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Javier Milei batirá hoy un récord. El Presidente enfrentará su primer paro general a tan solo 45 días de haber asumido. Romperá, así, la marca de tres meses que ostentaba Fernando de la Rúa. La aplicación, a toda velocidad, del feroz programa de ajuste tendrá como contracara una huelga de 12 horas y movilizaciones en las calles de todo el país. La CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, dirigentes peronistas, agrupaciones de izquierda, referentes de la cultura y el deporte y organismos de derechos humanos se reunirán, todos, frente al Congreso de la Nación para coronar la jornada de protesta.
Será una masiva demostración de fuerza en la antesala al debate legislativo por la Ley ómnibus; un mensaje directo y contundente al gobierno nacional, pero también a los diputados que deliberarán el megaproyecto en el recinto. La Casa Rosada, en tanto, espera la marcha con aprietes y amenazas: promete descontarle el día de paro a los trabajadores, presentar denuncias en la Justicia por considerarlo “ilegal” y hacer cumplir el “protocolo antipiquete”, aunque implique reprimir.
Amplia convocatoria
"La gente tiene bronca porque hay decepción”, describió Héctor Daer. El cotitular de la CGT aseguró que el paro tendrá una gran adhesión porque "trasciende" al movimiento obrero y alcanza a diversos sectores de la sociedad como "las pymes, la cultura, los científicos, el deporte y muchos argentinos que tienen diversas miradas políticas e ideológicas, pero que quieren una Argentina diferente". “Va a ser incontrolable por la cantidad de laburantes movilizados”, agregó su par, Pablo Moyano. “No vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
En la cumbre del miércoles pasado, todas las organizaciones sindicales y sociales acordaron armar una sola columna sobre Avenida de Mayo para marchar —al mediodía— juntos hacia el Congreso. Se estima que el acto central será alrededor de las 15. Los sindicatos del transporte adherirán al paro a partir de las 19 para facilitar la movilidad a quienes participen de la protesta. Camioneros, la UOCRA, UPCN, La Bancaria y SMATA, algunos de los sindicatos con mayor poder de fuego, estarán al frente de la convocatoria que lleva el lema “La Patria no se vende”.
El peronismo bonaerense también será protagonista. Si bien el titular del PJ local, Máximo Kirchner, aún no confirmó asistencia, el partido y La Cámpora convocaron a la movilización. El excandidato presidencial Sergio Massa no será de la partida. Seguirá la jornada desde sus oficinas en la Avenida del Libertador; sí habrá dirigentes del Frente Renovador como la diputada Cecilia Moreau y otros integrantes del bloque. Aunque no será orador ni encabezará ninguna columna, Axel Kicillof se llevará todas las miradas. El gobernador, apuntado constantemente por Milei, se mostrará en la marcha, acompañado por un conjunto de jefes y jefas comunales como Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón) Mariel Fernández (Moreno) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre otros. El PJ porteño, por su parte, adosó su respaldo a la medida, al señalar que la ley ómnibus y el megaDNU significan "el achicamiento del Estado y la pérdida de miles de empleos".
Organizaciones y partidos de izquierda se sumarán en una columna multisectorial e independiente para exigir que se profundicen las acciones de resistencia. “Nos movilizaremos con un gran cartel reclamando la continuidad de las medidas de fuerzas con paros escalonados y un plan de lucha hasta derrotar la ley ómnibus, el DNU y el protocolo represivo de este gobierno ajustador y autoritario", señaló el dirigente del MST en el FIT-Unidad, Alejandro Bodart.
Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) prometen reunir a unas cincuenta mil personas. Tras realizar una serie de asambleas y ollas populares en distintos puntos del país, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, MTE, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Misioneros de Francisco definieron acompañar la iniciativa de la CGT. “Va a ser la protesta más importante que hayamos visto en la Argentina. Si sumamos a todas las que van a haber en cada provincia se van a movilizar millones de personas”, indicó el líder del Evita, Emilio Pérsico. En principio, la idea de las organizaciones es trasladarse en transporte público para gambetear el show mediático que el gobierno busca instalar con el denominado protocolo antipiquetes.
De aprietes y amenazas
En la previa de la marcha, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, emitió un comunicado para recordar que el protocolo "se encuentra plenamente vigente" y que está "absolutamente prohibido realizar corte de artería o vía de circulación". Asimismo, ratificó que se harán controles en micros y estaciones de trenes.
"Es una aberración unilateral que ya está hasta en queja por el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso de subir y filmar a la gente que viene arriba de un micro solamente lo encontramos en la dictadura", opinó Daer. “¿Me llevo a upa a 40 mil camioneros que vamos a movilizar?”, ironizó esta semana Pablo Moyano. “Que los lleve a upa, pero el protocolo lo vamos a cumplir”, respondió ayer Bullrich. En medio de los cruces, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó a las autoridades nacionales a que se abstengan de emitir disposiciones para que las fuerzas federales filmen o intercepten personas en transportes públicos (ver aparte).
El listado de medidas antiprotesta del Ejecutivo es extenso e insólito. Días atrás, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona advirtió que podría declarar ilegal el paro y accionar legalmente contra quienes participen de la movilización. Bullrich además habilitó la línea 134 para recibir denuncias de supuestas “extorsiones” a empresarios o trabajadores independientes, y aseguró que están llamando 1.000 personas por día para informar "aprietes". En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que descontarán los días a los trabajadores estatales nacionales que adhieran a la medida. “Quien no trabaja es razonable que no cobre”, apuntó. La respuesta de los estatales fue contundente: “Las amenazas solo profundizan el plan de lucha”.
