Entre las “erratas” del presidente argentino Javier Milei, nombró varias veces a Ecuador como el espejo hacia el cual podríamos mirar las bondades de un modelo económico basado en la dolarización. En los comienzos del 2024, sin embargo, se desató una crisis profunda: el multimillonario presidente Daniel Noboa, declaró el “conflicto interno armado” (CIA), con el que se avaló la militarización completa del país, junto al estado de excepción, con suspensión del derecho de libertad de reunión y toque de queda desde las 23 hasta las 5 horas. El 9 de enero fue tomado por jóvenes armados el canal de televisión de Guayaquil. La respuesta militarista desde el gobierno, ha desatado una profunda guerra especialmente contra las mujeres pobres, niños, niñas y jóvenes racializadxs. Diversas activistas feministas ecuatorianas analizan esta realidad.

Alejandra Santillana Ortiz, de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador, del Colectivo Yasunidos y de Feministas del Abya Yala señala que “Ecuador, con una economía dolarizada, ocupando un lugar diferente en esta división de la comercialización y producción de la droga a nivel mundial, comienza a ser un país de disputa de los carteles, de un tipo de desmantelamiento del Estado, y de un ensayo de reorganización del capital legal e ilegal en nuestro territorio y en nuestra economía, que viene gestándose desde algunos años atrás, y tiene como correlato un modelo extractivo, petrolero, que ahora pretenden también minero, y una forma absolutamente autoritaria de ejercicio del poder. Es un laboratorio que visibiliza el profundo racismo estructural, el abandono histórico de poblaciones negras, de jóvenes empobrecidos y racializados, que ven y se vuelven carne de cañón, y fuerza de trabajo de estas grandes mafias de los dueños de la droga y dueños de las armas”.

Una de las regiones epicentro del conflicto es Esmeraldas. Juana C. Francis Bone, del Colectivo Mujeres de Asfalto de la provincia de Esmeraldas, nos dice: “No existe una frontera que te haga ver la diferencia entre las cárceles y los territorios de la periferia, mal llamados urbanos marginales. Existe una conexión real que tiene que ver con el sistema carcelario, un sistema obsoleto, y representa también la precariedad de los estados. Las condiciones en las que están nuestras comunidades son las mismas, con la misma dinámica que se encuentran en las cárceles. Se preguntarán si no es cruel pensar en nuestra comunidad como una cárcel, pero es así cuando están las desigualdades. En Esmeraldas, hace años venimos denunciando la falta de acceso integral a derechos, y la necesidad de repensar la seguridad por fuera del sistema armamentista, ser conscientes que hablar de seguridad implica hablar de justicia social de forma integral”.

Jazmín Freire integra la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos en Guayaquil, otra de las regiones empobrecidas del Ecuador: “Yo quisiera remarcar dos parámetros que fueron levantados en alerta desde el 2020. La pandemia agudizó muchos de los problemas que se venían dando a nivel social y económico. Un parámetro es la crisis carcelaria. Se hablaba ya de la toma de los grupos narcodelictivos al interior, del hacinamiento, del incremento de violencia al interior de las cárceles y de la falta de garantías de las personas privadas de libertad. El otro parámetro es la precarización de la vida en la población ecuatoriana, que se agudiza en la pandemia. La deserción escolar se incrementa, las fallas dentro del sistema educativo se evidencian, las carencias del sistema de salud, las irregularidades dentro del sistema laboral. Todo desemboca en lo que explota últimamente dentro de las cárceles, con matanzas, muertes, impunidad, y un discurso hacia afuera que posiciona que las personas privadas de libertad no tienen derechos ni garantías. Esto es gravísimo para los derechos humanos, para las defensoras de derechos, de vida digna, porque comienzan a posicionarse discursos de odio”.

El racismo estructural

Advierte Juana Francis Bone: “Los cuerpos negros, racializados, en comunidades como Esmeraldas, Durán, Guayaquil, las zonas periféricas de Quito, siempre somos cuerpos sospechosos. El perfilamiento racial y las violencias hacia mujeres y niñas, hacia diversidades sexogenéricas o diversidades sexuales, va en aumento”.

