"Esperemos que se resuelva con esta medida, y si no sucede haremos más"

“Hay un paro general porque nadie había atacado los derechos de todos los argentinos como lo hace este gobierno”. La definición sobre la medida que llevará a cabo la CGT e 24 de enero pertenece a Pedro Borgini, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de La Plata y senador provincial recientemente electo. No comparte la posición del conjunto de diputados que se denominan “dialoguistas” y sostiene que la ley ómnibus y el DNU deben ser rechazados en su totalidad.

Borgini es uno de los tres secretarios adjuntos que posee la unificada CGT Regional La Plata, que desde el año pasado confluyó en un triunvirato que nuclea a más de setenta gremios de la región. Es uno de los espacios que a principios del 2023 ya pidió por la reelección de Axel Kicillof.

“Tenemos muchas esperanzas para que junto a otros gobernadores, intendentes, y el movimiento obrero pueda darle un nuevo impulso al peronismo que este país lo necesita”, señala. “Kicillof está tratando de que todos los sectores de la provincia de Buenos Aires trabajen juntos y la provincia pueda resistir todos estos embates, sabiendo que el Gobierno Nacional está en contra de la provincia”, indica.

Sobre la posibilidad de negociar con el gobierno de Javier sobre el DNU y la ley ómnibus no deja lugar a las dudas: “¿De qué sirve que hoy se frenen algunas cosas si después se le dan facultades extraordinarias a Javier Milei para que no las pueda imponer?”, advierte Borgini.

Respecto a las conversaciones que legisladores radicales y otros nacidos en el peronismo como Miguel Ángel Pichetto o Emilio Monzó tiene con los líderes libertarios advierte que “son dirigentes que muchos estaban o están en Juntos por el Cambio, pero hay que aclarar que nosotros no vemos imposible dialogar, sólo que no es de esta manera”, remarca.

Incluso, explica que en un primer momento existía una línea de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, “pero en un momento se lo corrió”. “Ahí metieron el DNU y después la ley ómnibus y entonces el movimiento obrero tiene que tomar una postura y debe ser contundente”, resalta.

—Muchos representantes de la oposición dicen que hacer un par general a poco más de un mes del inicio de un gobierno es desmedido, ¿usted qué piensa?

—Sucede que ningún gobierno había atacado los derechos de todos los argentinos como lo hace este gobierno. Primero lanzaron un DNU por el que tuvimos que hacer presentaciones judiciales para parar la parte laboral por inconstitucional. Después mandan una ley que ataca los derechos de todos, tanto de la cultura, de la ciencia, del turismo, de las economías regionales, del campo. Es una gran cantidad de cuestiones y lo quieren hacer en dos semanas. No lo mandaron a las comisiones que correspondían, no se le da un tiempo prudencial al debate, cuando son leyes importantes para el país.

—¿No está de acuerdo en negociar modificaciones?

—Algunos legisladores que se definen dialoguistas pidieron modificaciones y están negociando. Nuestra postura desde la CGT y la de los legisladores de Unión por la Patria es la de rechazar todo porque no estamos de acuerdo con nada. Están hablando de que en vez de dos años de facultades extraordinarias sea uno, y eso es un disparate.

—¿Por qué?

—Porque se sigue dejando de lado al Poder Legislativo y se le da facultades al presidente para pasar por encima del Congreso. Un año con prórroga es una locura, porque es el Poder Legislativo el que debe definir muchas cosas. ¿De qué sirve que hoy frenemos algunas cosas sin con las facultades que se le otorgan después te lo puede imponer?

—Entonces, ¿por qué hay legisladores que negocian con el Gobierno Nacional?

—Individualmente no lo sé. Muchos del radicalismo forman parte de JxC, muchos peronistas formaron parte de la coalición como Pichetto. Que quede claro que nosotros no veíamos como algo imposible dialogar, pero no de esta manera. Habría que extender las extraordinarias y se manden las leyes una por una, que se manden a sus respectivas comisiones. Hoy se habla de que no entraría YPF entre las privatizaciones, pero si están el Banco Nación y muchísimas más. Los diputados que se definen dialoguistas tendrán que dar explicaciones en sus provincias y en sus localidades si votan algo que va en contra de sus pueblos.

—Sobre el paro del 24 la oposición también señala que no le hicieron ninguno al gobierno de Alberto Fernández que terminó con un 211 por ciento de inflación anual.

