Patricia Bullrich arrancó envalentonada su segunda gestión al frente del Ministerio de Seguridad: protocolo anti-manifestaciones, una resolución para cobrarles “multas” a las organizaciones sociales y un proyecto de ley que busca criminalizar a quienes participen de protestas o las organicen. La batería de decisiones de la ministra no cayó bien en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde tres relatores especiales le reclamaron al gobierno de Javier Milei que revise las disposiciones porque no son compatibles con los estándares internacionales y le aconsejaron que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El martes, el mismo día en que había negociaciones frenéticas en la Cámara de Diputados para cerrar un dictamen que permitiera llevar al recinto la Ley Ómnibus, llegó una comunicación firmada por los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos). El texto recién se hizo público este viernes a través de un tuit de Voule, el relator que ya había irritado a Bullrich cuando criticó el protocolo anti-manifestaciones.

Naciones Unidas desmenuzó artículo por artículo el protocolo que Bullrich puso en práctica por primera vez el 20 de diciembre pasado y que viene fallando porque no logra –a pesar de la saturación y de la parafernalia policial– impedir que los manifestantes corten las calles para hacerse escuchar. No hubo ni una sola ponderación positiva. En la cartera ubicada en la calle Gelly Obes optaron por el silencio frente a las consultas de este diario sobre cómo habían caído las consideraciones de la ONU.

“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, afirmaron los tres expertos que enviaron la comunicación al Estado argentino.

La criminalización

Los relatores le recordaron a Bullrich la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ese pacto, en la Argentina, tiene rango constitucional. Ese documento sostiene, a contramano de lo que dice la ministra de Seguridad, que “las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.

La interrupción del tráfico no constituye violencia –remarcan– y únicamente se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar a los manifestantes si hay una amenaza inminente de violencia grave. “Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, y subrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio”, subrayaron.

Bullrich caracterizó las protestas y los cortes de calle como un delito flagrante, que permite la actuación de las fuerzas de seguridad sin que haya una orden judicial. Sin embargo, la ONU le respondió que podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”. Para los expertos, “considerar toda reunión como violenta o delictiva ex ante es una decisión contraria al estándar internacional”.

A diferencia de lo que se vio el miércoles, cuando las fuerzas federales bloquearon toda la subida al Puente Pueyrredón en Avellaneda, los relatores de Naciones Unidas recordaron cuáles son las tareas que deberían desplegar los uniformados en manifestaciones. “La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, destacaron.

Desde la ONU también le dijeron a Bullrich que no debería usar en el protocolo expresiones como “armas no letales” porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida.

En otro apartado, los relatores evaluaron que la decisión del Ministerio de Seguridad de identificar manifestantes, organizadores, transportes e incluso transportistas podría afectar la garantía procesal de presunción de inocencia. “Se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca motivos razonables para su detención”, fundamentaron.

Los referentes de la ONU también repararon en dos de los ejes que más le interesan a Bullrich: la presencia de niñes y de migrantes. Según el protocolo, si una persona migrante es parte de una protesta, las autoridades pueden dar aviso a Migraciones. Para la ONU, es una medida discriminatoria. “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, recordaron.

Sobre la presencia de niñes y adolescentes en manifestaciones, los expertos de la ONU enfatizaron que el Estado argentino debe permitir que puedan ejercer su derecho a reunirse pacificamente y tiene la obligación de concientizar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Advertencia al Gobierno y el Congreso

La comunicación de la ONU se produjo después de una denuncia que hicieron semanas atrás la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. “Es importantísimo que hayan tomado la denuncia que hicimos y muestren que no estábamos equivocados cuando veíamos que estas propuestas se alejan del marco de los derechos humanos y las libertades democráticas”, evaluó Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“La respuesta es excelente por varias razones –apunta Luis Campos, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma–. En primer lugar, por la velocidad y, en segundo lugar, por la contundencia de las afirmaciones. Está muy claro en el análisis que todas las propuestas están reñidas con los estándares internacionales”.

Para Tufró, la comunicación no solo debe ser leída por Bullrich sino también por los diputados y las diputadas que están actualmente discutiendo la ley Bases, que tiene un capítulo de Seguridad que fue defendido por la propia ministra. “Esperamos que esto sea también un mensaje para los legisladores. En el juego de las negociaciones, ninguno de los que participan se pronunció sobre este tema que es gravísimo. Solo lo hicieron quienes ya anunciaron que rechazan el proyecto”.

Solo Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (FIT-U) hicieron foco en que las propuestas de Bullrich buscan criminalizar la protesta al proponer penas de hasta seis años para quienes sean sindicados como organizadores de protestas. Incluso la ministra debió retirar el artículo que establecía que tres personas constituían una “manifestación” y, por ende, estaban sujetos a la obligación de avisar, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad. Diputados como Leopoldo Moreau habían resaltado durante el debate que era un virtual estado de sitio.

“Siempre dijimos que las medidas que estaban tomando desde el Ministerio de Seguridad son ilegales y que los diputados que voten el capítulo penal en la ley Ómnibus están poniéndole su voto algo absolutamente ilícito. Serán parte del ilícito cuando ya es de público y notorio que lo que están haciendo es ilegal”, afirma la diputada Myriam Bregman (FIT-U).