Mujeres de Frente se define como “una comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres, diversas y desiguales, indígenas, mestizas, afrodescendientes, cholas, y sexualmente diversas, así como una comunidad de reflexión y acción política”. La colectiva integrada por ex presas, presas, familiares de las mismas, denuncia “el racismo de Estado del que está haciendo gala el gobierno del Ecuador. La intervención militar se está desplegando a nivel nacional, pero de modo intensivo en provincias y barrios poblados por gente afrodescendiente y de raigambre indígena y montubia que son, además, los territorios más empobrecidos del país. Son personas de esas provincias y barrios las que habitan masivamente las prisiones, de modo que la intervención militar en las cárceles es una acción directa contra personas de los pueblos históricamente despojados y sistemáticamente empobrecidos. El gobierno del Ecuador está dando un mensaje racista al mundo según el cual es de los pueblos racializados y empobrecidos de donde surge la violencia, cuando es de todos sabido que los perfiles expuestos en los medios de comunicación constituyen la fuerza de trabajo descartable de los grandes señores de la guerra, trabajadores ilegales que vemos morir día a día".

La militarización: una guerra contra el pueblo

Juana Francis Bone analiza: “En el Ecuador hoy sucede lo que veníamos previniendo, cuando se asumen medidas con herramientas militares como éstas. El número de mujeres desaparecidas en estos últimos tiempos, el aumento del reclutamiento forzoso para bandas delictivas de niños, niñas y adolescentes, las muertes y torturas de las mujeres porque su familiar forma parte de una banda, etcétera, ha recrudecido. También se ha incrementado el desarraigo, porque gracias a la militarización de las comunidades, no es que se ha brindado más seguridad, sino que ha habido el desarraigo. La extorsión del cuerpo de las mujeres en medio de las violencias ha representado la expulsión de tu comunidad, el que tengas que dejarlo todo para intentar reiniciar en otro territorio, exponiendo tu vida, porque la gente de Esmeraldas que está cruzando el Darién está exponiendo su vida”.

Alejandra Santillana explica la lógica que mueve a esta sociedad: “Ecuador es un país andino, con una economía profundamente dependiente de la extracción de petróleo y de recursos naturales, cuyas élites no han tenido la capacidad de construir un proyecto con respaldo social y popular que se sostenga en el tiempo, y siempre han estado a merced de sus propios intereses de clase. El campo popular ecuatoriano, sobre todo organizado en torno al movimiento indígena y a la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador), a partir de 1990 con los distintos levantamientos obligó a orillar a esas élites rentistas y oligárquicas, burguesas, frente a la fuerza del campo popular, que tenía como objetivo no solamente impugnar el modelo de desarrollo, los intereses de las élites, sino también ampliar las fronteras de una democratización desde abajo, que permitía construir a través del proyecto plurinacional elementos centrales que incluían lo nacional-popular-comunitario como una apuesta de la sociedad ecuatoriana, pero que además, en el caso del movimiento indígena, se convirtió en un actor determinante que sí tenía la capacidad de agregar distintos sentidos, y esa capacidad permitía construir una disputa contrahegemónica desde abajo, que sí recogía los conflictos y el descontento generalizado. En Ecuador además, logramos construir una política efectiva en las calles de un mandato popular plurinacional, que frenó algunos proyectos y estos intereses concretos de ajuste estructural. No tenemos muchos tratados de libre comercio firmados, sino uno con la Unión Europea, no tenemos procesos de privatización generalizados en varios sectores estratégicos. Ecuador es un extraño país de la zona andina que logra frenar muchos de los mandatos neoliberales desde arriba aplicado por las élites”.

