"La campaña de (el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales contra Milagro Sala, el odio personal y de clase de Morales, están llevando al Gobierno y a la Argentina a figurar en un lugar en el que no estaba desde 1979, como país que viola los derechos humanos", lamentó el abogado especialista en DDHH y exlegislador porteño, Marcelo Parrilli. Además, advirtió que el presidente Mauricio Macri al justificar la detención de la líder de la Tupac Amaru, avaló "las prisiones sin condena y los procesos por sospechas o pareceres, lo que es absolutamente anticonstitucional".
El viernes, cuando el gabinete de Cambiemos iniciaba su "retiro espiritual", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno nacional a promover las medidas necesarias para la liberación de Milagro Sala y se sumó así al reclamo hecho por el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias y el Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU. "Desde 1979, con el informe sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la CIDH no había tenido que intervenir en cuestiones de detenciones políticas", resaltó Parrilli en diálogo con Radio 10.
Frente a esta situación, Macri respondió el sábado, en un descanso de la reunión de gabinete en Chapadmalal, que “a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una serie de delitos importantes que ameritaban que hubiese causas”. Parrilli lamentó la "la liviandad e indeferencia con que hace todo" el mandatario y subrayó que "la Argentina está expuesta a sanciones a nivel internacional por la posición del gobierno nacional de seguir insistiendo en una detención que es manifiestamente ilegal".
En medio de los reclamos internacionales por la liberación de Sala, el abogado especialista en DDHH indicó que "Macri ya tiene un problema parecido al de Videla. A Videla cada vez que iba a un lugar en el mundo le preguntaban por los desaparecidos, a Macri le empiezan a preguntar por Milagro Sala" y agregó que "algunos funcionarios del gobierno nacional para justificar la detención empiezan a hablar de una campaña anti Argentina en el exterior". "Solo falta la campaña somos derechos y humanos", lamentó.
Por su parte, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, subrayó que "no se percibe mucha organicidad en las respuestas del Estado" y calificó como "pobre" la respuesta ofrecida por Macri el fin de semana. "La cabeza del Estado dice que no importa lo que dicen los organismos internacionales", alertó el integrante del CELS, que presentó las demandas ante la ONU y la CIDH junto a Aministía Internacional y Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
"Pasa por arriba la presunción de inocencia y del debido proceso. Los organismos internacionales no dicen que no se investigue a Milagro Sala, sino que tiene que estar libre", explicó Chillier y resaltó que "muchos funcionarios del Gobierno off the record aceptan que la detención es arbitraria", pero "Macri dice: 'no vamos a cumplir, porque creemos que debería estar presa'".
Respecto del argumento del gobierno nacional de convocar a los organismos internacionales para que revisen la situación de detención de la líder de la Tupac, el director ejecutivo del CELS sostuvo que "es de efecto dilatorio" y "cada día que pasa sin cumplir la decisión, la Argentina pierde legitimidad internacional".
Por otro lado, Parrilli también señaló que a los jueces "les cuesta independizarse del poder de turno" en relación al Poder Judicial jujeño que continúa avalando la detención de Sala y recordó que "lo primero que hizo Morales fue armarse una justicia ad hoc". Y resaltó que "en la Argentina primero se detiene y después se investiga, se invierten las cargas del derecho procesal penal, el estado normal y básico es la libertad y la detención es la excepción".
Por su parte, la Asociación Civil Justicia Legítima se expresó esta mañana "ante la conmoción internacional producida por la detención de Milagro Sala" y manifestó su "profunda preocupación por la eventual responsabilidad del Estado argentino en un caso emblemático, debido a la insuficiente información sobre el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales exigidos para la justificación de la prisión preventiva".
Además, Justicia Legítima aseguró que los poderes Ejecutivo y Judicial deben "explicarlo jurídica y públicamente para aventar la sospecha de que se trata de una detención política".
"A la luz de esta realidad y frente al silencio de gran parte de la comunidad jurídica, Justicia Legítima recuerda que la historia enseña que el Estado de Derecho se encuentra gravemente amenazado cuando la política traspasa las fronteras de la justicia", agrega el comunicado de la asociación.
