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Mientras siguen los tironeos y aprietes por los votos para la Ley Ómnibus de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con un anuncio que incluyó un mensaje implícito (léase presión) dirigido a gobernadores y legisladores: el Ministerio de Justicia, dijo, impulsará la creación de "una procuraduría especial para investigar la corrupción de los funcionarios públicos". El punto clave que subrayó es que no solo apuntará a quienes integran la administración nacional y el Poder Ejecutivo, sino también a los funcionarios "provinciales y legislativos". Dijo que se ocuparía especialmente de la figura de "enriquecimiento ilícito" y cuestiones patrimoniales. "Vamos a recuperar los bienes que sean producto del delito", afirmó. La noticia causó desconcierto en la Procuración, donde el primer llamado telefónico oficial por este asunto llegó varias horas después de la conferencia de prensa. Además, ya existe una procuraduría para casos de corrupción y el recupero de "activos ilícitos" es una práctica de larga data.
El argumento que esgrimen desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, ante la consulta de Página/12, es que la actual Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene facultades y ámbitos limitados a funcionarios de la administración nacional y Poder Ejecutivo, y que sólo actúa en causas penales cuando es convocada por la fiscalía. La intención, explican, es armar una nueva procuraduría, que sea una estructura diferenciada y que pueda investigar a funcionarios en un amplio espectro, incluyendo a los provinciales, del Poder Legislativo y --agregaron-- del Poder Judicial. También aspiran a que intervenga en todas las causas penales y hasta evalúan sugerir quien debería estar al frente. Dicen que cuidarán que no haya superposiciones con la PIA y con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Una procuraduría se puede crear por una resolución del Procurador o por ley del Congreso.
Del Gabinete a la Procuración
El tema fue tratado en la reunión de Gabinete en la mañana del jueves en medio de especulaciones sobre cómo lograr influir sobre los gobernadores para que convenzan a sus diputados de apoyar la Ley Ómnibus ante las diferencias sobre retenciones y jubilaciones, entre los temas centrales. El propio Milei, según la agencia Télam, le encomendó a Cúneo Libarona que hable con el procurador interino, Eduardo Casal, para la creación del nuevo órgano. Adorni tradujo luego en su conferencia matinal: "El ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos especialmente a la que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados. Incluirá a funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como como del Poder Legislativo".
El llamado lo recibió por la tarde Juan Manuel Olima, secretario de coordinación institucional de la Procuración: "Me llamó el secretario de Justicia. Me dijo que la idea es trabajar mancomunadamente el proyecto para ver qué posibilidades hay de crear una estructura así sin superposición de funciones y competencias", se limitó a contar a este diario. Otros funcionarios del organismo planteaban reparos: para que una procuraduría pueda investigar funcionarios provinciales por hechos locales, habría que reformar la competencia establecida en el Código Procesal Penal para delitos de corrupción. Por hechos que involucran dinero del Estado Nacional y atañen a funcionarios provinciales, la PIA ya tiene competencia. Un caso de estas características llevó a juicio al exintendente macrista de Pilar Nicolás Ducoté.
Otra cuestión es que en la Procuración ya existe un área que se ocupa del recupero de activos: la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Hay ejemplos conocidos: el yate de Ricardo Jaime, el avión de Lázaro Báez, la plata de los bolsos de José López. En todas las causas de narcotráfico se recuperan inmuebles, bienes y autos.
Reacciones
"Estoy sorprendido por estas declaraciones, proyecto o sugerencia. No conozco el proyecto pero me sorprende que no se tenga conocimiento o no se mencione a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas", dijo a este diario Sergio Rodríguez, el titular de esa dependencia. "El Ministerio Público Fiscal hace rato se ocupa de estos temas. Digo, no solo nosotros, los fiscales federales y la Procelac también. La PIA se especializa en persecución de hechos de corrupción administrativa. Cumplimos con los parámetros fijados por las convenciones de luchas contra la corrupción de la ONU y la OEA. Espero que la intención sea fortalecer a la PIA con mayores herramientas y atribuciones y que no sea un nuevo intento de recortar a este organismo que en su larga historia ya conoce estas intentonas", enfatizó.
Manuel Garrido, que también comandó la PIA así como la Oficina Anticorrupción (OA), sostuvo que acuerda con ampliar el ámbito de actuación de la Procuraduría "a los funcionarios del Congreso". "Yo ya decía hace 20 años que no tenía sentido limitarlo a funcionarios del Ejecutivo. Lo de los funcionarios provinciales traerá discusión por la competencia. Igual estamos ante un mero apriete para que salgan los temas que están en el Congreso. Se manipula algo que debería ser serio, como las políticas anticorrupción y el diseño adecuado de los órganos de control y de persecución, para presionar por una agenda ajena a los temas de integridad", analizó.
"Me parece una burla", dijo sobre el anuncio Natalia Volosin, doctora en Derecho especializada en lucha contra la corrupción. "Hay gente seria que hace años tiene opiniones acerca de qué hacer con la PIA, como Garrido, y vienen a proponer crear un organismo que superpone funciones. Desconocen al que existe desde 1962 y que, en todo caso, hay que fortalecer. La PIA tuvo dificultades para tener autonomía en casos de corrupción para llevar adelante su tarea, ojalá hubiera un gobierno con ganas de fortalecerla", agregó. Volosin advirtió que, si la idea novedosa es cooperar con las fiscalías federales de las provincias, "tendría que haber una reforma previa de la Ley de Ministerio Público". "Y supongamos -continuó- que quieren apretar a los gobernadores con esto, igual no van a poder manejar las causas de corrupción más allá de la competencia federal, porque hay competencia territorial en las provincias. Es ridículo".
Garrido destaca que ya existía una confusión grande respecto de la diferencia entre la PIA y la Oficina Anticorrupción. Esta última está en el ámbito del Poder Ejecutivo, y también investiga, denuncia, controla las declaraciones juradas de los funcionarios/as y la aplicación de las políticas contra la corrupción. Así lo vuelve a decir incluso el dictamen de la Ley Ómnibus que, de todos modos, vuelve a poner al descubierto algunas increíbles idas y vueltas. Cúneo Libarona dijo que le quería quitar la facultad de querellar, pero el dictamen la mantiene. Dijo que pondría al frente a un opositor, y nombró a Alejandro Melik un abogado de confianza con el que compartió defensas como la de Guillermo Cóppola. También dijo que no usaría "la Justicia federal para perseguir opositores" porque "son tiempos de pacificación".
Por lo pronto, ahora pidió crear una procuraduría con amplias facultades de investigación a medida de los deseos de Milei, que necesita votos para su ley de destrucción económica, de las jubilaciones, los salarios, de las empresas del Estado, la industria, el ambiente, entre otras tantas cosas.
