La ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei en el Congreso quita el financiamiento para las obras de urbanización de barrios populares en todo el país. Se trata de una política “antigrieta” que comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri y que se actualizó durante la gestión de Alberto Fernández, con el consenso de todos los sectores políticos. Hasta el momento las obras se financian mayoritariamente con el 9% de lo que se recauda por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), pero el texto de la ley busca borrar esos fondos de un plumazo. Como compensación –y casi como una burla– pretende fortalecer esas partidas con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten o corten calles. En la provincia de Santa Fe, se hicieron obras en 77 barrios con una inversión que supera los 38 mil millones de pesos, mientras que más de 20 mil mujeres de barrios populares accedieron al programa Mi Pieza, en 359 barrios santafesinos. Y en Rosario se afectarían obras de urbanización que se vienen implementando en barrios como Nuevo Alberdi y Los Pumitas. Pero las consecuencias van más allá de las mejoras en infraestructura. “Dejar de urbanizar los barrios más postergados, y donde hay una creciente ola de narcotráfico, va a ser una conjunción de cosas negativas”, evaluó Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, en diálogo con Rosario/12.

La normativa que propone urbanizar los barrios populares fue sancionada por unanimidad en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. La ley tuvo un antecedente directo que posibilitó su sanción: el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) que llevaron adelante en 2016 distintas organizaciones sociales y que tuvo la participación de organismos como Cáritas o Techo. El proyecto adquirió financiamiento a partir del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el 2020, ya en el gobierno de Alberto Fernández.

Tras varios años de ejecución, el artículo 211 de la ley ómnibus plantea la eliminación de la asignación específica al FISU. Se trata del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. El fondo también recibió el 15% de lo recaudado con el aporte extraordinario que se cobró por única vez a las grandes fortunas y recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. De allí surgen los fondos para mejorar las condiciones de vida de los barrios más vulnerables del país. Pero hasta el momento no son muchas las voces que se alzaron para defender esta política inclusiva.

Fernanda Miño, titular de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) durante el gobierno anterior, consideró que se busca terminar con una política de Estado “que logró superar la grieta” y trascender gobiernos de distintas facciones partidarias. “Es ir directamente al corazón de una política que ha sido no solo valorada internacionalmente, sino aceptada por todo el arco político argentino”, expresó y agregó: “Pudimos llegar a una enorme cantidad de barrios populares, con proyectos de obras integrales en todos los servicios básicos. Esto lo afecta directamente y se frenarían las obras, si este financiamiento no continúa”.

Según detalló, los aportes sirvieron para que la SISU pueda ejecutar obras de infraestructura en más de 1.300 barrios populares de todas las provincias del país; más de 250 mil mejoramientos de vivienda con el programa Mi Pieza, realizadas en más de 5 mil barrios populares; generar 25 mil nuevos lotes con servicios; y garantizar la conexión a servicios básicos en más de 230 mil hogares. Todo eso redundó en la creación de 320 mil nuevos puestos de trabajo.

A su vez, Miño apuntó que el área hoy cuenta con fondos no solo para continuar las obras en ejecución, sino también para seguir iniciando nuevos proyectos de urbanización: “Entre lo que dejamos nosotros al final de nuestra gestión a principios de diciembre, más lo que se recaudó hasta ahora, estimamos que a fines de enero habrá unos 55 mil millones de pesos. Es un cálculo aproximado que hacemos de lo que hay disponible para continuar las obras que ya están en marcha y para comenzar otras nuevas”.

Impacto local

Desde el área brindaron detalles del impacto que tuvo esta política en la provincia de Santa Fe. Durante el gobierno anterior se iniciaron obras en 77 barrios de la provincia que significaron una inversión de más de 38 mil millones de pesos. A su vez, 20.082 mujeres santafesinas salieron sorteadas y accedieron a la asistencia económica que brinda el programa Mi Pieza para realizar refacciones, mejoras y ampliaciones de viviendas. Las obras del programa Mi Pieza se realizaron en 359 barrios santafesinos.

En ese marco, Miño sostuvo que en la provincia hay obras que se concluyeron y otras que quedaron con distintos grados de avance, sobre el final de la gestión. En ese sentido advirtió que si no hay una continuidad en el financiamiento, las obras se van a ver frenadas por falta de pagos, pero además el dinero por el cual fue presupuestado el proyecto va a quedar atrasado. Por eso, reclamó que se sostenga ese financiamiento e instó a los legisladores a contemplar ese aspecto de la ley.

“Dejar de urbanizar los barrios más postergados, y donde hay una creciente ola de narcotráfico, va a ser una conjunción de cosas negativas”, evaluó. “Quienes vivimos en los barrios populares, y optamos seguir trabajando en ellos, sabemos lo que pasa cuando el Estado se retira; empiezan a aparecer eso que se lleva a nuestros hijos y nuestras juventudes, al camino que no corresponde. Se termina despedazando todo y haciendo más doloroso aún vivir en lugares como los barrios populares”, agregó. 

En Rosario, una de las obras más emblemáticas de urbanización tuvo lugar en Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad, motorizado en primer momento por Ciudad Futura y que luego contó con el acompañamiento de distintos niveles del Estado. En diciembre de 2022 Miño recorrió en persona el avance de las obras. De igual manera, en septiembre pasado se presentó un programa de urbanización integral de barrio Los Pumitas, en la zona oeste, uno de los barrios más afectados por la violencia urbana en la ciudad. Allí estaba prevista una inversión de 4 mil millones de pesos del gobierno nacional para ejecutar en un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, la Universidad Nacional de Rosario y las organizaciones sociales del barrio.

“En Rosario hicimos obras muy importantes en Nuevo Alberdi. En el caso de Los Pumitas firmamos un proyecto grande, habían salido las licitaciones y justo nos agarró el final del ciclo. De eso ya habría que actualizar los montos, porque con la inflación quedaron desfasados”, explicó. “Es una pena que no puedan continuarse y que se desfinancie una política que es totalmente inclusiva para los barrios populares. Es una política que no tiene banderías partidarias, porque prioriza a las familias que necesitan de las obras para vivir con un piso de dignidad. En eso tratamos de ser eficaces y en algunos lugares pudimos trabajar muy bien”, añadió.

Burla

Uno de los aspectos que contempla la ley, en su artículo 338, es fortalecer el FISU con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten cortando calles. Es decir, financiar las obras de los barrios con las sanciones a la protesta social. Para Miño se trata de una “burla” y un desconocimiento sobre el funcionamiento del programa. “Es inhumano, es sobre estigmatizar nuevamente a los que viven ahí. Es no conocer la realidad y no sensibilizarse ante el dolor del otro y del que menos tiene”, cuestionó.

 

“Las familias han sabido levantar barrios desde la nada, desde su propio esfuerzo, y después desde la ley en 2016, la historia empezó a ser distinta. Y cuando logramos financiamiento empezamos a trabajar de otra manera, y a pensar los barrios con entidad y con humanismo de sacarlos adelante y que las familias más empobrecidas tengan un piso de dignidad para vivir. Pensar como lo están planteando ahora es volver a menos 10”, finalizó.