La empresa de transporte público de personas en el área metropolitana, SAETA, impuso restricciones a la gratuidad del boleto estudiantil que fueron autorizadas por la Asociación Metropolitana del Transporte (AMT). Agrupaciones de estudiantes y la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Salta se organizan para reclamar contra estas medidas.

Las agrupaciones estudiantiles, autoridades de la UNSa, la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIUNSa) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa) también se sumaron el miércoles 24 de enero al paro general convocado por las centrales obreras CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores contra la Ley Ómnibus y el DNU 70 del presidente Javier Milei.

En un contexto hiperinflacionario, el boleto de colectivo urbano de pasajeros sólo en la ciudad de Salta ya subió a $290. Mientras que desde el lunes 4 de marzo pasará a costar $490, siendo uno de los más caros del país.

Aunque la provincia mantuvo los pases libres estudiantiles, la empresa impuso restricciones que ya fueron autorizadas por la AMT. De este modo, el beneficio se extenderá durante el período lectivo, de lunes a viernes, entre las 6 y las cero horas. Para los sábados, se requiere tramitación especial. Se dispuso un cupo de 70 boletos al mes para secundarios y universitarios y 30 boletos para ingresantes a la Universidad, quienes podrán continuar con el beneficio cuando acrediten regularidad.

"Conocemos la realidad de muchos de los estudiantes que asisten a la universidad. Muchos de ellos vienen del interior y, por lo tanto, su recorrido hasta la universidad implica dos colectivos al menos. La carga horaria también de los estudiantes no es muchas veces sólo asistir a clases a la universidad, sino también hacer prácticas hospitalarias o de campo. Y esos casos implican también horas que tienen que cumplir para poder llevar adelante la carrera que han elegido", dijo a Salta/12 la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNSa, Sol Ramírez.

En el marco de la derogación de la ley de alquileres y la desregulación de los precios de los alimentos, que han implicado estrepitosas subas, Ramírez evaluó las dificultades que esta situación genera a los y las estudiantes para acceder a los estudios universitarios y sostener el cursado.

"Nos parece que alquilar una habitación, poder tener una alimentación medianamente buena y poder adquirir el material de estudio son cosas que se han encarecido y hace que sea menos accesible para un estudiante que quiere realizar una carrera universitaria. Entonces, en esta sintonía, nosotros como universidad queremos que la educación siga siendo un derecho para los estudiantes. Por lo tanto, estamos a disposición para el diálogo y también para que esto siga siendo posible. Y para que siga siendo posible, el derecho del boleto gratuito tiene que poder seguir siendo una realidad", manifestó Ramírez.

Centros y agrupaciones de estudiantes están poniendo en discusión la problemática y han elaborado un formulario para obtener información de la situación de la comunidad estudiantil (https://docs.google.com/forms/d/e). Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles difundió en instagram cómo el DNU 70 y la Ley Ómnibus afectarán a la comunidad universitaria (https://www.instagram.com/).

El presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades e integrante de la agrupación Voces, Lautaro Cabrera, se explayó ante Salta/12 sobre el impacto que les provocaron las nuevas condiciones para el boleto estudiantil. "Cuando se dieron a conocer las medidas, la primera acción que tomamos fue iniciar una campaña de organización y de movilización (...), declararnos en un estado de alerta y movilización, lanzando un comunicado por redes sociales, un poco dando a conocer lo que son las medidas al estudiantado para buscar organizarnos y buscar pelear en un sentido de unidad porque es un derecho que nos afecta directamente a nosotros, directamente a todos los estudiantes, no sólo a los estudiantes universitarios, también se ven afectados los estudiantes primarios, los secundarios y los terciarios". 

El representante de los y las estudiantes de Humanidades consideró importante rememorar "el recorrido de lo que fue el proceso histórico del movimiento estudiantil para lograr este derecho que hoy gozamos". Explicó que buscan trabajar en unidad con otros sectores como el Frente de Estudiantes Secundarios, los centros de estudiantes de las secundarias y con los terciarios. "Estamos avanzando en reuniones con la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles, con la Secretaría de Bienestar, con el rectorado de la Universidad, que entienden nuestra situación y están dispuestos a ayudarnos", contó. 

Además, antes del paro del 24 se reunieron con el secretario general de la CGT, Carlos Rodas, "para buscar su apoyo en lo que es el pedido de SAETA y la AMT con respecto a estas restricciones, también hubo una respuesta favorable", dijo Cabrera. 

Por otro lado, anunció que participarán de la audiencia pública que realizará la empresa SAETA el 9 de febrero.

"Un ingresante cursa el CIU (Ciclo de Ingreso Universitario) de lunes a viernes y con 30 boletos al mes, a la tercera semana ya deserta del curso de ingreso, cuando inicia el cursado de su carrera universitaria los horarios son dispares y muchas veces no es humano quedarse en la universidad, ¿30 alcanzan? Y los 70 boletos para un compañero que estudia, participa de los equipos de investigación, de extensión, ad honorem en la mayoría de los casos, ¿alcanzan los boletos? Y el que hace prácticas docentes o profesionales, está en el horno", consideró por su parte Mauricio Giménez, coordinador de la Franja Morada.

Giménez tuvo en cuenta que las actividades de los y las estudiantes de la universidad no se limitan al acto del cursado en un aula, sino que incluyen diferentes tipos de actividades de extensión, investigación y otras.

"Lo más grave para nosotros es el traspaso de datos confidenciales de los estudiantes por parte de la universidad sin previa autorización", señaló Giménez.

La empresa exige para la renovación del beneficio la regularidad y acreditación de 2 materias aprobadas por año e impone el tope de acceso durante 8 años como máximo. Entre los recortes impuestos, para acceder al pase libre se debe carecer de título terciario o universitario y ahora SAETA requiere una declaración jurada. La empresa también ha excluido del beneficio a estudiantes de estudios de posgrados o pos titulación.