Lucía Iañez tiene 35 años. Cuando asumió su banca por la sección capital, a los 33, era una de las diputadas provinciales más jóvenes de la Legislatura. Antes, la abogada que se presenta como "platense de pura cepa", pasó por el Minsiterio de Justicia y Derechos Humanos. Allí trabajó en el área de acceso a la justicia y en derecho de la niñez. 

Iañez se muestra preocupada por los efectos de las políticas de ajuste de Javier Milei y explica la importancia de una respuesta articulada entre el gobernador y los intendentes. En diálogo con Buenos Aires/12, tras ocho años de gobierno del PRO en cabeza de Julio Garro, mira la capital y define la situación como "catastrófica".

--¿Cómo impacta la política económica de Javier Milei en la ciudad de La Plata?

--Lamentablemente, ya hay mucha más gente en la calle, deambulando sin trabajo, a quienes se sumaron personas en situación de calle en las últimas semanas, porque entre otras cosas, también destruyó el mercado de alquileres. La respuesta a ese drama, a esta agresión, a todo lo que Milei pretende destruir, tiene que ser articulada, por eso Julio Alak participó recientemente de una reunión de intendentes para analizar y debatir opciones y estrategias. Para nosotros es clave fortalecer la región capital.

--¿Cuáles son los puntos críticos?

--Nosotros rechazamos todo completo, DNU y ley ómnibus, porque va en el sentido opuesto de todo lo que queremos para el país y la región. Pero, específicamente para la zona. La privatización de YPF, por ejemplo, sería una tragedia. Primero, porque tenemos la destilería más importante del país, y segundo, porque vamos a explotar una reserva de petróleo off shore muy importante cerca de Mar del Plata. Además, queda colgado el proyecto del canal Magdalena, que sólo traía desarrollo y beneficios, no tiene contraindicaciones. Pero hay mucho más. Yo tengo 35 años y represento a un electorado joven. A mi generación le preocupa mucho el tema ambiental y esos artículos, que modifican la ley de fuego, de tierras, de bosques y de glaciares, siguen ahí. Esas no son leyes K ni leyes peronistas, son leyes a favor del futuro, de la sustentabilidad, y pretenden modificarlas para favorecer a 3 o 4 empresarios amigos.

--¿Y cómo está la situación actual, más allá de esos proyectos?

--Hoy la situación es extrema y, como él mismo dijo, intenta fundirnos. Incumple compromisos legales, no paga transferencias que nos corresponden a las provincias, como el fondo de incentivo docente o el fondo del conurbano. Yo creo que al no tener intendentes de su misma fuerza, hay desconocimiento o falta de registro de lo que esas arbitrariedades generan. De hecho, hace rato que empezó a dividir a Juntos por el Cambio. Los que gestionan hacen una lectura muy similar a la nuestra. Su plan económico es francamente incomprensible. Lo del “déficit cero” no funciona nunca. De hecho, genera una unidad cada vez mayor de este lado. 

--¿Hay una animosidad especial contra la provincia y contra el gobernador?

--Hay una tarea sistemática de estigmatización de la provincia de Buenos Aires. El gobernador está en la primera línea del frente de batalla, como lo demostró el miércoles pasado en el paro. No es nada sencillo gobernar una provincia de 17 millones de habitantes, con 6 millones de niños escolarizados, más de un tercio de la población total. Aportamos a la Nación el doble de lo que recibimos por coparticipación, sufrimos un atraso muy grande y recibimos el trato más injusto. Siempre que gobierna la derecha, esto se agrava: pasó con Macri, pasó con la decisión de la Corte Suprema y ahora con Milei, peor que nunca.

--¿Tiene solución la coparticipación?

--Quiero creer que sí, aunque la unanimidad necesaria es prácticamente imposible. Si no se modifica la ley, al menos hay que trabajar sobre los porcentajes, las alícuotas. Vuelvo a lo anterior. Sería catastrófico que se apruebe la delegación de facultades legislativas. Sobre todo, porque ya demostró a qué está dispuesto. Después, cuesta mucho revertir el daño que hacen este tipo de proyectos. Toma tiempo. Todavía sufrimos leyes de la dictadura.

--A propósito de herencias, ¿en qué situación se encuentra La Plata?

--Te la defino en números. Tiene el salario municipal más bajo de toda la provincia. Tiene 12.573 empleados, entre planta y contratados, sin contar cooperativistas, casi el doble de La Matanza, teniendo en cuenta que La Matanza tiene hospitales municipales y nosotros no. Tiene fallecidos que cobran, privados de la libertad que cobran y un ausentismo superior al 60 por ciento. Tiene 175 mil millones de pesos de deuda y tiene alrededor de 200 barrios populares según el Renabap. Es la ciudad con más villas y asentamientos de todo el país, cuando en 2007 tenía 16. Ha recibido múltiples advertencias del tribunal de cuentas provincial.

--¿Cuál fue el proyecto de Garro?

--El desarrollo de negocios inmobiliarios, generalmente con empresarios porteños, en contraposición al derecho a la vivienda. Loteó para hacer countries y ni siquiera aplicó la ley de plusvalía urbana, lo cual confirma la vocación de beneficiar a ese único sector. Esos loteos desplazaron al cordón hortícola histórico de los quinteros. Es el único municipio que no firmó con la provincia el convenio para mejorar caminos rurales, que hizo una tarea enorme. La única explicación es que hubo una política sistemática de expulsión de los quinteros. El propio Garro vivía en un country, coherencia total.

--¿Y la región capital?

--No figuraba en su agenda, pero es prioridad para nosotros. Creemos en la articulación ejecutiva, con los intendentes de Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen. Hay una identidad regional a rescatar y poner en valor. La Plata es una capital administrativa pero también universitaria, productiva, científica y cultural. Afortunadamente, esos intendentes lo entienden de una manera muy similar.