—En plena pandemia desde nuestro gremio hicimos una medida de fuerza. Se lo hicimos al gobierno Fernández por falta de respuestas. Así lo hicieron también muchos sectores. No se hizo un paro general desde la CGT porque nunca se atacó los derechos de los trabajadores como lo hace este gobierno. Durante el gobierno anterior, la inflación la íbamos discutiendo, cada gremio iba con aumentos según sus paritarias. Acá hubo una devaluación por encima del 100 por ciento y no podemos acceder a las autoridades del gobierno para dar aumentos por paritarias. Es lógico que salgamos con una medida así y al poco tiempo.

—¿Qué mensaje se quiere dar con esta medida?

—Lo van a ver el miércoles, porque no sólo será el movimiento obrero, sino con la sociedad en general. Porque muchos sectores están afectados por la ley.

—¿Cuál sería el siguiente paso después del 24 de enero?

—Después veremos cómo se continua y si el gobierno genera canales de dialogo, como existe en cualquier parte. Somos respetuosos del orden constitucional y de los mandatos. No vamos a hacer nada para hacer caer al gobierno. Salimos a defendernos porque el gobierno quiere barrer los derechos de los trabajadores. Ya lo rechazó la Justicia por inconstitucional y ahora definirá también la Corte Suprema. Esperemos que se resuelva con esta medida y sino haremos más, para resolver este problema.

—¿Considera que es posible que haya una convocatoria al diálogo de parte del Gobierno nacional?

—Yo creo que debe haber algún funcionario o actores que son más políticos que puedan generar el dialogo. Es real que hay ciertos actores y sectores de la sociedad que no nos quieren, para los que somos una molestia, que pretenden un país sin derechos laborales y precarización laboral extrema. Quieren hacerlo desde hace tiempo, y en vez de precarización debe haber trabajo digno.

—El gobierno de Milei dice que eliminando la actual legislación laboral habrá más empleo registrado. ¿Usted qué cree?

—Lo vienen hablando, pero nosotros no creemos que sea así. La posibilidad de que haya más trabajadores registrados no tienen que ver con impuestos que hoy se pagan, o con las indemnizaciones. Creemos que, si vamos por el camino que proponen, habrá más trabajadores no registrados.

—¿Existen algunas modificaciones dentro de la regulación laboral que se deban hacer?

—Nos podemos sentar hablar de muchas cuestiones y modificaciones. Ya estamos transitando la época de la inteligencia artificial, donde está la situación de los trabajadores de las aplicaciones que no tienen convenio, y trabajadores a distancia que ameritan un marco legal. Discutamos y hablémoslo, pero queriendo barrer años de legislación.

—El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue tajante en que se descontará el pago del día para aquellos trabajadores del Estado Nacional que adhieran al paro.

—En primer lugar, tendría que asumir la responsabilidad de vocero presidencial y notificar lo que va a hacer el gobierno, y no opinar de muchas cuestiones. Hacen eso porque no conocen la legislación, como con esta ley que quieren barrer derechos constitucionales. Quieren barrer el libre reclamo. Ellos tienen ese pensamiento, lo seguirán pensando y se manejarán de manera patoteril como hasta ahora.

—Pero, ¿qué sucede si se efectivizan los descuentos?

—Habrá acciones sindicales y judiciales.

—¿Cuál es la situación de los trabajadores de sanidad en la provincia?

—El escenario es muy difícil, como siempre lo está en la salud. Luego de la pandemia en la que recibimos aplausos, la retribución económica nunca llega. Peleamos por paritarias pero no tuvimos respuestas. Entendemos los aumentos en los valores de los insumos y medicamentos que viven las clínicas del sector privado, pero nosotros tenemos que velar que nuestros compañeros tengan un salario digno. Muchos compañeros trabajan en el sector público y en el privado porque el sueldo no les alcanza. Y las decisiones del Gobierno Nacional no acompañan.

—¿A qué se refiere?

—Más allá de que el gobierno no quiera participar, este es un sector donde interviene el Estado porque es el que define el monto que abonan las obras sociales por las prestaciones. En el caso del ámbito nacional, es PAMI. En Provincia es IOMA. Hoy no es fácil encontrar los actores a nivel nacional y dificulta las negociaciones.