Democracia significa “poder de las masas” en griego. Pero la elevada concentración de la riqueza y los recursos que registran los estados contables de las principales empresas globales, que se evidencia en la realidad cotidiana y se confirma en los datos publicados por organismos internaciones, indica que el 1 por ciento de las personas más ricas del mundo posee el 45 por ciento de la riqueza mundial. Estos hechos no son precisamente la expresión de una distribución democrática de la riqueza o del valor generado y producido en el mundo. ¿Se puede considerar compatible un sistema democrático con una elevada concentración económica?

Nuestro contexto nacional no es la excepción a estas realidades planetarias. Con la llegada de Javier Milei al poder ejecutivo y la catarata de medidas anunciadas que, en su inmensa mayoría, benefician al factor capital en nombre de la libertad y la libre competencia, todo indica que nos dirigimos a una sociedad aún más desigual.

Justicia social, soberanía nacional e independencia económica son algunos de los principios restringidos por el accionar del poder económico concentrado, que debilita al sistema político democrático. Las riquezas son creadas por el trabajo humano mediante los esfuerzos físicos y mentales de las personas trabajadoras, actualmente remuneradas en una porción inferior al valor que aportan al proceso de trabajo, lo que expresa una fuerte correlación inversa entre el aporte de los trabajadores y trabajadoras al proceso de creación de la riqueza y la porción que reciben de la misma. 

Quienes producen los bienes y servicios con su trabajo son quienes menos perciben y disponen de los mismos. En función de una distribución más democrática de la riqueza, estas personas tienen el derecho a participar de una mayor parte en la distribución del producto creado. Los modelos democráticos no pueden funcionar eficientemente si no se garantiza una distribución más equitativa de los recursos.

Sometimiento y liberación

La base de reproducción económica y social es controlada por quienes poseen la propiedad de los medios de producción. En la actualidad, esta se encuentra altamente concentrada en una cantidad relativamente pequeña de empresas, personas y familias tanto en Argentina como en el mundo.

De esta repartición asimétrica de los recursos, se derivan desigualdades y desequilibrios que exceden la tenencia de las herramientas productivas y se amplían a los instrumentos comunicacionales que logran difundir ideas, programas políticos, modelos hegemónicos, estilos de vida, escalas y juicios de valor que inciden decisivamente en el electorado y a favor de quienes ostentan la propiedad concentrada de la riqueza económica, la capacidad publicitaria y propagandística, así como el instrumental del poder político.

Teniendo en cuenta la necesidad de transformar esas condiciones, que se profundizaron en la década del noventa con la implementación del modelo neoliberal y que dieron lugar a la profunda crisis política de finales del 2001, se implementaron durante los gobiernos nacionales y populares, entre los años 2002 y 2015, políticas de Estado, leyes, medidas y acciones para recuperar autonomía y soberanía económica y política. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –más conocida como Ley de Medios–, la nacionalización de los fondos de pensiones y jubilaciones -hasta ese momento administrados por instituciones privadas y mayoritariamente extranjeras-, la nacionalización de empresas públicas argentinas como YPF o Aguas Argentinas, solo por nombrar algunas de las más relevantes. Todo estas avances democráticos y beneficios a favor de la soberanía nacional se cuestionan por el gobierno actual.

La Ley de Medios propiciaba una mayor democratización de la información y su difusión; ampliaba el derecho de las personas a acceder a mayor cantidad de fuentes y combatía la monopolización con su consecuente sesgo informativo en el que predominan enfoques, líneas editoriales, objetivos e intereses comunicacionales de las pocas empresas que concentran los medios masivos de comunicación.

Con la nacionalización de los fondos jubilatorios se logró reconvertir el sistema previsional según el principio de solidaridad; la gestión de estos recursos estratégicos volvió a depender del Estado, en lugar de estar en manos privadas con alta participación de instituciones extranjeras y del capital externo.

Estas medidas permitieron que el Estado retomara iniciativas redistributivas, reguladoras y de fomento del desarrollo económico y social. Desde ese momento el crecimiento económico estuvo muy relacionado con el incremento del empleo y los salarios reales en nuestro país, hasta el año 2016 en que se modificó la tendencia.

El rol del FMI

Las exigencias del FMI a la Argentina incluyen una fuerte exigencia de profundizar el ajuste de las cuentas públicas mediante la reducción del gasto del Estado. Ese ajuste, en las condiciones actuales de nuestra economía y de la coyuntura internacional, genera presión a la suba del tipo de cambio del dólar, que se traslada a los precios internos provocando un aumento en la inflación, e impulsa una recesión económica. 

La reducción del crecimiento económico o directamente entrar en un ciclo de recesión económica deriva en un menor nivel de actividad y, por tanto, en una disminución de la recaudación de impuestos; el resultado es una mayor necesidad de ajuste del gasto del Estado para lograr la reducción o eliminación del déficit público exigido por el fondo y que es una de las metas que Milei pretende sobrecumplir.

La contracción del nivel de actividad puede generar también una disminución de la demanda de la fuerza de trabajo, provocando menor nivel de empleo y una rebaja en el salario real, lo que no ha logrado detenerse desde el año 2016. Estos son solo algunos de los elementos por los que se vuelve primordial una revisión y renegociación del acuerdo con el FMI.

Un instrumento para atenuar la concentración económica y lograr una mejor distribución y asignación de los recursos es el control de los márgenes de beneficios económicos, instrumento que también incide directamente sobre la baja del nivel de precios de la economía.

En la comunidad primitiva, quien poseía el fierro imponía su orden. En nuestra sociedad actual y moderna el poder económico cada vez más concentrado influye determinantemente en las decisiones económicas, políticas y sociales en detrimento de una democracia plena.

* Docente en UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos