El objetivo del relato de la ultraderecha es negar el ajuste con cifras manipuladas y crear su propia película. Como el vocero Miguel Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargaron de repetir que el miércoles fueron solo 40 mil personas a Congreso; el ex presidente Mauricio Macri replicó en sus redes una nota del diario La Nación en la que se exhiben cifras para continuar atacando al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y tiene como principal argumento la baja cantidad de espectadores de las películas financiadas por el instituto. Una lógica sesgada de la cultura, que el presidente Javier Milei viene repitiendo en sus redes sociales.
El 23 de enero, el mismo día en que el oficialismo envió una nuevo proyecto de Ley Ómnibus con modificaciones para conseguir los votos de la oposición amigable, que incluía cambios en los artículos que jaqueaban el actual funcionamiento del INCAA; Milei reposteó alguna cuenta troll en la que se sostenía: "El INCAA repartió $11.330 millones a 682 películas entre el 2020 y el 2023. El 67% tuvo menos de 1000 espectadores. La gran estafa."
Repitiendo ese relato, Macri publicó un mensaje en la red X diciendo solamente: "Esto no es promover el cine argentino. Esto no es serio". El mensaje replicaba una nota del diario La Nación con cifras del funcionamiento del instituto para sostener un relato cuyo razonamiento es algo así como ¿por qué pagar por tener cine nacional, que refleje nuestra cultura, si los espectadores van masivamente a ver películas extranjeras?
La nota de La Nación reconoce que el INCAA tuvo en 2023 un superávit de 295.882.851 pesos, aunque pone como contrapunto los déficits de los años 2021 y 2022. Luego reconoce que el rol del instituto no es solo fomentar la realización de películas sino también la "escuela de cine Enerc, el sitio Cine.ar, el mercado de cine Ventana Sur y el Festival de Mar del Plata, entre otras cosas. Gestiona salas de cine (como el Gaumont, Espacio Incaa KM 0, y todos los espacios Incaa en todo el país) y tiene observatorios sobre diversidad, ocupación en la industria". Pero remata con una frase retórica que parece salir de la boca de Milei: "La pregunta es si estas cosas debería hacerlas el Incaa".
La respuesta fue muy clara por parte de los directores argentinos que llegaron a los Oscar --único parámetro cultural válido para la derecha-- como Santiago Mitre, quien fue al debate del proyecto de la Ley Ómnibus al Congreso a exigir que no se vote el capítulo que condicionaba el funcionamiento del INCAA porque "Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región y esos es posible porque hay una Ley de Cine, que sostiene y fomenta su existencia".
"Las películas argentinas se exportan a todo el mundo, generan divisas, valor agregado y trabajo de calidad; le da visibilidad a nuestro país y genera admiración, ¿por qué queremos destruir eso?", el director de "Argentina 1985". Otra que fue con respuestas fue la reconocida directora Lucrecia Martel quien les recordó a los militante de las finanzas que la industria cinematográfica argentina "es básicamente de pymes y entre el 70 y el 90 por ciento del presupuesto se financia exportando y compitiendo en festivales con película de todo el mundo". Recordó que el sector trabaja codo a codo con países como Brasil, Francia, Canadá, España, China, Corea del Sur, Catar "e inversores privados".
Pero la nota de La Nación, que Macri replicó como parte del relato mileista, se enfoca otra vez en los espectadores y refleja con firma los tuits de los trolls: "Si se considera que en 2023 se vendieron 43 millones de entradas y, según datos de la consultora Ultracine, el 85 por ciento de las entradas las vendieron las distribuidoras UIP (40 por ciento), Disney (25 por ciento) y Warner (20 por ciento), la parte de la “torta” del público que le corresponde al cine argentino –recordemos que tiene más de la mitad de los estrenos del año– está (muy) por debajo del 10 por ciento".
Y agrega que "el negocio nacional funciona como una máquina de movimiento perpetuo: se hacen films que generan empleo en el sector y alguna renta gracias a los subsidios, pero que en general no son elegidas por el público. El mayor fracaso de las políticas del Incaa hasta aquí consisten en el fin mismo de su existencia: el fomento".
Esa reflexión de la nota del diario centenario --que Milei dice algunos días que opera en su contra--, no contempla otras cifras expresadas por quienes comprenden a la cultura no solo en su dimensión social sino también en la económica, en la de generación de empleo nacional:
- Según una simulación del Equipo de Modelos Económicos de Simulación del Instituto de Economía Política de Buenos Aires (MESi-IIEP), sobre la base de cifras oficiales, a valores de fines de 2022, la ausencia del Fondo de Fomento del INCAA, provocaría una reducción total de 4 mil millones de pesos en la actividad económica general; la recaudación caería en 379 millones de pesos y se perderían 5.689 puestos de trabajo, el 60% fuera del sector audiovisual.
- Los puestos de trabajo registrados en el sector audiovisual crecieron 45% durante el periodo 2007-2022. En ese año, el empleo en el sector audiovisual tocó su récord histórico de 31.017 trabajadores en la actividad.
La contundente respuestas de los actores, directores y organizaciones de la cultura logró torcer parte de las modificaciones que contenía la Ley Ómnibus, y el Poder Ejecutivo dio marcha atrás: se eliminaron los cambios en los artículos 2, 3, 4, 5, 21, 34, 35 y 37 de la Ley 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica y también la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41. En relación al art. 21, se mantiene la asignación específica para el Instituto, que seguirá recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática.
Sin embargo, consultados por PáginaI12, desde ATE-INCAA marquen algunos puntos que continúa latente en el proyecto de Ley Óminbus. Por ejemplo, la limitación de que “los egresos correspondientes a gastos generales y de funcionamiento del Instituto no podrán exceder el 20 % de la totalidad de los recursos anuales recibidos”. Algo de lo que la nota de La Nación se encarga de marcar como deficitario, pero que los trabajadores responden con la práctica en lo que significa una política cultural, ya que se traduciría en "un ajuste a las salas que hoy existen porque no podrían funcionar sin garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo".
Otro punto que aún sigue en peligro es el aporte del 25 por ciento del total de los fondos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a partir de los gravámenes que se aplican a los dueños de los servicios de radiodifusión.
