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Tras haber asumido el pasado 10 de diciembre, Julio Alak decidió llevar adelante una auditoría interna en la administración de la capital provincial que, a poco más de un mes, arroja resultados que dan cuenta de un crecimiento desmedido de la planta municipal, así como también irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.
Ya en la última parte de su gestión, Julio Garro había sido acusado, desde adentro y desde afuera de su propia fuerza política, por una serie de situaciones que se daban, principalmente alrededor de la nómina de trabajadores dependiente del gobierno platense.
Frente a este contexto, la Municipalidad de La Plata comenzó a utilizar el sistema biométrico que permite controlar el ingreso y egreso del personal a través de la huella dactilar. Durante la primera jornada hubo un ausentismo superior al 60 por ciento.
En el detalle, en Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456, en Villa Elvira 154 sobre 340, en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142; es decir que sobre 1.162 empleados que debían registrar su ingreso, solo lo hicieron 462.
La auditoría
Más allá del dato que se desprende a partir de los procedimientos de control que buscan garantizar la transparencia, la situación había empezado a probarse a partir de la auditoría interna que no sólo identificó personas que cobraban sin presentarse a trabajar, sino que pudo dar cuenta de un salario destinado a una persona fallecida.
Según determinó el informe que se dio a conocer a finales de esta semana, también comprobó que la Municipalidad le pagaba, en concepto de salario, a personas que están detenidas en la actualidad cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Se trata de detenidos por delitos como homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras causas que contemplan condenas extensas.
En total se comprobó que a 13 personas detenidas por delitos graves en cárceles y alcaldías a las que se les seguía pagando la remuneración como si cumplieran servicios.
“La investigación interna determinó numerosas irregularidades administrativas. En la misma se expone que había personas que cobraban sueldo y no trabajaban; como también agentes que cobraban sueldo sin tener legajo de personal, es decir que no habían cumplimentado los requisitos mínimos para su designación y sin embargo eran asalariados”, reza el documento, que también descubre que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.
Los equipos técnicos encargados de la auditoría identificaron también a dos personas que se anoticiaron de tener un contrato municipal cuando fueron a hacer trámites en otros organismos. Actualmente se están investigando esas contrataciones, que datan de septiembre de 2023, es decir, en pleno tramo final de la campaña electoral en la que Garro buscaba la reelección que finalmente se truncó con el triunfo del peronismo y la vuelta de Alak a la intendencia.
Estas situaciones se dieron en el marco de un aumento de las designaciones que, según se detalla “crecieron desmesuradamente en todos los años electorales”, lo que representa una violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y a la normativa provincial que regula el Empleo Público.
Espiral ascendente
Mientras que los discursos que desde el PRO y Juntos por el Cambio se advertía sobre la necesidad de avanzar sobre el recorte del gasto público y el achicamiento del Estado en general, los datos recogidos en el “Plan de relevamiento integral para la reconstrucción de la administración pública municipal”, dan cuenta que la administración capitalina tenía al 10 de diciembre de 2023 un total de 12.573 agentes.
Para contemplar el impacto real del crecimiento en la planta municipal hay que remontarse hacia finales de 2007, en el cierre del último ciclo de Alak al frente de la gestión capitalina. Por entonces, en la ciudad vivían alrededor de 600 mil habitantes y la administración municipal contaba con 3.800 empleados.
De la comparativa se desprende que la planta de trabajadores creció en más de un 300 por ciento en los últimos años cuando la población de la ciudad creció sólo un 20 por ciento, y según el censo 2022, actualmente tiene 772.618 habitantes.
En la actualidad, y en términos comparativos, La Plata tiene más empleados designados que distritos como La Matanza, el más grande de la Provincia, donde residen 1.837.774 personas y se registran 7.426 municipales, de los cuales 3.112 son personal de salud de los hospitales comunales y 4.314 de planta.
Tomando ese dato, la capital tiene un 70 por ciento más de empleados que La Matanza con casi la mitad de la población y sin contar con hospitales municipales; mientras que La Plata cuenta con un empleado municipal cada 61 habitantes y La Matanza tiene un empleado cada 247 habitantes.
La transparencia
A sabiendas de la situación general que empezó a observar incluso antes de volver a asumir como intendente, Alak puso a la transparencia como uno de los pilares de su nueva etapa al frente del municipio.
No sólo que ni bien comenzó el proceso de transición le pidió a Garro que evitara avanzar con decisiones administrativas que comprometiera su futura gestión, sino que en una de las primeras iniciativas que propuso discutir al Concejo Deliberante presentó por primera vez en la historia de la ciudad un proyecto de ordenanza con el que busca garantizar la transparencia, aplicando en el ámbito municipal el “Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales PBA-AFIP”.
El objetivo era obligar a los funcionarios de alto rango a presentar la Declaración Jurada Patrimonial, aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria, remunerada u honoraria y cualquiera sea su modalidad de contratación.
“Desde el primer día comuniqué a los funcionarios y a las delegadas y delegados que vamos a trabajar bajo cuatro principios básicos: la transparencia, el orden, la eficacia y el buen trato”, dijo en su momento el jefe comunal capitalino.
La regla alcanzará al intendente, secretarios y subsecretarios, directores, jueces de falta, concejales y titular del Mercado Central, a todos los entre otros.
“Se trata de una herramienta esencial de transparencia institucional, que permite el acceso a la información por parte de los vecinos, al tiempo que permite garantizar las buenas prácticas de ética pública e integridad”, enfatizó el intendente.
