como "territorios de paz y espacios democráticos" donde es posible acceder a otros derechos, y comenta que muchos vecinos "se sorprendieron por esta saña contra las bibliotecas populares". La representante aclara que estos espacios se mantienen también con el aporte de sus socios y otros proyectos, pero "sin la Conabip y sin el Fondo Especial muchas tendrán que cerrar sus puertas". Además, criticó este “panorama incierto”, informó que por la mañana hubo una suelta de libros y adelantó que acompañarán el paro nacional del 24 junto a la columna de Cultura.
El comunicado de Aadi
La Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), por su parte, se sumó a las voces críticas a la "versión modificada" de la Ley ómnibus, y en un comunicado informó que dirigió una carta "a cada uno de los diputados solicitando el íntegro rechazo del capítulo de Propiedad Intelectual (insertado en el título 'Justicia')" del proyecto. Junto a un video de su Presidenta Susana Rinaldi y la compañía de miles de firmas de músicos y músicas de todo el país, la misiva enviada a los legisladores señala que "AADI es una asociación civil sin fines de lucro que no maneja ni recibe fondos públicos, y que tampoco fija los aranceles que son autorizados por el Estado."
Como otras organizaciones dedicadas a la creación cultural en la Argentina, AADI señala en la nota que "se quiere erigir una oficina estatal con facultades omnímodas sobre la gestión colectiva, a punto tal de dar o quitar la autorización para funcionar, y cuando eso ocurre en el ámbito de la cultura, entonces hay que pensar en CENSURA. AADI se suma así a la impugnación al proyecto que han hecho pública otras entidades como ARGENTORES, SAGAI, DAC y SADAIC."
