Los bloques de la oposición "amigable" --Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical y el PRO-- al cierre de esta edición negociaban de manera frenética para intentar llegar a un acuerdo con el gobierno y firmar en conjunto un dictamen de mayoría, para luego tratar en el recinto la Ley Ómnibus. Las negociaciones se habían destrabado cuando por la tarde el Gobierno dijo que incorporaría algunos puntos que los gobernadores de la UCR y del Pro habían pedido en dos reuniones que tuvieron entre el lunes a la noche y el martes a la mañana en Casa Rosada con el ministro del Interior Guillermo Francos --salvo retenciones--, y todo indicaba que el oficialismo lograría tener el dictamen de mayoría aún con firmas en disidencia. Eso le permitiría al LLA que el dictamen de mayoría no sea el negativo de Unión por la Patria y la Izquierda. Sin embargo, las posturas estaban divididas al interior de HCF y del radicalismo. Más allá de lo que ocurra con el dictamen, una vez en el recinto habrá capítulos clave como el previsional y el de retenciones que --de no ser modificados-- serían rechazados incluso por diputados de los bloques amigables.

La comisión que estaba convocada para las 18 al cierre de esta edición había sido postergada para las 20.30. Después de intensas reuniones en las que tomaron protagonismo los gobernadores de la UCR y el Pro, pasadas las 17 desde el entorno de Menem anunciaron que se había llegado a un acuerdo "con los tres bloques aliados para un dictamen de mayoría", y que la sesión no se pasaría para otro día --como se había rumoreado-- sino que ocurriría pero a las 20.30, dos horas y media más tarde de la convocatoria inicial. Minutos después el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, declaró: "Esperamos que las respuestas a los gobernadores estén reflejadas en el dictamen. Tenemos una visión proactiva de no poner palos en la rueda, de acompañar. Vamos a ver cómo se termina esto hasta el horario de la comisión, pero estamos hablando de acompañar el dictamen de mayoría". 

Desde el mismo espacio, López Murphi añadió: "Hemos hecho un esfuerzo con los gobernadores y tenemos una actitud constructiva. Cuando comience la comisión estarán los miembros haciendo su trabajo y luego vamos a tener la acción en el recinto". "Más allá del espíritu de colaborar con la gobernabilidad, nosotros no vamos a acompañar nada que perjudique a los jubilados, a la cultura, ni al interior productivo", aclaró Florencio Randazzo.

Sumas y restas

Hacia adentro de los bloques, sin embargo, al cierre de esta edición todavía había internas. En HCF habrían permitido la "libertad de acción" para firmar el dictamen. La Coalición Cívica, por ejemplo, no iba a firmar el dictamen de mayoría y la diputada Margarita Stolbizer tampoco, porque harían uno propio. En total, más allá de los propios y los del PRO, LLA necesitaba diez firmas, de las cuales HCF aportaría unas cuatro.

Para que el dictamen de mayoría sea el oficialista y no uno en contra de Unión por la Patria y la Izquierda, el radicalismo debería darle a LLA seis firmas. Según supo este diario había al interior del bloque ocho diputados que estaban dispuestos a firmar --más allá de que sea en disidencia--, pero otros ocho no. Con eso, de todas formas, el oficialismo tendría las firmas suficientes. La cuenta no era tan sencilla porque desde la presidencia del bloque preferían llevar una postura unificada y no partir el espacio.

Al finalizar una reunión de la UCR, el diputado Facundo Manes publicó: "Estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina. El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo. No es verdad que no hay opción". 

Lo cierto es que, con dictamen de mayoría o no, LLA se enfrentará en el recinto a fuertes discusiones porque hay puntos centrales del proyecto en los que no tiene el consenso necesario para ser aprobados. Centralmente en el apartado previsional y en el de las retenciones. Dos puntos clave. Habrá artículos que directamente serán dados de baja. "El dictamen mayoría no será K, pero después en el recinto vemos", se escuchaban algunas voces de la oposición amigable cuando las negociaciones todavía no estaban cerradas.

Los pedidos de los gobernadores

El lunes por la noche hubo una reunión de los gobernadores del PRO y la UCR con el ministro del Interior Guillermo Francos en Casa Rosada y el martes por la mañana otra, a la que fue en representación de todos el entrerriano Rogelio Frigerio. Los mandatarios provinciales fueron con un listado de pedidos para modificar el proyecto de ley ómnibus. En principio reclamaron por las retenciones. Están en contra de cualquier aumento. No están conformes con la excepción de 35 economías regionales y rechazan las subas al 15 de industrias de distintas zonas del país. También el aumento del 31 a 33 para los derivados de la soja.

En un guiño al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores también pidieron por el cumplimiento de la disposición de la Corte, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión de Mauricio Macri. Al cierre de esta edición este punto, aún no incorporado, ponía en duda la postura unificada del Pro, que hasta último momento estaba dispuesto a acompañar el dictamen de mayoría.

Por otra parte, los gobernadores reclamaron que el blanqueo que pretende hacer el gobierno de Milei sea sin asignación específica para que, de ese modo, los fondos que ingresen sean coparticipables. Otra exigencia fue bloquear la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Además, solicitaron que haya una determinación del Salario Mínimo Docente. Pidieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la CABA, y también con el asesoramiento de una comisión del CFI- quien acuerde el salario mínimo docente--.

Por último, las discusiones giraban sobre qué pasará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los mandatarios propusieron la transferencia de los activos del FGS al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron. En este último punto también había debates entre la oposición amigable y el gobierno, que continuaban al cierre de esta edición. Lo que pidieron los gobernadores no es suficiente para todos los diputados.