Desde la Ley de Tierras, pasando por la Ley de Semillas, las privatizaciones de empresas estratégicas, hasta llegar a los derechos de exportación y la Ley de Góndolas. Con este breve listado, Javier Rodríguez recorre el camino de modificaciones que propone la ley ómnibus y el DNU impulsado por Javier Miel. A su juicio, “atentan” contra todo el ciclo productivo provincial. El ministro de Desarrollo Agrario (MDA) bonaerense sostiene que no hay un solo artículo a favor de la economía ni del trabajo argentino porque el objetivo de las medidas es la "la concentración y la extranjerización”. 

"Esperamos que el Gobierno Nacional escuche al pueblo luego de una movilización masiva y contundente de rechazo como la de este miércoles", señala en diálogo con Buenos Aires/12.

En este segundo mandato, Rodríguez continúa al frente de la cartera que vincula al gobierno de Axel Kicillof con los sectores productivos agropecuarios. El abordaje que involucra a su ministerio es amplio: desde la soja y el maíz, hasta la cebada que da origen a las PyMEs de cerveza, pasando por el biodiesel y la pesca, son parte del conjunto de sectores que ya tocaron las puertas del MDA en búsqueda de un acompañamiento para frenar las medidas libertarias.

"Hemos tenido reuniones con la propia Federación Agraria y CONINAGRO, donde expresan sus desacuerdos con el desastroso esquema de derechos de exportaciones", advierte Rodrpiguez.

“La discusión de la ley ómnibus se da en el marco de una aceleración de la inflación a partir de la fuerte devaluación que hizo el gobierno, acompañada por la liberación en el precio del combustible que originó un fuerte aumento en el precio de los insumos, afectando a los sectores que procesan granos y productos del agro, a quienes se les modificaron las ecuaciones, principalmente a las empresas de mediana escala del sector avícola, el porcino y el tambero”, describe el ministro.

Aquel recuento de modificaciones que indica Rodríguez que introducen los, ahora, más de 500 artículos de la, como denominó Milei a su criatura, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, son un “avasallamiento de los mecanismos democráticos habituales donde se derogan leyes que tuvieron meses de debate".

Rodríguez menciona la desaparición de la Ley de Tierras como el puntapié de la extranjerización y concentración con la que define la ley ómnibus. La pérdida del instrumento que limita a ciudadanos extranjeros tener más de mil hectáreas de zona núcleo o similares fue sancionada en 2011 y apunta a limitar la compra de grandes volúmenes de tierra productiva por parte de extranjeros.

Pero un artículo que el ministro no quiere que pase desapercibido y que ya fue señalado en un comunicado por la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y la propia Sociedad Rural, es el 241, que en la nueva versión presentada este lunes lleva el número 210. Allí se adhiere a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), particularmente a las últimas actualizaciones de 1991.

—¿Por qué es contraproducente esta adhesión?

—En la actualidad, los productores tienen el derecho a usar sus propias semillas. Es uno de los últimos elementos que quedan para evitar tener que recurrir a un mercado como el de la producción de semillas que es muy oligopólico y prácticamente monopólico. Muchas veces productor en los hechos tiene pocas alternativas para comparar semillas e, incluso, hay veces que una sola empresa las provee porque las firmas están de alguna manera asociadas.

—Entonces…

—Pasar a UPOV 91, que aparece perdido como un articulito en medio de la ley, limita esa posibilidad. Si bien habrá que ver la efectiva implementación, termina atando al productor a esa cadena de concentración porque le pone trabas al uso de sus propias semillas. Cuando hablamos de la semilla hablamos de la posibilidad de producir. Argentina entraría a un esquema de no poder usar sus propias semillas.

—El Gobierno Nacional plantea que es un mecanismo para acceder a métodos innovadores. ¿No está de acuerdo?

—Si uno conoce la realidad del mercado el punto es la concentración en la venta de las semillas. En Argentina la inscripción de nuevas variedades de semillas está bien y con altos índices de productividad. Pero bueno, esto va de la mano de limitar el desarrollo científico nacional.

—¿A qué se refiere?

