El Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, envió un pedido al Ejecutivo Nacional para la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que corre el riesgo de ser liquidado, de aprobarse el proyecto de Ley Ómnibus. La solicitud se realizó de manera conjunta con el Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca, en representación de todas las personas jubiladas y futuras jubiladas. 

Los defensores piden que se deje sin efecto el artículo 226 el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocido como Ley Ómnibus. Allí se establece el traspaso de los activos del FGS al Tesoro Nacional, para la "consolidación de deuda del sector público nacional". 

Dicho Fondo fue creado en la presidencia de Néstor Kirchner mediante el decreto 897/07, con el objeto de asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables. Los defensores de la ciudad de Salta y de Formosa recordaron que en marzo del año pasado ya se opusieron al DNU 164/23, que disponía la utilización de diversos fondos nacionales, entre los que estaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. "Nuevamente lo hacemos ahora", expresaron. 

Durante su presentación en la Cámara de Diputados, a medidos de enero, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, ratificó la inclusión del artículo 226 en el proyecto de Ley Ómnibus, destacando la necesidad de reconfigurar la gestión de la deuda pública. El funcionario expuso los detalles de la propuesta, resaltando el enfoque de consolidación patrimonial para llevar a cabo la liquidación del FGS.

Asimismo, argumentó que “la valuación actual de los activos del FGS es aproximadamente de 5.500 millones de dólares” que “servirían para pagar dos meses de los pagos de Anses”.

El Fondo está integrado por los aportes efectuados por trabajadores activos durante la vigencia del sistema de capitalización y que fueron transferidos al ANSeS en 2008 al estatizarse el sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). "Estos fondos son propiedad de las y los trabajadores aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional en su conjunto", insistieron los defensores.

Asimismo, explicaron que el FGS se invierte en proyectos productivos que estimulan el empleo formal, dinamizan la economía y generan a su vez un retorno de utilidades para el propio Fondo, posibilitando así un círculo virtuoso que debe favorecer el crecimiento con inclusión social. Por esa razón afirmaron que el proyecto de Ley Ómnibus habilitaría a que esos fondos "se utilicen de manera inapropiada y se produzca un vacío de los fondos disponibles por la ANSeS para fines distintos" a los asignados por el decreto 897/2007. 

Para los defensores, se dejaría "desprotegidos a miles de jubilados y trabajadores activos que serán futuros jubilados" ante la crisis financiera que persiste en el país y se acrecentó desde la llegada de Milei a la presidencia. Además, consideraron que "esta medida pone en riesgo todo el sistema previsional actual y futuro", por lo que insistieron en que el Ejecutivo Nacional revoque "en forma inmediata" el proyecto.

Para el caso contrario, Núñez Burgos y Gialluca solicitaron a legisladoras y legisladores nacionales que se opongan a los artículos referidos, ya que su aprobación vulneraría derechos constitucionales vinculados al carácter integral de los beneficios de la seguridad social, la inviolabilidad de la propiedad, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, y los derechos humanos de las personas mayores.

Además, pidieron que se tomen medidas para beneficiar a jubiladas y jubilados y no para perjudicarles, ya que actualmente pertenecen a un sector de la sociedad que se encuentra más afectado por la crisis financiera.