Este viernes retoma en los Tribunales Federales de Rosario el juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa conocida como el Villazo, por hechos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en la antesala de la última dictadura cívico militar. Durante la primera jornada de audiencias tras la feria judicial, se escuchará la acusación a Antonio Federico Bossie, exjefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, que si bien estaba entre los imputados, intentó no ser juzgado a partir de un dictamen de incapacidad en otra causa; pero un nuevo examen arrojó que tiene capacidad para comprender de qué se lo acusa. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos creen que los testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares se extenderán durante todo el año.

En el debate se juzga a una veintena de imputados y se ventilan 69 hechos de homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, cometidos contra 67 víctimas en el marco de la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial, como respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo".

Si bien las audiencias testimoniales se están desarrollando en la ciudad de Villa Constitución, este viernes la cita será en Oroño 940, donde comenzó el juicio en noviembre pasado, por delitos cometidos hace más de 48 años, en la vecina localidad. "Desde que comenzó el debate se escucharon los testimonios sobre todo de quienes protagonizaron el Villazo y sufrieron luego, en carne propia, la represión de un año después, tras haber tenido el coraje de salir a luchar por sus derechos", resumió la abogada querellante de APDH, Julia Giordano.

Luego de la feria judicial, el tribunal integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci retomará esta semana las audiencias con la lectura de la acusación que hicieron el fiscal Adolfo Villatte y la querella de APDH sobre uno de los imputados. "La primera audiencia será para incorporar al proceso del juicio al acusado Bossie, que era miembro del Ejército, ya que había tenido un primer dictamen de supuesta incapacidad en otro juicio en San Nicolás, que se pretendió hacer valer en este juicio. Desde la parte acusadora solicitamos que se le haga un nuevo examen pericial sobre la capacidad psicológica para estar en el debate, y ese dictamen fue favorable en cuanto a que tenía la capacidad para comprender la acusación", señaló la querellante. "Hoy tenemos la posibilidad de contar con un acusado más, que por la responsabilidad que tenía fue parte de quienes tomaron las decisiones sobre los operativos represivos", detalló. 

En tanto, el 5 de febrero se dará continuidad a las audiencias testimoniales en Villa Constitución. "Entendemos que va a llevar todo este año terminar con las declaraciones. Si llegaremos a tener sentencia o no, este mismo año, no lo sabemos aún", sostuvo.  

Desde APDH siempre describieron que se trató de delitos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución de 1974 y que los hechos cometidos "tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo 'Serpiente roja del Paraná' fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática". 

Se trata de una causa en la que por primera vez se juzga a civiles (Roberto Pellegrini, exjefe de personal de Acindar y Ricardo Torralvo, era personal jerárquico de la empresa) que pertenecían a la empresa Acindar en la región por crímenes del terrorismo de estado, previos al 24 de marzo de 1976, por los sucesos ocurridos en Villa Constitución. En ese sentido, el expediente aborda, además la responsabilidad de un exjefe militar, 21 expolicías federales y un expolicía santafesino. De los 69 casos que se ventilan, 11 son homicidios calificados. Los otros delitos imputados son privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita.

La parte acusadora busca "acreditar que hubo un plan económico, teniendo en cuenta que el presidente del directorio de Acindar, en el momento de la cruenta represión de Villa Constitución, era (José Alfredo) Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado pasó a ser ministro de Economía de la dictadura cívico militar", describió en su momento el abogado de APDH Federico Pagliero. 

Giordano recordó que "llegar a juicio luego de una instrucción de 10 años fue una pelea de familiares, sobrevivientes y víctimas". Y agregó: "Habiendo pasado 20 años desde la reapertura de los juicio podemos decir que es un logro de construcción de la sociedad, como pueblo y con bases sólidas, que se sostengan". Al mismo tiempo, planteó que eso parece contradictorio con tener como vicepresidenta a Victoria Villarruel, que no acuerda con estos juicios. Sin embargo, no existe un reclamo social para que se terminen. Puede ser una contradicción más en el electorado de este gobierno. Sí tendrá implicancia lo que se decida en relación a las políticas de derechos humanos. Pero, no nos olvidemos que en muchos casos quienes venimos sosteniendo estas causas son las propias víctimas, familiares y organismos de derechos humanos como APDH que jamás claudicaron en esta lucha y que hemos construido y reclamado".