“La falta de control del municipio hizo que Pinamar creciera en algunos lugares sin ningún control." Así fue la definición de Francisco Montes. Los dichos del actual Secretario de Hacienda del municipio comandado por Juan Ibarguren apuntaron a la que hasta hace un mes fue la gestión de Martin Yeza.
Ese "descontrol" se evidenció en el último operativo de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que, al igual que en otros años, constató miles de metros cuadrados de viviendas en barrios cerrados y zonas de altos ingresos sin declarar, así como deudores de patente de vehículos de alta gama.
“Vamos a trabajar fuerte con la dirección de Regularización Dominial que se creó en esta gestión para salir a ver de qué manera ayudamos a un montón de gente a que blanquee metros”, complementó en sus declaraciones Montes, que abrió una interna impensada hasta no hace mucho tiempo atrás.
Sucede que nada llamaría la atención si no fuera que Ibarguren, ganador por sólo un voto en octubre del año pasado, es el candidato que impulsó Yeza y fue, incluso, su funcionario.
Sin información
El crecimiento demográfico de Pinamar es algo de lo que el propio Yeza, intendente del distrito entre 2015 y 2023, se jactó en un cruce público con el titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard, en 2021. Ya por aquellos días, Girard le reclamó a la Municipalidad lo mismo que al día de hoy sigue faltando: información.
Sucede que, en 2020, el propio Yeza firmó, junto a otros municipios, un acuerdo de intercambio de información tributaria, asistencia técnica y de trabajo con ARBA. “Pinamar nunca entregó el archivo de permisos y habilitaciones de obras que le daría al fisco los indicios de construcción en el municipio”, afirmaron desde la Agencia a Buenos Aires/12.
El ex intendente y hoy diputado nacional por el PRO es un ferviente crítico de la actual Ley de Alquileres que pretende ser derogada por el presidente Javier Milei, y que desde entidades como Inquilinos Agrupados denominan como un “proyecto de las inmobiliarias” que no pretenden tener ningún tipo de control del Estado.
En 2021, Yeza dijo que Pinamar tenía, en ese momento, un crecimiento de la actividad de la construcción superior al 160 por ciento, cuando el promedio nacional era del 23 por ciento. “Tengo reuniones con personas que tienen la idea de invertir en emprendimientos inmobiliarios en Pinamar, siendo que eliminamos el impuesto a las construcciones unifamiliares y hubo un boom”, celebró por aquellos días.
Según el último operativo de ARBA, se detectaron 17 edificios y 215 “casas de lujo” que estaban declaradas como baldíos. En total, son más de 70 mil metros cuadrados que no tributaban bajo la forma que corresponde y que ahora afrontarán multas que ascienden hasta los 25 millones de pesos.
A su vez, en los operativos conjuntos con el Ministerio de Transporte y la Policía bonaerense, se controlaron 180 vehículos de alta gama, de los cuáles 47 registraban deuda de patente, lo que dio lugar a firmas de compromisos de pago por un total de casi 10 millones de pesos e intimaciones que, en su conjunto, sumaron cerca de 11 millones.
Las labores en Pinamar, así como las que la semana pasada se llevaron a cabo en Mar del Plata, son parte del plan de ARBA que “reorientó” su personal y estrategias hacia los sectores de mayores ingresos. Tal como lo explicó este medio días atrás, la Agencia de Recaudación bonaerense tiene en claro que este es el segmento poblacional que elabora métodos más sofisticados para escaparle a los impuestos correspondientes y es el que tiene capacidad genuina de pago.
En lo que resta de la semana, informaron desde ARBA, se estarán haciendo operativos en zonas de Cariló “donde satelitalmente se detectaron construcciones sin declarar que van a ser notificadas y fiscalizadas en los próximos días”.
¿Qué se encontró?
En la Isla del Golf, uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Pinamar según la Agencia, se relevaron 106 casas que figuraban como terrenos baldíos en catastro y hoy son más de 25 mil metros cuadrados de construcciones con vistas al bosque y a canchas de golf. Además, se constataron otras 29 obras que se están llevando adelante sin declarar, por un total de 8.464 metros cuadrados.
En el barrio cerrado La Herradura, se encontraron más de 6 mil metros cuadrados sin declarar en 42 viviendas. Todas con piletas. Las piletas tampoco estaban declaradas, las que equivalen a otros mil metros cuadrados de construcción, aproximadamente. En Pinamar Chico se constataron seis casas con un total de 900 metros cuadrados sin declarar, y en Solar del Este fueron tres viviendas por 450 metros cuadrados.
También se encontraron edificios, entre los que se destacan tres que tenían, cada uno, más de dos mil metros cuadrados sin declarar y estaban declarados como baldíos.
Desde el organismo presidido por Girard, el subdirector de Acciones Territoriales y Servicios, Gaspar Spiritoso, remarcó el “trabajo previo de inteligencia fiscal” que se realiza desde ARBA, analizando las declaraciones de los propietarios y desarrolladores inmobiliarios. “Primero cotejamos la información con imágenes satelitales y luego con los detalles que proveen el dron y las tareas de campo”, explicó.
El propio Spiritoso detalló que, una vez que se detecta la falta, los responsables son intimados y tienen quince días para rectificar su declaración jurada e informar correctamente los metros que corresponden. “Transcurrido ese plazo, si no reaccionan, ARBA lleva adelante una determinación de oficio que incorpora construcciones detectadas y aplica las multas correspondientes”, señaló.
Autos también
El 26 por ciento de los 47 autos de alta gama registrados en la Provincia resultaron ser deudores del impuesto de patente, según el operativo de ARBA. La zona en la que se trabajó fue en los balnearios de La Frontera, un lugar al que se accede únicamente con camionetas de tracción 4x4 y los comúnmente denominados UTV (Utilitary Task Vehicle o vehículo de tarea utilitaria). “Estos últimos los controla el ministerio porque no pagan patente, pero su valor oscila entre los 40 y 50 mil dólares”, advierten desde el organismo de recaudación.
Según el informe de ARBA, los titulares de los vehículos que tenían deudas firmaron compromisos de pago por un monto de casi 10 millones de pesos, en tanto que el resto recibió intimaciones por aproximadamente 11 millones de pesos.
Los operativos transcurrieron sin mayores inconvenientes, a pesar de que puede haber reacciones que, según los propios funcionarios de ARBA, ya suelen ser una costumbre en este segmento de altos ingresos. “Hubo un altercado menor con un contribuyente puntual, un abogado, que se bajó y discutió con la policía, ya que tenía una deuda que daba las condiciones como para que se secuestre el vehículo, cosa que finalmente no sucedió porque accedió a firmar un compromiso de pago”, detallaron desde la Agencia a este medio.