Niñeces y jóvenes

¿Qué significa este marco de violencia para niñeces y jóvenes? Jazmín Freire nos dice: “Todo este escenario para las mujeres, infancias, adolescencias y disidencias termina siendo un panorama tétrico, penoso para las mujeres que sostenemos la vida, los cuidados, nuestras economías familiares. Es un un golpe sobre la nuca, porque la economía familiar está decaída, vivimos un estrés de no saber cómo alimentar a nuestras familias, decidir si nuestros hijos van a la escuela, o si comemos una o dos veces al día, o nos ingeniamos para poder traer ingresos a la casa, y sostener los cuidados colectivos. Cómo hacemos para avanzar dentro de toda esta guerra interna que tenemos, con la violencia de los militares, del Estado. Las infancias están creciendo en una normalización de la violencia, escuchando tantos discursos a la vez, que ya no saben ni qué creer. Escuchan que está bien matar, irte al mundo del del crimen; por otra parte escuchan que la gente pobre no tiene derechos ni garantías, que tienen que vivir en la zozobra, que si logras salir vivo y llegar a la adolescencia ya es una lotería. Sabemos que la industria armamentista, la industria de seguridad, no está a beneficio de la gente, porque cuando el Estado dice ´hemos detenido 100 delincuentes´, en realidad todo el sistema criminal y corrupto se ha fortalecido y recluta 300, 500 más. La solución está en una reforma social, estructural, popular, sistémica, que la hemos tratado de construir en los barrios, pero que el Estado en su abandono social, ha venido siendo un caldo de cultivo. Nosotros responsabilizamos al Estado, y sabemos que pueden traerse las armas que quieran y esto va a ser un campo de batalla donde la sangre la vamos a poner nosotros siempre, los sectores populares. Dentro de este panorama, vemos la injerencia norteamericana y hasta nos causa gracia. ¿Cómo podemos hablar de paz o de retomar alguna normalidad con la intervención de un gobierno, como es el de Estados Unidos, que ha estado vinculado a tantas masacres? No creemos que vayan a ser salvadores, sino que como siempre se van a beneficiar del discurso de la guerra”.

Desafíos de los feminismos populares

En este contexto desgarrador, se vuelve desafiante la presencia de los feminismos populares, tanto para interpretar como para intervenir en la realidad. Nos dice Juana Francis: “Ante estos eventos de violencia, nos interpela mucho el quitarnos los lentes del privilegio, nos obliga a ver en qué condiciones nos estamos relacionando las redes de cuidado y las redes del feminismo. Nos interpela también ubicar al feminismo como centro, o ubicar a las sujetas de derecho como tal, porque el feminismo debería interpelarse su blanquitud, y cómo interviene. Yo que me enuncio desde el feminismo negro popular y comunitario, nos planteamos cuáles han sido las barreras para conectar con otros feminismos que en épocas de crisis se ausentaron en vez de presentarse a dar una mano. Cuando nos observan con la mirada de la blanquitud y del colonialismo, quieren ser las salvadoras del proceso y no quieren fortalecer las herramientas de las comunidades, de las compañeras, para que seamos nosotras mismas quienes defendamos nuestro territorio”.

Alejandra Santillana también pone el eje en la importancia de la vida: “Una vida concreta, una vida digna, que merece ser vivida; también hay una preocupación central por la naturaleza y el cuidado de los territorios. Una vida que en este momento se ve amenazada. Ni siquiera la posibilidad de dignificación de la vida, sino que la vida en concreto se ve amenazada por esta pretensión de fascistización de la sociedad y de militarización del Estado. Otro desafío desde una perspectiva feminista más amplia es el debate sobre el carácter del Estado. Muchos espacios plantean que el problema ahorita es que no hay Estado y que es necesario tener más Estado. Lo que han dicho varias compañeros y que yo suscribo, es que hay más Estado punitivo y menos Estado de inversión social. Menos público comunitario y más construcción de cárceles, reforma del Código Integral Penal, entrada de armas, militarización de la sociedad, control de los militares sobre las cárceles, y una espectacularización de la violencia. Esta crítica desde los feminismos del Estado punitivo plantea el rol de las cárceles, hechas para la organización y el gobierno de los pobres. El Estado punitivo es un Estado patriarcal, del control del castigo, el Estado que siempre pone por delante las sospechas sobre aquello que no puede controlar. Un tercer elemento es la necesidad urgente de cuestionar a esos feminismos que apelan por una política centrada en la identidad. Es necesario construir feminismos populares y comunitarios, que irradien al conjunto del campo popular, y que nos permitan entender la necesidad de alianzas por la vida, de territorios ideológicos por la defensa de la vida”.