—La investigación es imprescindible para el sector agroalimentario. En lo que respecta específicamente a este sector, su desarrollo ha estado fuertemente vinculado a la posibilidad de innovación que se desarrolla desde el sector público. En Estados Unidos, por ejemplo, muchísimas de las innovaciones comienzan a potenciarse a partir de la creación de centros de investigación que surgieron a mitad del siglo XIX. En Argentina, parte de esas investigaciones arrancan a principios del XX.

—¿Por qué son investigaciones que tienden a hacerse desde el sector público?

—Gran parte de la investigación se hace en el sector público porque las innovaciones agronómicas no son sujetas a propiedad. Cuando uno conoce la semilla que se adapta a determinado clima o momento del año, son conocimientos que una vez aprobados cualquier productor puede usar. Achicar el CONICET o, como ocurrió durante el macrismo con el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con personal que se jubilaba y no se reponía, lo que genera son peores condiciones para el sector. Cuando uno lee en profundidad, la ley ómnibus también habla de privatizar INTeA (NdeR: Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA. es la empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA que promueve agronegocios) que comercializa parte de los desarrollos tecnológicos del INTA, lo que sería avanzar en una lógica de los avances sean cooptados por un sector específico limitando acceso a sector productivo.

—¿Cómo se evidencia ese desarrollo científico desde el Estado?

—Durante la gestión anterior a la nuestra, en la provincia de Buenos Aires funcionaban trece chacras experimentales que tenían un funcionamiento muy magro y con una fuerte desinversión y caída del personal. Nosotros pasamos a dieciséis chacras experimentales. En estos primeros cuatro años trabajamos en el mejoramiento genético vegetal, con la inscripción de siete nuevas variedades de semillas de, por ejemplo, tomate, trigo, y cebada. Estamos por inscribir una nueva de pastura.

—¿Qué soluciones genera este trabajo?

—Es la investigación en el sector público la que llega a escala de productores. Para ver otro ejemplo concreto, construimos un laboratorio de micropropagación. Los productores de batata tenían muchas dificultades para conseguir plantas madres de calidad. También los de alcaucil. Esto redujo la superficie de siembra, y con este mecanismo lo volvemos a impulsar. Estamos en etapa de ensayo para la mejora de una semilla de maíz.

—El modelo del Gobierno Nacional dirá que esto atenta contra la libre competencia.

—Está claro que lo que propone el Gobierno Nacional es un modelo excluyente. Ataca o da de baja derechos laborales. Son procesos que tienden a la concentración. La concentración productiva es la primera manera de destruir el ingreso porque es la concentración que desde el punto inicial provoca una desigual distribución para producir alimentos. Escucho declaraciones que hablan de agregar valor, y la verdad es que gobierna a nivel nacional un proyecto que atenta contra el agregado de valor como lo es la innovación.

—¿Cómo ve el aumento de las retenciones a los commodities?

—Todo lo que se propone en materia de derechos de exportación es desastroso. Las distintas organizaciones del sector históricamente manifestaron un rechazo, con una posición de que los derechos de exportación deben tender a reducirse, y en medio de un discurso de Milei que venía a reducir impuestos. De manera generalizada, ahí hay contradicción. Siempre con poca explicación y poco debate.

—Los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, por ejemplo, están muy plantados en rechazarlas...

—Tiene que ver con la evidente estafa electoral que implica, ya que Milei hizo campaña diciendo que no iba a incrementar ningún impuesto y hoy lo están haciendo. Tanto en los derechos de exportación como el Impuesto País, o Ganancias. Por otro lado, es importante destacar que el mayor problema en la propuesta de Milei es la falta de segmentación en los derechos de exportación, y que se ve en las economías regionales. Todo es parte de lo mismo: Milei no hace lo que dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a solucionar la inflación ajustando a la casta y todos entendían que la casta era otra cosa. Pero acá se está ejecutando un modelo de ajuste clásico, que perjudica a la clase media y a los trabajadores. 

—Pero ganó las elecciones prometiendo un ajuste...

—Sí, pero nadie por votó empeorar sus condiciones de vida. Cerramos el año con una inflación de 211 por ciento. En diciembre fue del 25 por ciento, que tiene que ver con la política de Milei, diciendo que el peso es una basura e impulsando una pérdida del poder adquisitivo. Todo en muy poco tiempo y en detrimento de las enormes mayorías. Del sector de la pesca, por ejemplo, una porción de sus representados lo votaron, pero nadie voto perder su fuente de trabajo. Es una buena síntesis. Tenemos que ser claros y contundentes, explicando lo que sucede: vivimos un ajuste muy similar a los ajustes ortodoxos.

