El Gobierno pretende imponer una reforma laboral mediante el DNU y algunos artículos de la Ley “Omnibus”. Se supone que al “modernizarse” la legislación laboral se resolverían los problemas de empleo en el país, en particular el trabajo informal y los bajos salarios. Si bien hasta el momento el capítulo laboral del Decreto fue suspendido, el desenlace judicial todavía está abierto.

Regresión de derechos

El DNU ataca dos principios que rigen el derecho del trabajo, que surgen de una realidad evidente, pero negada por la ideología liberal: las partes de una relación laboral no negocian libremente en igualdad de condiciones. El primero es el “in dubio pro operario”: se relativiza que ante la duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. El segundo, la irrenunciabilidad: se permite que el trabajador renuncie mediante acuerdos individuales a derechos adquiridos en las leyes o convenios colectivos.

También se revierten derechos de la ley de teletrabajo, que afectan principalmente a las madres que trabajan bajo esta modalidad. Hasta ahora, quienes cumplen con tareas de cuidado, pueden coordinar con el empleador sus horarios. Pero el DNU agrega que solo se puede hacer si no afecta “lo requerido de su trabajo”, que la interrupción de la jornada debe ser esporádica y que se debe compensar el tiempo no trabajado. Por si fuera poco, se elimina la presunción de discriminación cuando se lesione este derecho.

A favor del trabajo informal

En sintonía con los reclamos empresariales, se combate a la supuesta “industria del juicio”, avalando el trabajo informal y el fraude laboral. Se da vía libre al trabajo informal al eliminar las indemnizaciones por trabajo mal o no registrado. A su vez, se eliminan sanciones para empleadores que no cumplen con ciertas obligaciones, como el pago de aportes. Otra vía de reducción de los costos de la litigiosidad se da por la eliminación de multas y facilidades de pago de juicios y deudas.

Por otro lado, el “combate” al trabajo informal que aparece en la Ley “Omnibus”, es una fórmula ya implementada por todos los gobiernos con nulos resultados: la condonación de cualquier multa o sanción por trabajo no registrado. Todo esto parece apuntar a legalizar el trabajo informal, o sea el trabajo totalmente desregulado, que es la aspiración liberal.

La precarización avanza

Las formas precarias de contratación se expandieron en las últimas décadas. Lejos de buscar solucionar esta situación, el DNU la profundiza. Por ejemplo, con extensión del período de prueba a ocho meses, que además dejaría de computarse como tiempo de servicio. También se favorece la tercerización laboral, mediante la modificación de la responsabilidad solidaria: se establece que lxs tercerizadxs son empleadxs de la empresa que lxs contrata y no de la que usa sus servicios.

El monotributo, una forma de fraude laboral, es alentado en DNU. Se elimina la presunción de relación laboral cuando un monotributista factura frecuentemente durante un período de tiempo a una misma empresa. También se crea la figura de “trabajador independiente”, que puede contratar hasta otrxs cinco “trabajadores independientes”. Esto habilitaría a empresarios pymes a contratar bajo esta modalidad, sin reconocer la relación de dependencia. Es una vía para el blanqueo por medio del fraude laboral.

Recortes salariales

El DNU busca incorporar en la Ley de Contrato de Trabajo situaciones que ya se pactaban por acuerdos paritarios. En particular el banco de horas y los francos compensatorios, que permiten eliminar las horas extras y el costo adicional que suponen. Otra medida que va a afectar los bolsillos obreros es que las cuentas sueldo dejarían de ser gratuitas y sin cargos por operaciones, lo que representa una gran ofrenda a los bancos.

Facilidad de despido

Una de las principales demandas empresarias es el costo del despido, por lo que desde hace décadas que el cálculo indemnizatorio se ha ido reduciendo. Milei pretende avanzar en ese sentido al bajar el piso de las indemnizaciones y eliminar el aguinaldo del cálculo. A su vez, se incorpora la posibilidad de pactar por convenio colectivo el fondo de cese laboral, que ya existe en la industria de la construcción a partir de un decreto de Onganía. A pesar de ello, la industria de la construcción es una de las que tiene más alta la tasa de trabajo no registrado, por lo que no se puede esperar que esto sea un incentivo al blanqueo, como argumentan quienes lo defienden.

En el ámbito público, el Gobierno también está buscando facilitar los despidos. No solo ya comenzaron los despidos de contratadxs, también se busca avanzar sobre trabajadores de planta permanente, mediante la Ley "Omnibus".

La represión necesaria para el éxito

En el DNU hay una serie de medidas que apuntan a reprimir la actividad sindical en los lugares de trabajo. Una muy grave es la limitación del derecho a huelga en la casi totalidad de actividades. Además de ampliar el listado de actividades declaradas como servicios esenciales, se agregan los trascendentales. Esta limitación se extiende a actividades insólitas como comercio electrónico, un regalo para Galperín. También se prohíben medidas de acción directa, como el piquete de huelga o la toma de establecimientos. Se agrega como causa de despido justo, o sea sin indemnización, acciones de protesta como bloqueos. En la misma línea, se busca evitar las asambleas en los lugares de trabajo en horario laboral. Además, se impide la reinstalación de un despedidx en caso de discriminación, lo que se usa en juicios de despido de activistas que son echados por su actividad gremial.

¿Qué libertad avanza?

La reforma laboral que propone Milei es un ataque a la clase obrera a la medida de los empresarios. No es novedosa, porque profundiza las reformas previas, cuyos resultados estuvieron lejos de mejorar el empleo. No implica modernización alguna, sino más bien un retroceso al pasado, donde no existían estos derechos y la situación de la clase obrera era deplorable. Además, existe ya un 40% del mercado de trabajo que funciona sin regulaciones laborales, tal como pretenden los liberales. Lxs trabajadores en esa situación cobran salarios más bajos y tienen peores condiciones laborales. Estas medidas constituyen falsas soluciones a problemas cuyo origen no es la legislación laboral, sino la dinámica de la economía argentina, marcada por las crisis recurrentes. No van a crear más trabajo, disminuir el trabajo informal o mejorar los salarios. Lo que se busca es dar un nuevo giro a la tuerca de la explotación. Solo va a producir que lxs trabajadores desciendan un nuevo escalón en la escalera de la degradación de sus condiciones de trabajo y de vida. 

*Socióloga e investigadora del Conicet