Después de casi tres meses de espera, las y los trabajadores del sector público de la provincia de Salta cerraron las paritarias 2023 al aceptar la última propuesta por las actualizaciones adeudadas por  los últimos dos meses del año pasado, que elevará los salarios un 82%.

"Para cerrar el 2023 con salarios por arriba de la inflación", encabezó ayer el portal del gobierno salteño, "los gremios acordaron el pago (...) pendiente (..) llegando al 212 por ciento de aumento durante el año pasado". La marca alcanzada ubicó al salario de empleadas y empleados estatales (salud, educación, administración central, judiciales) por encima del índice inflacionario del año pasado, tal como prometió el mandatario reelecto Gustavo Sáenz. 

Mediante un acta acuerdo firmada primero por todos los gremios presentes, el gobierno salteño rubricó luego el compromiso de pago de un incremento del 30% con los sueldos de enero, otro porcentaje similar en febrero y el 22 restante con los haberes marzo. 

La patronal estatal salteña se comprometió a pagar la diferencia adeudada por el segundo sueldo anual complementario. Ese pago será incluído en los salarios de marzo de este año. Los gremios acordaron además un incremento en las asignaciones familiares, que serán del 82%, y se abonará en porcentajes similares a las actualizaciones pactadas con los salarios de enero, febrero y marzo. 

"Estamos conformes con el acuerdo alcanzado", dijo Matías Aramayo, secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia. "Logramos que los sueldos a partir de enero de 2024 se paguen con la actualización de la base de cálculo, que ahora será diciembre de 2023 y ya incluye el 212% de incremento que negociamos", explicó el referente de la Agremiación Judicial Salta. Aunque lamentó que el gobierno salteño postergara tantos meses las negociaciones salariales en un contexto de alta inflación, aclaró que el salario de las y los estatales salteños se encuentra en mejores condiciones para enfrentar las negociaciones que se avecinan.

Desde SITEPSa, uno de los siete gremios de docentes públicos salteños, valoraron que el gobernador cumpliera con el compromiso pactado para que los sueldos de las y los trabajadores estatales le ganaran a la escalada inflacionaria en 2023. "Se dió cumplimiento al compromiso, aunque no de la forma que esperábamos, porque las actualizaciones pendientes se abonarán en tres pagos", expresó la titular de ese gremio, Victoria Cervera. La crítica de las y los gremialistas consultados se enfocó en subrayar que las actualizaciones llegaron con retraso al bolsillo de los y las trabajadoras públicas, y que las mejoras pueden diluirse en pocas semanas o meses si continúan los incrementos en los precios de los productos que conforman la canasta básica total. 

El último dato de INDEC publicado el 15 de enero pasado, ubicó la Canasta Básica Total durante la escalada de diciembre en 495.798 pesos para un hogar con cuatro integrantes, y 521.471 pesos para el caso de un hogar con cinco integrantes. La variación interanuel se ubicó en el 225,1%, lo que ubica las negociaciones de los trabajadores estatales salteños 13,1% abajo de esa diferencia anual en el costo de alimentos, bienes y servicios no alimentarios. El próximo 15 de febrero se iniciará la discusión salarial 2024, cuando probablemente se conozca el índice inflacionario de enero de este año.

Cervera adelantó que en las negociaciones de 2024 el sector docente mantendrá el reclamo por la recomposición de la grilla salarial. "Será un año complicado, pero nosotros vamos a insitir con el saneamiento de la grilla, que significa una recomposición de los salarios", insistió en alusión a un reclamo histórico para que la patronal estatal regularice los códigos que hasta ahora figuran en los salarios de los estatales bajo la denominación "no remunerativo". 

La provincia frente a la Ley Ómnibus

La reunión fue convocada ayer a las 3 de la tarde por el gobierno salteño y se realizó en Casa de Gobierno, situada en el barrio Grand Bourg. Los dos funcionarios presentes en la negociación, Sergio Camacho (ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas) y Roberto Dib Ashur (ministro de Economía y Servicios Públicos),  subrayaron el esfuerzo de la provincia para que los salarios de la administración pública salteña no pierdan contra la veloz escalada inflacionaria, particularmente, de los últimos meses. 

Los funcionarios no esquivaron mencionar la preocupación que genera en el gobierno el escenario económico actual y, por ese motivo, recordaron que Salta es la segunda provincia más afectada por los recortes de transferencias nacionales. 

Solamente la comparación interanual, muestra una caída acumulada en las primeras semanas de enero cercana al 9%. Otros rubros afectados por los recortes del Gobierno Nacional fueron las Transferencias No Automáticas para el transporte, el pago del incentivo docente y programas vinculados con la salud, educación y discapacidad. 

Dib Ashur alertó a los gremios acerca del impacto que la Ley Ómnibus tendrá en las cuentas provinciales. De concretarse el proyecto de ley que debate en comisiones el Congreso nacional, la provincia sufrirá -recordó el ministro- la disminución de la recaudación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos, y también de la masa coparticipable por el impuesto a los bienes personales y regularización de activos.

Hasta ahora, los gremios de trabajadores presentes celebraron los acuerdos alcanzados y también la continuidad de la mesa de negociación que otorga un marco de previsibilidad al colectivo de empleados y empleadas públicas de Salta. 

Participaron ayer en la reunión Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes de Salta; Fernando Mazzone, de AD; Federico Ocaranza, de APSADES; Raúl Rodríguez, secretario adjunto de ATE; Claudio Jaime, de AMET, y José Chaile. en representación de empleados del IPV. También firmaron el acta que cerró la paritaria 2023 Víctor Gómez, de SADOP; Victoria Cervera, de SITEPSA; Francisco Rocabado, por los trabajadores viales; Gustavo Soto, de UPCN; Santiago Sandoval, de ATSA; José Medrano, de UEIVISA, y Luis Ramos, de UPES.

Por el gobierno de Salta participaron el coordinador administrativo, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. También estuvieron el secretario Institucional y de Administración del Ministerio de Educación, Eduardo Costello, y el secretario de Gestión de Recursos Humanos, Eilif Riise.