—¿A qué se refiere cuando dice que no se segmentan los derechos de exportación, particularmente en las economías regionales?

—El cambio en los derechos de exportación tiene dos cuestiones: se elevan los montos y se generaliza a las economías. A partir de las modificaciones, se eleva el derecho de exportación sobre la cebada del 12 al 15 por ciento, el de la malta del 9 al 15 por ciento, de la cerveza del 4,5 al 15 por ciento. Todo al revés, porque a mayor industrialización el derecho de exportación tiene que ser más bajo, pero acá se lo equipara todo, lo que atenta contra la industrialización regional y local. Es un modelo de reprimarización de la economía. Además, no se de diferencia la escala de productores y se establece el 15 por ciento de manera generalizada.

—¿Qué le dijeron desde el sector en la última reunión?

—Plantean que se cerraría la exportación a Brasil, uno de los principales destinos, porque los márgenes en este tipo de producción no son tan grandes. Con todo equiparado, va a ser imposible. 

—¿Hay otros casos que se presentaron ante el ministerio con el mismo problema?

—Estuvimos reunidos con el sector del biodiesel. En la provincia hay once plantas y se ve que ya la presentación de la ley ómnibus genera una fuerte incertidumbre y una inseguridad jurídica. Hoy prevén presentaciones judiciales al respecto.

—Hay legisladores que dicen que el nuevo dictámen no contiene las reformas que se habían acordado.

—Es imposible discutir asi. Es imposible ir a un debate serio, y esto que se observa con los dictámentes que se conocen ahora y no serían los firmados es la frutilla del postre de cómo se maneja. Las modificaciones que ponen sobre el biodiesel no cambian la situación de las PyMEs, y si se aprueba tal como esta planteada hasta ahora verían deteriorada su situación.

—¿Por qué suceden estas situaciones como la de los dictámenes?

—Nadie se hace cargo de porqué se incluye tal o cual cosa y nadie lo defiende ante los diputados. Se plantea una enorme modificación y no hay nadie con la valentía para dar los debates. Se presentan personas del Gobierno Nacional que no tienen que ver con el área en discusión a defender algún punto de la ley. Es parte del avasallamiento a mecanismos democrativas. 

—Mencionó al sector pesquero, ¿cómo fueron las conversaciones?

—Tuvimos reuniones. Las nuevas medidas modifican de un plumazo todo el régimen de la pesca. En la actualidad, el desembarque se tiene que hacer en puertos argentinos, en nuestro caso bonaerense. Esto fomenta la industrialización local. Se tiene que hacer con embarcaciones con bandera nacional y tripulación nacional. La ley ómnibus tira por la borda ese tema. Se trata de perder soberanía sobre zona inclusiva. Por eso también se los vio presentes en el paro y movilización de Mar del Plata. 

—¿Eso se traduce en que cualquiera puede pescar en territorio argentino?

—Muchas veces se habla de las embarcaciones que operan en la milla 201, pero con estas medidas le das luz verde a que ingresen. Se llevarían el recurso pesquero porque ni siquiera tienen que venir a puertos argentinos. Se borra el Concejo Federal Pesquero, donde están representados los intereses de las provincias y es un mecanismo que permite cuidar el recurso. Volvemos a la extranjerización. Además, pone en peligro las inversiones a nivel local. Ya está teniendo impacto lo que se anuncia porque los pedidos de nuevas embarcaciones a los astilleros fueron suspendidos porque no saben qué va a pasar.

—Estuvo de recorrida por varios municipios, ¿qué le transmitieron los intendentes durante sus últimos encuentros?

—Los intendentes lo que ven con preocupación es la evolución económica y social. Ven con muchas dificiutaldaes lo que puede ocurrir en marzo, por el retorno de la escolaridad y la gente retome un ritmo de vida pleno luego de la época de vacaciones. Hoy todos están recibiendo mayores demandas vinculadas al deterioro de las condiciones sociales y mayor demanda en los servicios públicos de salud. En ese escenario, les genera preocupación la evolcion de los ingresos en los municipios, y es algo que se plantea por las distintas fuerzas.